Diez empresas buscan remodelar el edificio 9 de Julio en San Juan

El Poder Judicial de San Juan avanza en la modernización de su infraestructura con la remodelación del emblemático Edificio 9 de Julio. Este martes se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública Anticipada N.º 2/2025, en la que participaron diez empresas interesadas en ejecutar la obra, cuyo presupuesto oficial asciende a $7.986.000.000 y tendrá un plazo de ejecución de 365 días.

El acto fue encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, junto a la ministra Adriana García Nieto. Durante el evento, Lima destacó la necesidad de expansión del Poder Judicial y la importancia de optimizar el uso de los recursos:

"Esta obra responde a la transformación de los procedimientos judiciales, lo que ha requerido un aumento de los recursos humanos y, por ende, una infraestructura adecuada. Con la utilización de este nuevo edificio, podremos prescindir de algunos inmuebles alquilados y concentrar áreas clave en un solo lugar", afirmó el presidente de la Corte.

La primera etapa del proyecto abarcará aproximadamente el 75 % del edificio, incluyendo el subsuelo, planta baja, primer y segundo piso. Allí se acondicionarán los espacios para albergar los fueros Civil, Laboral y de Familia, además de la Escuela Judicial y la Oficina de la Mujer.

El plan contempla la creación de 14 salas de audiencias y 10 espacios destinados a entrevistas, equipados con tecnología de audio y video para garantizar la grabación de los procedimientos. Además, se incorporarán mejoras en la infraestructura con sistemas de eficiencia energética y sustentabilidad, como la instalación de equipos de aire acondicionado VRF, aprovechamiento de aguas grises, sistemas de prevención de incendios e integración de un sistema inteligente de control del edificio (BMS).  Además, de la preparación para un ascensor camillero de uso restringido. También se implementará un sistema inteligente de gestión de energía y recursos para reducir el impacto ambiental y los costos operativos.

El Poder Judicial tiene un plazo máximo de tres meses para evaluar las ofertas y definir qué empresa llevará adelante la obra.