Disputa
Angaco: el Concejo, alineado al intendente, suspendió a un opositor y, ahora, el municipio tiene que devolverle el sueldo
La jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, intimó al intendente de Angaco, José Castro, a pagarle el sueldo que se le había descontado al concejal opositor orreguista Andrés Olivera, quien había sido suspendido por sus cuatro pares oficialistas del Legislativo municipal. La magistrada le impuso un plazo al jefe comunal, el que, de no cumplirlo, se le aplicarán multas diarias al Ejecutivo. El edil aseguró que aún no le han restituido sus haberes, pero señaló que lo han llamado del área de Personal y que este lunes acudirá para averiguar de qué lo notificarán, aunque resaltó que lo que tienen que hacer es devolverle su salario, de acuerdo a la resolución judicial.
De esa manera, la magistrada le hizo lugar a la cautelar que había planteado Olivera, quien, a su vez, había presentado un amparo y un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del Concejo que lo sancionó.
Así, el municipio, que es el encargado de pagar los salarios, deberá reintegrarle 1.500.000 pesos, los que fueron descontados en dos tramos: una primera parte a principios de diciembre y una segunda a fines de ese mes.
Luego de conseguir la cautelar, Olivera evitó hacer un balance sobre la situación hasta que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo, el amparo y el pedido de nulidad de la disposición del Concejo. No obstante, manifestó que la medida sienta un precedente negativo, dado que, “cada vez que haya un opositor que, a viva voz, esté diciendo lo que está haciendo mal un municipio o dentro de un Concejo lo van a sancionar y perjudicar de alguna forma como para callarlo. Me parece que no es la manera”.
Se trata del segundo fallo judicial en contra de la nueva gestión de Castro. La primera había sido dictada por la Sala I de la Cámara Civil, que dispuso la reincorporación temporal de 25 contratados que habían pasado a planta permanente y que el intendente había dado de baja.
Olivera había sido suspendido por el Concejo por cuatro sesiones consecutivas, del 17 de octubre al 17 de noviembre, sin goce de haberes. Según la resolución, acusan al concejal de haber cometido una “falta grave” y que se excedió en sus facultades, dado que en la sesión del 10 de octubre, tomó el registro de asistencias y colocó que sus pares estaban ausentes, cuando se trata de una función de la Secretaría Administrativa.
De acuerdo a la versión oficial, el presidente del Legislativo, Alberto De los Ríos, y sus pares Alejandro Paredes y Gloria Herrero sí estuvieron presentes en el Concejo hasta las 9.30, cuando se retiraron a una actividad oficial del Ministerio de Educación de la provincia, pero que regresaron a eso de las 11. El que no concurrió fue Roberto López, pero había avisado con antelación.
Por eso, sostuvieron en la resolución que la conducta de Olivera era “grave” y “una falta de respeto”. Sin embargo, la postura del concejal es otra, quien, tras la sanción, acudió a la Justicia. A través de sus abogados, presentó un amparo contra la resolución que terminó en su castigo, además de que solicitó la nulidad e inconstitucionalidad de la medida. No fue lo único, ya que planteó una cautelar para suspender los efectos de la decisión del Concejo y que se le devuelvan sus haberes, hasta que se resuelva el amparo. Esto último es a lo que le hizo lugar la jueza Tettamanti.
En su escrito, Olivera sostuvo que, en la reunión de Labor Parlamentaria, se fijó la sesión para el 10 de octubre. Si bien en un grupo de WhatsApp de los ediles estaba la invitación al acto del Ministerio de Educación, destacó que no hubo una comunicación de presidencia sobre el cambio de horario en la sesión.
Así, indicó que estuvo en el Concejo desde las 9.20 hasta 12 y como no se presentaron los restantes ediles ni la secretaria Administrativa, tomó el libro de asistencia y anotó a los ausentes. Además, explicó que es el vicepresidente del Legislativo, por lo que, ante el faltazo del presidente, es la persona que queda a cargo.
Luego, señaló que, en la sesión del 17 de octubre, ingresó para su tratamiento sobre tablas el expediente sobre su suspensión, la que tuvo los cuatro votos oficialistas. En ese marco, remarcó que el tema no se trató en comisiones, que no tuvo oportunidad de defensa alguna, que la resolución del Concejo no cuenta con ninguna base normativa y que es falso que sus pares hayan estado en la sesión previa, que se hayan retirado y que, luego, regresaran.
Al analizar el pedido de la cautelar, Tettamanti marcó que, en esa instancia preliminar, “se observa que la resolución (del Concejo) omite invocar la normativa en la que funda las atribuciones y el procedimiento llevado a cabo para la aplicación de la sanción que impone al concejal Olivera”.
Además, sostuvo que los ediles “gozan de inmunidades en el ejercicio de su función y que, si bien el Concejo Deliberante puede juzgar la responsabilidad política de sus miembros, en todos los casos se debe asegurar el derecho a la defensa”, según lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Así, le hizo lugar a la cautelar, cuyo fallo salió el 6 de diciembre. Sin embargo, Olivera volvió a acudir al Contencioso Administrativo, dado que no le reintegraron su sueldo. De esa forma, la jueza dispuso el 19 de diciembre una intimación al intendente para que en el plazo de tres días haga efectiva la orden judicial, “bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias progresivas por cada día de incumplimiento”. Es decir, una multa económica.
El concejal orreguista aseguró que, hasta el momento, no le han devuelto su salario. Entonces, se deberá determinar si el jefe comunal incumplió la orden judicial, dado que hay que tener en cuenta cuándo quedó notificado después del 19 de diciembre, sumado a que, en el medio, estuvieron los feriados por las fiestas de fin de año.
Si bien la movida de Olivera molestó a sus pares, que llevó a que se abroquelaran y lo sancionaran, también está claro que el intendente cuenta, por ahora, cuenta con una mayoría consolidada de cuatro miembros. Castro metió dos ediles: Alberto De los Ríos y Gloria Herrera.
Bajo el paraguas del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el cual es igual a Lemas, jugaron con Castro en el mismo frente electoral que lideró el PJ el bloquista Carlos Maza y la peronista Gabriela Calderón. El primero ubicó a Alejandro Paredes, mientras que la segunda puso a Roberto López. Todos ellos están actuando en conjunto con el oficialismo.
Por su parte, Olivera entró en la lista del gobernador Marcelo Orrego, quien llevó como candidato a intendente a Jorge Marquez.
La causa tuvo sus idas y vueltas, ya que el reclamo del concejal suspendido había recaído en Juzgado Civil N°11, el cual estuvo subrogando la jueza Amanda Días. La magistrada le rechazó el 7 de noviembre el planteo “in límine”, es decir, sin siquiera analizar lo medular de la presentación.
Sin embargo, Olivera apeló y los jueces Juan Carlos Noguera, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez, de la I de la Cámara Civil, anularon el 29 de noviembre la sentencia de primera instancia y dispusieron que la causa se sortee en el resto de los tribunales. Así, recayó en el Contencioso Administrativo.