Investigación
Un constructor carga con tres condenas y, con su socia, enfrentan unas 50 causas civiles y penales por negocios inmobiliarios
En agosto de 2024, Rubén Martín González, uno de los socios de Anhelo Desarrollos, fue condenado por la Justicia a entregar un inmueble en construcción y un departamento, o el valor equivalente de ambos, lo que fue tasado en cerca de 97 millones de pesos. No fue lo único, ya que tiene que pagar casi 4 millones por daño patrimonial, moral y punitivo por no cumplir el contrato en el que se comprometió a edificar y vender una vivienda. Además, tiene otras dos sentencias en contra, más tres juicios civiles, mientras que su pareja, accionista en la constructora, María Denise Robles, acumula unas 18 demandas, sumado a que hay otra causa contra ambos, indicaron fuentes judiciales. Todas vinculadas a incumplimientos en la entrega de inmuebles.
El reclamo en sede Civil se ha trasladado, por los mismos u otros damnificados, al ámbito Penal, en donde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos y Estafas ya acumula 25 denuncias contra Martín González y Robles, indicaron las fuentes. En este caso, lo que se investiga es si desplegaron una maniobra que se basó en el engaño para estafar clientes y quedarse con el dinero. En este fuero, el objetivo que se persigue es un castigo con años de prisión, en el que, por la mecánica del delito, lo que luego se discute es si es en suspenso o de manera efectiva.
La maniobra que involucra a los dos empresarios fue estallando en el transcurso del año a través de reclamos de damnificados en redes sociales y que llegó a los medios de comunicación, además de que se plasmaron las denuncias penales. Pero, antes, se habían disparado las demandas civiles.
De acuerdo a las fuentes, son unos 25 expedientes que se radicaron en los distintos juzgados civiles. Una de esas causas ha salido a la luz y fue la que dictó la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, quien condenó a Martín González, cuya sentencia está firme, dado que no hubo apelación. De esa forma, el demandante, a través de su abogado Federico López Malberti, se encuentra en lo que se llama la etapa de ejecución de sentencia, en la que tiene embargado un inmueble del implicado, dijeron las fuentes
Según el expediente, el demandante, cuyo nombre no trascendió, firmó un contrato con Martín González para comprarle un departamento monoambiente, de 35 metros cuadrados, del complejo habitacional que estaba levantando sobre calle Arauco, en Rivadavia. Fue el 17 de junio de 2020 y el valor de la vivienda era de 1.800.000 pesos, a lo que el cliente le transfirió un Mini Cooper y el pago de 300 mil pesos cuando le entregaran el inmueble. El plazo era de cuatro meses.
El tiempo pasó y la operación no se cerró, por lo que firmaron un nuevo contrato el 3 de noviembre de ese año. Así, Martín González se comprometió a entregar dos departamentos “en pozo”, es decir, en construcción, del complejo habitacional sobre calle Arauco. Por su parte, el cliente entregó el departamento anterior, más 700 mil pesos.
El nuevo período de entrega fue de seis meses y se estableció el pago de una multa de 100 dólares por cada mes de retraso. Sin embargo, la obra no se finalizó, por lo que el damnificado hizo el reclamo en mayo de 2023 a través de una carta notarial, en la que, además, solicitó que se le entregara el certificado final de obra ante la Dirección de Planeamiento. Como no hubo respuesta, acudió a la Justicia y entabló una demanda que recayó en el Contencioso Administrativo.
En el juicio, Martín González no contestó demanda ni se presentó. De esa manera, luego de la prueba ofrecida, la jueza Tettamanti le hizo lugar al planteo del damnificado y dispuso que el socio de Anhelo Desarrollos entregue un departamento y un inmueble en construcción. Si no cumple con ese punto, que abone 96.750.000 pesos, más intereses hasta su efectivo pago.
