Examen escrito y orden de mérito, ejes de la reforma en la selección de magistrados

“Ya hay un borrador muy avanzado”, dijo ayer el presidente del bloque Producción y Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan Cruz Córdoba, sobre el proyecto de reforma de la selección de jueces, fiscales y defensores por parte del Consejo de la Magistratura. El legislador destacó que los postulantes a los cargos judiciales tendrán que rendir examen, el cual tendrá su puntuación, al igual que los antecedentes. Así, los consejeros armarán una terna basándonos en un orden de mérito y con el voto fundado del porqué la elección de tal o cual candidato. No es lo único, ya que el diputado oficialista habló de la participación de instituciones, como las universidades, que cuentan con personal, que “sabe armar las estructuras de los exámenes” y “sabe de su evaluación”.

Este último punto generará debate, ya que hay voces jurídicas que advierten que la intervención de instituciones debe ser limitada y en un rol de asesoramiento no vinculante para no infringir lo dispuesto por la Constitución. De hecho, Córdoba resaltó que las universidades, como la Nacional de San Juan (UNSJ) y la Católica de Cuyo (UCCuyo), no intervendrán en la conformación de la terna. De todas formas, el legislador explicó que el proyecto aún no está definido y que el gobernador Marcelo Orrego y el vice Fabián Martín deberán verlo con sus respectivos asesores letrados para que tenga el OK final. Aunque señaló que el objetivo es que la iniciativa se presente lo antes posible. Incluso, fuentes de Juntos por el Cambio (JxC) indicaron que el tema puede estar dentro del discurso anual del Gobernador en la apertura de sesiones del 3 de abril.

En ese marco, el vicegobernador y presidente de la Cámara resaltó que “también queremos que participe gente del Poder Judicial para que den su opinión”.

La mejora en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ha sido un reclamo permanente del ambiente jurídico, ya que los integrantes del organismo hoy solo toman una entrevista personal a los inscriptos y, luego, arman las ternas. De ahí las críticas de que no siempre llegan los mejores abogados a la instancia final, además de que varios son seleccionados por su cercanía política al gobierno de turno. Los cuestionamientos aumentaron con el recambio que se dio en el Poder Judicial, debido al acceso a la jubilación con el 82 por ciento móvil y la creación de nuevas estructuras. Lo primero se dio en la gestión del exgobernador José Luis Gioja y, lo segundo, en la de Sergio Uñac.

La contracara es el mecanismo de selección del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyos concursos tienen la característica de la puntuación de los antecedentes y del examen escrito y la elaboración de un orden de mérito. En 2003, la Cámara de Diputados sancionó una reforma para el organismo local, en la que, entre otros puntos, estableció puntuaciones y orden de mérito, sumado a que el Consejo estableciera un jurado dividido en cinco salas (de acuerdo a los respectivos fueros) para la evaluación de los antecedentes y el examen escrito de los postulantes. Dichas salas estaban conformadas por representantes de jueces, fiscales, docentes de la UNSJ, de la UCCuyo y abogados.

Esa norma, la 742 E, antes la 7.371, fue suspendida durante la gestión giojista (y prorrogada esa decisión hasta la actualidad) debido a que sería inconstitucional porque no se prevé que el Consejo se constituya en salas para evaluar a los inscriptos y, menos, que intervengan otros miembros ajenos a los que establece la carta magna, según había sido la postura del entonces asesor Guillermo De Sanctis, hoy ministro de la Corte de Justicia. Además, el fiscal General, Eduardo Quattropani, quien presidió el Consejo Coordinador para las reformas en materia de Justicia y Seguridad, el cual confeccionó, entre otras, la ley del Consejo de la Magistratura (hoy suspendida), realizó una autocrítica con el paso del tiempo. El jefe de los fiscales destacó que la participación de universidades y personas ajenas al Consejo debería tener un carácter de no vinculante. Incluso, remarcó que, si se abriera a la intervención a las universidades, sean de la partida profesores titulares “con concursos públicos en serio” y no de procedimientos cuestionables.

En ese escenario, Córdoba manifestó que están trabajando en un proyecto de ley nuevo, que no es reeditar la norma que está suspendida, pero que sí tiene algún punto en común, al igual que el concurso del Consejo de la Magistratura nacional. “Estamos analizando cuáles son los proyectos que funcionan a nivel nacional, en las distintas provincias y en la Justicia Federal para sacar la mejor normativa posible. Además, que sea aceptada en San Juan y que no tenga reparos legales. En definitiva, que lleguen los abogados mejor preparados a cubrir los cargos que se concursan para lograr una seguridad jurídica que nos va a dar la mejor justicia posible”.