El reemplazo de Quattropani
Negociaciones, múltiples versiones y danza de nombres en la definición de la terna para el cargo clave de fiscal General
La definición de la terna del trascendental cargo de fiscal General de la Corte de Justicia viene atravesada de múltiples versiones, fruto de la dividida composición del Consejo de la Magistratura. Una de ellas indica, reconocida hasta por fuentes oficialistas, que “no están los votos” para el candidato que impulsa el Gobierno, el camarista Laboral Guillermo Baigorrí, y que “no hay nada cerrado”, cuando está previsto que los consejeros se reúnan este martes. Eso ha desencadenado negociaciones, las que apuntarían a los dos miembros de la abogacía.
Eso, a su vez, generó “presiones” para “recordarles” que ingresaron al organismo de la mano de un grupo que contó con el respaldo de la Agrupación de Abogados Justicialistas. Todo ello, entre otras cosas, ha llevado a que se especule con la elaboración de un listado de tres postulantes que pueda conformar a distintos sectores interesados.
Si eso se da, estaría Baigorrí, juez hace casi 13 años, expresidente de Producción y Trabajo, ex diputado nacional y ex senador electo en 2011, quien renunció para que terminara asumiendo Roberto Basualdo.
Y ahí se instala la danza de nombres. Uno de ellos es el de Rolando Lozano, secretario Relator del Ministerio Público y supervisor de tres Unidades Fiscales de Investigación (UFI). Internamente, sería como el representante de Fiscalía. Incluso, hay fuentes que aseguran que tiene el visto bueno de miembros de la Corte.
Si bien no ha sido funcionario ni es militante, hay voces que señalan que su nombre cerraría en el peronismo. Como contrapartida, otras recuerdan que no tuvo el respaldo en su momento del PJ, que dominaba la Legislatura, cuando estuvo ternado en dos ocasiones para camarista penal: en noviembre de 2015 designaron a Maximiliano Blejman y en julio de 2016 a Graciela Del Pie (hoy jubilada).
Otro que suena es Fernando Rahmé, secretario Relator del Ministerio Público, supervisor de tres Unidades Fiscales y sobrino de Eduardo “Jimmy” Quattropani, el histórico fiscal General, que asumió en 1993 y falleció el pasado 21 de julio. Así, quedó el cargo vacante para la renovación.
Después, circula el nombre de una mujer: Celia Maldonado, actual jueza de Garantías, designada en diciembre de 2020, quien estuvo ternada para el cargo de cortista, que lo ganó Adriana García Nieto en mayo de 2018. De acuerdo a las fuentes, cuadraría en el espacio de los consejeros abogados, Valeria Torres y Raúl Acosta.
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Son las especulaciones que corren en el ambiente político y en los pasillos de Tribunales, dado que la versión primaria, con la que se inició esta nota, es que dichos profesionales no darían su voto a favor de Baigorrí. Hay fuentes que aseguran que Acosta estaría “impermeable” ante cualquier planteo, mientras que a Torres le endilgan un fuerte vínculo con el peronismo.
Ambos entraron al Consejo tras imponerse en la elección de 2022 del Foro de Abogados, a través de la lista Unidos por el Foro, la que respaldó la Agrupación de Abogados Justicialistas. Se señala que Torres estuvo en la línea del exministro de Gobierno uñaquista y exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, mientras que a Acosta se lo liga con Carlos Lorenzo, ex asesor Letrado de la pasada gestión. Los dos exponentes peronistas con incidencia en el ámbito judicial de entonces. Hoy, el exjefe comunal se fue del PJ, se peleó con Uñac y se candidateó como diputado nacional bajo el schiarettismo de Provincias Unidas. Por su parte, el exfuncionario fue designado juez de Paz de Capital en septiembre del año pasado.
Con ambos referentes fuera del ámbito de influencia, los abogados Torres y Acosta jugaron como si fuesen “líberos” en algunas de las ternas, con cierta autonomía, aunque no total, aclararon las fuentes. Por eso, desde el sector que los catapultó al Consejo, trascendió que hubo una fuerte bajada de línea para no acompañar la postulación de Baigorrí porque su figura no terminaría de cuajar.
