Edificio histórico
Un ministro admitió la posibilidad de que la Corte pueda hablar con el Ejecutivo para usar un fideicomiso y terminar el 9 de Julio
La Corte de Justicia adjudicó la primera etapa de la refuncionalización del edificio 9 de Julio a una constructora para que, en un año, avance con el 75 por ciento de la obra. Se trata de una inversión prevista en casi 7.570 millones de pesos que aporta el Poder Judicial para reacondicionar el subsuelo, planta baja, primer y segundo piso. En cuanto a la segunda parte, que incluye las refacciones en el tercer y cuarto piso, aún no hay definiciones, pero, con seguridad, implicará otro desembolso importante. En ese marco, el ministro Daniel Olivares Yapur reconoció que es “una posibilidad” dialogar con el Gobierno para modificar una ley y utilizar los recursos del fideicomiso que estaban destinados originalmente para la Ciudad Judicial, un proyecto que quedó paralizado por la crisis económica nacional.
Olivares Yapur habló en el programa “Demasiada información”, de Radio Light, y fue cauto, ya que explicó que el máximo tribunal, en su conjunto, “no ha tomado ninguna decisión, por el momento”, en cuanto al tema del fideicomiso y, por lo tanto, “no puedo aventurar ninguna apreciación al respecto”. No obstante, indicó que, “probablemente, la Corte aborde ese tema”. Así, se verá si se hace en la actual gestión de la presidenta Adriana García Nieto o el año que viene, cuando asuma la conducción el propio Olivares Yapur.
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En 2009, a través de una ley, se facultó al Ejecutivo a conformar un fideicomiso con el Poder Judicial, lo que se reeditó con otra normativa el 18 de diciembre de 2014. En el tramo final de la gestión giojista, en octubre de 2015, el Gobierno puso 30 millones de pesos y, la Justicia, 80 millones, de acuerdo a lo que se informó en ese entonces.
El fideicomiso es administrado por el Banco San Juan y, de acuerdo a la información a diciembre de 2023, el monto alcanzaba los 2.257 millones de pesos. Sucede que el dinero es invertido en títulos, bonos o plazos fijos, de acuerdo a la operación financiera más conveniente o diversificada que recomiende la entidad financiera, explicaron fuentes calificadas.
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En un principio, la Ciudad Judicial se planificó a través de la conexión entre el edificio 9 de Julio (que contenía dependencias de Gobierno y que fueron trasladadas al Centro Cívico) y el 25 de Mayo, en el que funciona el Palacio de Tribunales. Sin embargo, un estudio reveló que la estructura del primer inmueble se encontraba dañada y que los pisos, por ejemplo, no soportarían la acumulación de expedientes.
Así, durante la administración uñaquista, el proyecto de la Ciudad Judicial se trasladó al predio de la exbodega Cavic. No obstante, la idea también se abortó debido a que el costo de la demolición de ciertas estructuras y el traslado de un barrio colindante lo tornaba inviable.
Paralelamente, el gobierno de entonces comenzó con la consolidación de la estructura del edificio 9 de Julio, pero para trasladar dependencias gubernamentales.
Mientras tanto, la iniciativa de la Ciudad Judicial pasó a un terreno por calle Scalabrini Ortiz, frente a un conocido hipermercado, en Capital, al punto que el Poder Judicial compró el lugar y está bajo su titularidad. Sin embargo, debido a la crisis económica nacional en el tramo final del gobierno peronista – kirchnerista de Alberto Fernández, la idea quedó paralizada.
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Teniendo en cuenta el actual contexto, en el que la administración libertaria del presidente Javier Milei no destina recursos para obra pública y la gestión provincial del gobernador Marcelo Orrego es cuidadosa con el uso de los recursos, difícilmente se avance en ese inmueble con la Ciudad Judicial. Hasta tanto, la plata del fideicomiso seguirá inmovilizada y sin usar.
Ante la consulta, Olivares Yapur indicó que la ley “establece el destino de ese dinero para la obra de la Ciudad Judicial, que no es, precisamente, el edificio 9 de Julio, el cual tiene un abordaje de readecuación y está totalmente fuera del alcance del fideicomiso”.
Para usar esos recursos, el ministro manifestó que “deberíamos conversar con el Poder Ejecutivo y ver la posibilidad de que se habilite, a través de otra ley, la chance de destinar ese dinero del fideicomiso en otra obra”. De esa manera, surgiría una fuente de recursos para financiar (todo o parte) de la segunda etapa de la refuncionalización del 9 de Julio. De todas formas, el cortista remarcó que es algo que deberán definir en el máximo tribunal en pleno.
Mientras tanto, la empresa Julio Nacusi Construcciones SRL se hará cargo de la refuncionalización de la primera etapa. La compañía ganó la licitación con un presupuesto de 7.569.381.114,81 pesos. Olivares Yapur indicó que el plazo de ejecución de obra es de 365 días, los que “empezarán a correr a partir de la firma de la presidenta de la Corte, en unos días más”.
Así, remarcó que el edificio, en su interior, “no tiene pisos, dado que fueron removidos, no cuenta con sanitarios, instalación cloacal, eléctrica, sistemas de refrigeración y calefacción, ni ascensores ni instalación de datos. La realización de todo eso es lo que comprende esta licitación”. Es decir, tareas que involucran 9.900 metros cuadrados de los 13.288 totales del edificio, un 75 por ciento.
Tal cual se venía manejando, una vez que finalice la primera etapa, se mudarán al 9 de Julio todos los juzgados Civiles, que hoy están en el Anexo Jujuy, los tribunales Laborales y de Familia, que se encuentran en el Anexo Mitre. La Corte alquila los dos edificios en los que se encuentran dichos organismos, por los que paga unos 750 millones de pesos anuales, informó Olivares Yapur.
Además, se alojará la Escuela Judicial y la Oficina de la Mujer. Para ello, se contempla la instalación de 459 puestos de trabajo, 14 Salas de Audiencias (equipadas técnicamente con sistemas de audio y video para procesos orales) y 10 Salas para entrevistas para los Gabinetes Técnicos del fuero de Familia.
En la segunda fase, se reacondicionarán el tercero y cuarto piso, en los que estarán las áreas administrativas y la Corte de Justicia