Violencia entre la hinchada verdinegra
Tres meses de prisión preventiva para uno de los detenidos por los enfrentamientos entre barras de San Martín
Este martes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Iván Andrés Dávila Yafar, señalado como el presunto tirador en los enfrentamientos entre facciones de la barra brava de San Martín de San Juan.
La audiencia estuvo presidida por la jueza Flavia Allende, con la intervención de la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y la defensa a cargo del abogado Horacio Merino. Durante la exposición, la fiscal imputó a Dávila Yafar por cinco hechos vinculados a la causa, entre ellos haber efectuado disparos contra una vivienda y tener un arma de fuego en su poder en otra ocasión.
El Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de coerción, argumentando que el imputado cuenta con antecedentes penales y que se dan las condiciones legales para aplicar una detención efectiva. Por su parte, la defensa pidió el arresto domiciliario por razones de arraigo familiar, pero el planteo fue rechazado.
Finalmente, la jueza Flavia Gabriela Allende otorgó el plazo de 1 año de IPP, y dispuso que Dávila Yafar cumpla tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
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En el marco de esta causa, otros integrantes de la hinchada ya fueron procesados. Facundo Asís, perteneciente a “La Banda del Pueblo Viejo”, fue condenado a seis meses de prisión condicional (no irá a la cárcel) por amenazas, daños y lesiones leves. En el caso de Agustín Agüero, quien fue detenido el 4 de octubre al ingresar a la cancha de San Martín, se ordenó que durante ese período deba presentarse una vez al mes en la Comisaría 2ª y mantener prohibición de acercamiento a determinados lugares y las víctimas, esto por el plazo de 1 año.
En tanto, Marcelo Gerardo González Pareyra, alias “El Puchi”, también señalado como miembro del mismo grupo, fue detenido durante los allanamientos del 24 de septiembre, aunque recuperó la libertad por no tener antecedentes penales.
La Justicia además formalizó la investigación contra dos nuevos involucrados: Fernando Moya, trabajador municipal y prestamista, y Franco Maurin Vargas, también prestamista. En su caso, Moya deberá realizar tareas comunitarias y pagar una reparación simbólica, mientras que Maurin permanecerá detenido en su domicilio con una tobillera electrónica.