Por el escándalo de Montilla, hay voces en el oficialismo que apuntan a retomar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura

El escándalo del juez penal de Garantías, Roberto Montilla, quien, en menos de un mes en funciones, es investigado por Fiscalía por tratar de mejorar las condiciones de detención de un conocido, encendió la alarma en el oficialismo. Al punto que hay referentes que hablan de retomar y avanzar en el proyecto de ley de reforma del mecanismo de selección del Consejo de la Magistratura. 

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La iniciativa fue encarada por el orreguismo y apunta a implementar un mecanismo en que los postulantes a cargos de juez, fiscal y defensor oficial se los califique tras rendir un examen escrito y se les evalúe sus antecedentes profesionales y académicos. Así, se conformará un orden de mérito para la definición de la terna. Además, se habló de un examen psicofísico a los candidatos y el voto fundado de los miembros del Consejo a la hora de elegir a los ternados.

Es decir, el objetivo es lograr un sistema en el que se seleccionen a los tres mejores calificados de cada terna, a través de parámetros objetivos. Luego, se escogerá al magistrado en la Cámara de Diputados, en donde interviene la política, según establece la Constitución provincial. Hoy, el procedimiento establece una simple entrevista a los inscriptos por parte de los miembros del Consejo, los que, luego, arman la terna y no tienen la obligación de fundar sus votos.

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Con un mejor sistema, ¿se podría evitar el desembarco de un alto funcionario judicial que despliegue conductas sospechosas? Al menos, reduciría la posibilidad. Es cierto que son pocos los casos de magistrados ligados a maniobras delictivas. Uno de ellos fue el ex juez penal Pablo Flores, quien fue procesado por incumplimiento de sus deberes de funcionario público al entregarle, de manera irregular, una camioneta 4x4 a un excomisario que dirigía el Depósito Judicial. De acuerdo a la investigación, el magistrado tenía vínculos con el uniformado. Flores renunció para evitar el juicio de destitución y, al final fue sobreseído por prescripción de la causa.

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El caso Montilla impactó en algunas usinas del oficialismo. Fue propuesto por el presidente del bloque Producción y Trabajo, Juan Cruz Córdoba, en la sesión extraordinaria del pasado 27 de febrero y el abogado litigante tuvo 29 votos afirmativos. El total de legisladores es 36. El 12 de marzo, Montilla juró como juez penal de Garantías y empezó a cumplir funciones.

En cuanto al proyecto de reforma del mecanismo de selección de magistrados, se llegó a la confección de un borrador, pero el tema quedó relegado. El año pasado, el oficialismo tuvo, entre sus tareas, la construcción de una mayoría a través de alianzas con bloques de otras fuerzas políticas, como el bloquismo, el Frente Renovador y hasta legisladores peronistas.

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A partir de ahí, el orreguismo debatió y sancionó leyes cruciales, como la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales y la rescisión del contrato por la obra del dique El Tambolar, entre otras. De esa forma, la iniciativa fue quedando en segundo plano ante las urgencias legislativas y de gestión. Este último punto tiene que ver con que el visto bueno al proyecto definitivo lo dará el gobernador Marcelo Orrego.

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Además, en el oficialismo aseguraron que quieren lograr el mayor consenso posible en un tema que hace a la institucionalidad, como la selección de magistrados. La iniciativa oficialista contempla la participación de académicos y docentes de universidades para la elaboración y evaluación del examen escrito. La intervención de dichos especialistas había generado polémica en la sanción de una norma del Consejo de la Magistratura (suspendida desde la gestión giojista hasta la actualidad), debido a que integraban el organismo a la hora de las decisiones sobre las ternas, cuando eso está reservado a los miembros que establece la Constitución. En el proyecto orreguista, se había asegurado que los académicos no intervendrán en la conformación de las ternas.

En ese marco, se verá si finalmente avanza la iniciativa y hasta qué punto. Sucede que Orrego, en su discurso de apertura de sesiones, le pidió a la Cámara que avance con el proyecto de Código Electoral que envió, el cual regirá en 2027, por lo que todo indica que será uno de los temas prioritarios. A ello se le suma que en octubre se realizarán las elecciones legislativas, lo que convierte al período en un año de puja política, lo que suele trabar algunos debates.

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En la gestión orreguista, se llevaron a cabo tres concursos. Uno fue para cubrir 21 cargos judiciales, otro para tres puestos, entre los que se encontraba el de fiscal de Estado y, el último, en el que fue designado Montilla, junto a otro juez de Garantías y un fiscal penal. Además, se han producido otras renuncias en el Poder Judicial, condicionadas a que la ANSES les otorgue la jubilación a los magistrados, por lo que habrá nuevos concursos.