También lo condenó a cancelar la multa prevista en el contrato de 100 dólares por cada mes de retraso, desde el 3 de mayo de 2021 hasta la fecha de entrega de los inmuebles o del monto equivalente. A ello se le sumó el hecho de pagar daño patrimonial por 857.960 pesos, daño moral por 500.000 pesos y daño punitivo por 2.500.000 pesos.
El demandante acreditó que el inmueble de la calle Arauco está a nombre de Martín González, por lo que logró su embargo, lo que es una forma de asegurarse la ejecución de la sentencia, indicaron las fuentes.
Además, el empresario y abogado carga con otras dos condenas, del Primer y el Tercer Juzgado Civil, a cargo de los jueces Héctor Rollán y Luis Arancibia respectivamente. Ambos casos fueron tramitados por el abogado José Becerra, quien prefirió preservar las identidades de sus clientes, y son casi idénticos: la compra de departamentos en Rivadavia, la demora y la falta de entrega de los inmuebles.
En una de las causas, Martín González no contestó demanda ni participó del juicio, por lo que el fallo de primera instancia quedó firme. En el otro, apeló, pero la Cámara Civil confirmó la resolución y no hubo más que discutir. En los dos casos, el empresario fue condenado a entregar los inmuebles y a pagar un ítem que fue denominado en el contrato como “alquileres”, pero que, en realidad, era una multa por la demora a la hora de cumplir el contrato.
Becerra explicó que, en el pleito judicial, sus clientes pudieron cobrar la sanción por incumplimiento de la entrega del inmueble. Entonces, el camino que queda era que los demandantes recibieran los departamentos. Como eso no pasará, el profesional rescindió los contratos, a la espera de cobrar el dinero. Como reaseguro, tiene embargado al menos una propiedad, la que puede ser rematada para recuperar la plata.
Son tan sólo tres causas que se tramitaron en el fuero Civil y que ha trascendido que han tenido resolución, dado que las fuentes indicaron que hay unas 22 más: otras tres en las que el demandado es Martín González, 18 en las que en la mira está su pareja Robles y una en la que ambos se encuentran bajo la lupa.
También salió a la luz que la investigación penal lleva su tiempo, dado que, en octubre del año pasado, se pidieron copias de los expedientes civiles. La causa la comenzó el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui, y la sigue su colega Guillermo Heredia. De acuerdo a las fuentes, hasta el viernes ya se habían acumulado 25 denuncias y todo el expediente contiene siete cuerpos.
Según las fuentes y de acuerdo a lo que se desprende de las denuncias, Robles comenzaba con las negociaciones y, cuando se definían ciertos aspectos, como el tamaño y el precio del inmueble, entraba Martín González para la firma de los contratos.
En los casos analizados, la mecánica de los sospechosos consistía en contactar a propietarios de inmuebles, como fincas, y acordar su compra para desarrollar un emprendimiento inmobiliario y, a cambio, se abonaba con la entrega futura de tres o cuatro casas o departamentos, explicaron.
De esa forma, comenzaban a vender los lotes con planos que, presuntamente, no contaban con la factibilidad técnica de Planeamiento. Entonces, la sospecha es que, a medida que los compradores avanzaban en el pago de los terrenos, los implicados señalaban que los expedientes en, por ejemplo, OSSE y Planeamiento estaban trabados. El tema era que ni los dueños originales de los inmuebles recibían sus casas y los que había adquirido los lotes tampoco podían construir sus viviendas.
Inclusive, como la entrega de los terrenos venía demorada y las personas empezaban con los reclamos, se les ofrecían dos lotes a través de un nuevo contrato. Una modalidad que se vio en la sentencia de la causa del Contencioso Administrativo.
Además de los casos de Rivadavia, también hay terrenos en Santa Lucía. En total, son siete emprendimientos, dijeron las fuentes. Ahora, en la causa penal, los fiscales tienen que demostrar que hubo una intencionalidad previa a la firma de los contratos de engañar y perjudicar a los interesados para que se configure el delito de estafa. A su vez, una vía alternativa es la civil, que es la que tomaron varios para tratar de recuperar el dinero.