Son dos votos (o uno de ellos) clave para sellar la presencia de un aspirante en la terna. El oficialismo tiene a su representante, la ministra de Gobierno, Laura Palma, candidata a diputada nacional en segundo lugar. A su vez, por la Legislatura va Fernanda Paredes, diputada peronista del palo uñaquista. En ambos casos, sus votos están claros.
El último miembro, para nada menor, es el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria. Litigante de muchos años, vinculado al PJ durante esa época, quien fue designado juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil en 2012 y, en 2019, durante la gestión uñaquista, desembarcó en el máximo tribunal.
No aparece como viable que el cortista no acompañe el aspirante del Gobierno. ¿Por qué? Porque una decisión de tal magnitud puede repercutir en el vínculo que el oficialismo tiene con el máximo tribunal. Si bien, por Constitución, al Poder Judicial le corresponde, como mínimo, el 6 por ciento del presupuesto provincial, es el Ejecutivo el que confecciona la ley de gastos y recursos y el que distribuye las partidas, además de que, a través de sus diputados, avala la creación de cargos y realiza aportes extra para su funcionamiento, por mencionar algunos ejemplos.
0264 Noticias había dado a conocer que la definición de la terna se iba a dar el pasado lunes, pero, el domingo a la noche, la reunión se suspendió. La decisión alimentó la idea de que los votos no están y que se ganó tiempo para tratar de reunirlos, sumado a que, mientras más se corran los plazos, con mayor facilidad se puede llevar adelante la sesión en la Cámara de Diputados después de las legislativas del 26 de octubre.
¿Con qué objetivo? Si el orreguismo triunfa en las elecciones, contará con más peso político para sumar voluntades dentro del PJ, observaban las fuentes, y lograr un respaldo mayor en el nombramiento del cargo.
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De paso, en el mundillo político, tanto en dirigentes oficialistas como de la oposición, se analizaba el hecho de la velocidad con la que se disparó el concurso: desde la comunicación de la vacante de la Corte al Consejo y el avance del proceso en este último organismo. Están los que consideran que, si el nombramiento va a ser después de las elecciones, ¿por qué se conocerá la terna antes de esa fecha clave? La composición del listado permite vislumbrar cómo será la designación. Entonces, ¿por qué no confeccionarlo, también, después de las legislativas?
El argumento lógico e institucional es que, producida la vacante, la Corte y el Consejo cumplieron los pasos formales para su cobertura y que sea la política, a través de la Legislatura, la que decida si estira o no los plazos, se escuchaba en los pasillos de Tribunales. Ahora, en ambos organismos hay componentes políticos. ¿Hubo contactos de algunos de los sectores, oficialismo o peronismo, para acelerar el concurso?
Después, hay análisis de operadores políticos que remarcan que, el Ejecutivo, si apunta a un postulante, debe cerrar el acuerdo en la instancia en el Consejo, en la conformación de la terna. No en la Legislatura, sobre todo, en una que está tan fraccionada, en la que se necesitan aliados para obtener un buen volumen. Socios que, en algún momento, pueden exigir o reclamar su aporte.
Entonces, ¿cómo es eso? Que en el listado de tres candidatos finales esté el del oficialismo y algún otro que sea cercano o que el resto sea “de relleno”, por más excelentes profesionales que fuesen. Política pura. Eso, hoy no está, al punto de que circula, como se señaló, la posibilidad de una terna “equilibrada”.
Por otro lado, el exgobernador y senador Uñac ¿está jugando? Hay fuentes que aseguran que sí, a través del contacto con la diputada Paredes, mientras que otras minimizan el rol que pudiese llegar a tener.
Entre todas las versiones, están las que señalan que hay que poner la mirada sobre otro de los inscriptos, Gustavo Daniel López, gerente de Asuntos Legales del Banco San Juan. Las fuentes no recordaban que se haya inscripto en otros cargos, un dato que llamó la atención. Al igual que tendría un estrecho vínculo con el Gobernador, dado que se conocen de haber compartido equipo de fútbol en la liga de profesionales. Un ámbito de fluidos contactos entre la política y los abogados.