Por la abundante documentación, el fiscal General reforzó el equipo de investigación en la denuncia por el Acueducto

Todo el proceso de licitación del Acueducto Gran Tulum implicó vastos informes técnicos y contables. Esa documentación ha sido solicitada y está llegando a la Unidad Fiscal Delitos Especiales, a raíz de la denuncia del abogado Marcelo Arancibia por presuntas irregularidades en la construcción y el pago de la obra. Ante ese escenario, y la complejidad de la causa, el jefe del Ministerio Público, Guillermo Baigorrí, decidió reforzar el equipo de investigación. Así, habrá dos fiscales (Sebastián Gómez y Francisco Pizarro) y cuatro ayudantes fiscales abocados al caso, indicaron fuentes judiciales.

El funcionamiento habitual en Fiscalía refleja que hay un fiscal del caso con dos ayudantes fiscales, salvo causas complejas, que se han dado bajo el sistema penal acusatorio. En el Ministerio Público señalaron que la medida en el caso del Acueducto apunta también a que haya un correcto análisis de la prueba y los elementos recolectados para decidir, en su momento, si hay o no delito y si se encuentran o no responsables penales.

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Arancibia realizó la denuncia el 9 de diciembre “para que se investiguen una serie de hechos (…) vinculados a presuntas maniobra ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan relacionadas con la obra denominada Acueducto Gran Tulum”.

Si bien no mencionó nombres, solicitó que también se investigue “la posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales de la gestión 2019 – 2023. Es decir, durante la última gestión del gobernador justicialista Sergio Uñac.

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En ese contexto, planteó el posible direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, la que “estaría vinculada a un familiar directo (primo)” del hoy senador Uñac. Ese pariente es el empresario Gustavo Monti.

Así, sembró la sospecha de que los caños ofrecidos eran más caros y que tenían menor respaldo técnico, deficiencias estructurales y no cumplían con estándares de calidad. Inclusive, deslizó la posibilidad de la existencia de sobreprecios.

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El contenido de la denuncia de Arancibia se basó en una serie de publicaciones del diario Tiempo de San Juan, del que, luego, tomó otra nota para realizar el 19 de enero una ampliación de denuncia. Los nuevos hechos hacen referencia a documentación que confirmaría que Monti actuó como apoderado de la empresa Krah, “la reubicación del expresidente de OSSE (Sergio Ruiz) como asesor político” de Uñac, la “eventual redeterminación acelerada de precios del 55 por ciento” de la obra y el “eventual pago anticipado del 35 por ciento.

De esa manera, planteó que los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria, en un batería de figuras: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

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La causa se radicó en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales y quedó en manos del fiscal Sebastián Gómez. A fines de diciembre, se produjo el regreso de su colega Pizarro, quien había estado en la UFI Genérica. Las fuentes indicaron que, inmediatamente, fue asignado al caso del Acueducto. Ambos contarán con la colaboración de cuatro ayudantes fiscales en total.

Ese equipo, más el apoyo de personal administrativo, es el que revisará y estudiará la documentación que, esencialmente, proviene de OSSE, quien llevó adelante la licitación, además otros papeles y escritos que estén en otras reparticiones.

Las fuentes explicaron que hay documentos que requieran un análisis preciso, ya que hay planos e informes ligados a especialidades como la ingeniería y lo estrictamente económico – contable.

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El Acueducto Gran Tulum fue una megaobra gestada durante el gobierno de José Luis Gioja y que continuó y avanzó en el de Uñac, la que apunta a garantizar el suministro de agua cuando San Juan llegue al millón de habitantes y por unos 50 años. Su financiamiento provino de un crédito de Kuwait de 100 millones de dólares, más un aporte de gestiones nacionales anteriores por 1.170 millones de pesos.

La obra contempla la construcción de la planta de agua potable al pie de la presa del dique Punta Negra y la instalación de cañerías.

La polémica por el Acueducto había tenido su estallido político en la Cámara de Diputados, cuando el bloque oficialista encaró el pedido de informes al propio Ejecutivo sobre los pagos y la ejecución de la obra. No ha trascendido, ni oficial ni extraoficialmente, que a la Legislatura haya ingresado documentación sobre el tema.