El presidente del Consejo de la Magistratura, en contra de la modificación de la ley del organismo

 El orreguismo viene trabajando en un proyecto de ley para que en los concursos que realiza el Consejo de la Magistratura haya un examen escrito con puntaje para los aspirantes a jueces, fiscales o defensores oficiales, entre otros puntos. El presidente del organismo, el cortista Juan José Victoria, se manifestó en contra, ya que señaló que “es el Consejo el que debe reglamentar su funcionamiento. No es la Cámara de Diputados”.

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No es lo único, ya que la iniciativa oficial contempla que los consejeros cuenten con el asesoramiento de docentes universitarios para que colaboren en la elaboración de examen y la posterior corrección, siempre con la decisión final en manos de los integrantes del organismo. Victoria resaltó que la propuesta está reñida con la carta magna provincial porque “está incorporando sujetos que no están previstos en la Constitución”.

La referencia obedece a que el texto constitucional indica que el Consejo estará conformado por dos abogados, un diputado, un ministro del Ejecutivo y un cortista.

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En ese contexto, remarcó que “estoy absolutamente a favor de que se modernice el Consejo de la Magistratura, para lo cual, hay que modificar la Constitución de 1986”.

El ministro del máximo tribunal había dado las definiciones en el programa “Demasiada información”, de Radio Light. Su palabra no es menor, ya que hace cinco años que está al frente del Consejo de la Magistratura, el órgano que entrevista a los postulantes interesados en cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores, y, luego, arma una terna que envía a la Legislatura para la designación final.

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Además, como ministro de la Corte, su opinión implica una advertencia sobre la constitucionalidad o no de la normativa, algo que, por ejemplo, algún postulante podría plantear a futuro.

El proyecto de ley sobre la reforma del Consejo ha sido trabajado por el interbloque oficialista Cambia San Juan, con el diputado Juan de la Cruz Córdoba a la cabeza, presidente de la bancada Producción y Trabajo. En esa tarea, Victoria manifestó que no le han consultado una opinión.

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La propuesta obedece a las críticas que se ciernen sobre el procedimiento, el que carece de parámetros que impiden conocer, al público en general, si llegan las personas más capaces o con mayores conocimientos.

Tal cual ha venido contando este medio, la iniciativa contempla no solo la puntuación del examen escrito, sino, también, de los antecedentes profesionales y académicos de los inscriptos y de la entrevista personal que llevan a cabo los consejeros. Eso había detallado Córdoba, quien había agregado en el programa “A todo o nada”, de la misma emisora, que se plantea el orden de mérito y el voto fundado de los integrantes del organismo.

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En cuanto al examen escrito, había hecho hincapié en que la idea es que “los miembros del Consejo son quienes deben estar al frente de todo, pero que sean acompañados y asesorados por un cuerpo de docentes que ayuden a elaborar el examen y, después, en lo que sería la corrección”.

La aclaración fue para resaltar que se respetará el rol preponderante de los miembros que establece la Constitución. De hecho, había manifestado que han estudiado antecedentes en otras provincias en las que “no ha sido declarado inconstitucional el tema de la colaboración de un consejo asesor”.

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Sucede que, en 2003, se sancionó una norma que regulaba el funcionamiento del Consejo al conformar una serie de salas por fueros, integradas, además de los miembros constitucionales, por representantes de los jueces, de los fiscales, de la Universidad Nacional de San Juan y de la Católica de Cuyo.

En el gobierno del justicialista José Luis Gioja se impulsó otra norma para suspenderla, bajo el argumento de que era inconstitucional, debía a que incorporaba actores judiciales no contemplados en la carta magna.

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Ese fundamento sostuvo el cortista Victoria cuando se le mencionó el proyecto oficial en cuanto a la colaboración y asesoramiento de un cuerpo docente para la confección y calificación del examen escrito. Además, el ministro resaltó que “no soy más ni menos que nadie y respeto la opinión de todo el mundo, pero sí me siento absolutamente capaz para decidir si tal o cual debe formar parte de una terna para ir a la Cámara de Diputados. Para eso estoy. Si tuviera que tener asesores, me voy”.

En esa línea, agregó que todos los consejeros son abogados: la ministra de Gobierno del orreguismo, Laura Palma; la diputada peronista Fernanda Paredes y los letrados Pablo Vila y Daniela Sánchez.

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Incluso, explicó que, “imagínense si vamos a nombrar a un asesor de menores. Tendríamos que buscar dos o tres abogados especialistas para conformar un cuerpo docente porque de nada sirve poner abogados comercialistas. Imaginen lo que demoraría la designación” y el hecho de “ir cambiando de claustro docente por cada cargo que se va a concursar”.

Además, reiteró que “el Consejo de la Magistratura es un es una institución de la Constitución, distinta a la de la Cámara de Diputados y con total autonomía. Entonces, que se dicte una ley para decirle qué tiene que hacer el Consejo de la Magistratura… imagínense en qué terminaría”.

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Bajo esas premisas, se le consultó al cortista por qué el organismo no ha dictado un reglamento con mayores exigencias y, por ejemplo, la exposición pública de las entrevistas. “Uno puede insistir, motivarlo. Estamos con el concurso del fiscal General y ya están abiertas las inscripciones para el cargo de juez de Cámara que dejó la doctora María Josefina Nacif. Entonces, como que nunca podés sacar la cabeza de la ola. Es difícil juntarse una mañana o media mañana para las entrevistas o la decisión de la terna, imagínense para trabajar un reglamento”.

El Consejo es un órgano plural, que cuenta con representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, más los de la abogacía. Entonces, si el tema se reduce una elaboración propia del reglamento, se tiene que dar una decisión política institucional de todas las partes, incluso, de los integrantes que provienen de la política partidaria. Si es que una normativa, como la que se está elaborando, está en riesgo de ser constitucional.