Con las primeras tres demandas, el Estado pretende recuperar $57 millones gastados en los operativos antibomba

Tal como adelantó 0264Noticias, Fiscalía de Estado, a cargo de Sebastián Dávila, formalizó las tres primeras demandas civiles por los operativos antibomba que se desplegaron en la provincia. Según confirmó el funcionario, los montos involucrados en cada acción judicial ascienden a los 18 millones de pesos, 19 millones de pesos y 20 millones de pesos, por lo que el total alcanza los 57 millones de pesos que la provincia intentará recuperar de las personas que realizaron los llamados con falsas amenazas. El dato no es menor, porque supera ampliamente los 4 millones de pesos promedio como mínimo que el organismo que defiende los intereses de la provincia había estimado originalmente. Sobre los casos, uno corresponde al recital de Lali Espósito, mientras que los otros dos fueron por llamadas que alertaron falsamente la presencia de aparatos explosivos en escuelas, las que fueron realizadas por menores, por lo que no trascendió el nombre de los establecimientos. Según confirmó Dávila las demandas se inician con una instancia de mediación, la cual puede ocurrir entre los próximos 15 a 20 días.

Los montos confirmados de cada una de las tres demandas iniciadas no son datos menores, ya que la gestión orreguista busca que la población conozca los elevados valores que representa movilizar a personal especializado, desalojar edificios y sumar presencia policial para los operativos. Así, el Fiscal de Estado de la provincia confirmó que, para el caso del recital de Lali, en el que Carlos Salem, de 74 años, fue detenido y luego condenado a 3 años de prisión en suspenso, el monto total demandado asciende a los 18 millones de pesos. Mientras que en los otros dos operativos escolares las cifras fueron más elevadas, de 19 y 20 millones de pesos. En el caso de la participación de menores, Fiscalía demanda a los padres o tutores.

Hasta este viernes en la provincia se realizaron, al menos, 25 llamadas de alerta falsas de bomba en distintos establecimientos, lo que implica que, luego de que Fiscalía de Estado indicara que iba presentar esta semana las demandas civiles para recuperar los desembolsos de los operativos, los llamados no se frenaron, ya que en siete días se sumaron 9 casos. Así, en una entrevista en Radio Light y al ser consultado sobre los nuevos episodios, Dávila opinó que una acción posible a implementar es la no difusión de los casos ya que, entiende, que se produce un efecto contagio. El funcionario dijo que “una medida como esta le corresponde a la Secretaría de Seguridad y otras áreas con quienes trabajamos en conjunto, codo a codo, para tratar de solucionar esto. Nosotros creemos que la difusión está resultando un poco perjudicial, como que alienta a que se repita. Habría que probar con otras alternativas”.

Los montos demandados por el Estado contra los particulares resultaron de un complejo análisis realizado por Fiscalía de Estado y por distintas reparticiones del Ejecutivo. Así, para el caso del recital de Lali se llegó a una cifra de 18 millones de pesos y resultó el menor valor de las tres demandas iniciales. Es que, para los otros dos casos, se tuvo en cuenta, además del procedimiento de desalojo, el servicio educativo que el Estado dejó de brindar en el lapso que duró el control para verificar que la amenaza era falsa. Ese punto es clave y será relevante, por ejemplo, para los casos de amenazas en el Centro Cívico, el mayor núcleo administrativo de la provincia. Si bien Dávila no lo indicó, existe la posibilidad de que dichas demandas superen los 20 millones de pesos.

Sobre los ítems que se tuvieron en cuenta para presentar las demandas, el funcionario orreguista indicó que “hemos tenido en cuenta el costo operativo, los daños indirectos (cuantificación por el servicio que el Estado dejó de prestar, como en el caso de las escuelas, que no aplica para el show de Lali, y el equivalente a lo que se conoce como daño moral colectivo, esto es, por el estado de alarma e incertidumbre que generó cada hecho en el ámbito social”. Así, se llegó a la cifra de 18 millones, 19 millones y 20 millones de pesos, respectivamente, lo que hace un total de 57 millones de pesos que el Estado gastó por amenazas falsas.

Otro dato no menor que confirmó Dávila, es que es que, estima que las mediaciones previas obligatorias que establece el Código Procesal Civil, se podrán fijar “dentro de unos 15 a 20 días”. En dichas audiencias las partes pueden llegar a un acuerdo sobre los valores finales y también sobre mecanismos de pago. Si ese acuerdo no ocurre, el juicio Civil se inicia formalmente.

Por otro lado, Fiscalía de Estado seguirá presentando demandas la próxima semana, además de intervenir como parte querellante en los procesos penales que inicie el Ministerio Público Fiscal.