Violenta interna en la hinchada de San Martín: probation para un barra y prisión domiciliaria con tobillera electrónica para el otro

Este jueves, la Justicia avanzó en la causa por los violentos enfrentamientos entre facciones de la hinchada de San Martín y formalizó la investigación contra dos nuevos detenidos. Se trata de Fernando Moya, trabajador municipal y prestamista, y Franco Maurin Vargas, también prestamista. Se trata del cuarto y quinto involucrados ante la Justicia en la interna que enfrenta a dos grupos rivales de la hinchada verdinegra: "La Banda del Pueblo Viejo" y "La Nueva Generación"

Lee también: Dos barras de San Martín, ante la justicia por los violentos enfrentamientos entre facciones

Ambos comparecieron ante la jueza de Garantías, Flavia Allende para escuchar la imputación que formuló el Ministerio Público Fiscal por una serie de hechos violentos que los tuvo como protagonistas y que están relacionados a las disputas de la barra.

La UFI Genérica, representada por la fiscal Daniela Pringles y los ayudantes Paula Amarfil y Rodrigo Herrera, relató que Fernando Moya -integrante de la Banda del Pueblo Viejo y que, además, llegaba detenido a la audiencia- estuvo involucrado en al menos tres episodios.

Uno de ellos se produjo a principios de julio, una noche en la que, según Fiscalía, Moya se presentó en la casa de una mujer de apellido Martín, en el Barrio Costa Canal. Allí se encontraba la hija de Martín y una amiga. Aparentemente, el hombre habría pateado la puerta y en compañía de otros, intentaron ingresar. De hecho, uno de ellos estaba armado y disparó al aire alarmando a los vecinos. Acto seguido, abordaron un auto y se retiraron del lugar.

El siguiente episodio se produjo semanas después, cuando una mujer de apellido Sanduay, vio un auto merodeando frente a su casa. Desde ese vehículo, dispararon al aire y contra la casa y luego se dieron a la fuga. Poco después, la pareja de Sanduay llegó y encontró marcas de disparos en el frente de la vivienda y vainas servidas en el suelo.

El tercer episodio se produjo cuando una mujer de apellido Garrido también divisó a dos autos en actitud sospechosa cerca de su casa, desde adentro de uno efectuaron dispararon al aire y luego esos mismos dos vehículos estacionaron frente a su casa, un grupo de sujetos se bajó, comenzó a golpear y patear la puerta, escapando minutos después.

A Maurín, por su parte, se lo acusa de darle una golpiza a un hombre de apellido González. Este último, salía de trabajar en el obrador municipal de Capital el pasado 16 de septiembre por la mañana y junto a otros dos compañeros de trabajo, se dirigían a su auto que estaba estacionado en las inmediaciones.

Lee también: En medio de una doma, detuvieron a un barra de San Martín que estaba prófugo en la causa que investiga el enfrentamiento entre facciones

Fue allí que Maurín y otros cómplices los interceptaron, los golpearon y les causaron severas lesiones. No conformes con eso, luego apedrearon y apalearon el auto de González, dejándolo prácticamente destruido.

Por el ataque, González sufrió lesiones leves, mientras que sus dos compañeros de trabajo tuvieron que ser trasladados al hospital, donde comprobaron que habían sufrido múltiples contusiones y heridas, quedando internados por varios días.

De esta manera, las víctimas denunciaron lo sucedido y la Justicia emitió orden de arresto para ambos, los cuales se entregaron voluntariamente en compañía de sus abogados hace algunos días.

En la audiencia de este jueves, Fiscalía solicitó imputarle a Moya los delitos de amenaza simple por tres hechos, daños y tentativa de homicidio en calidad de autor. A Maurín, por su parte, pidieron que se la aplique la calificación legal de amenaza simple y daños, también en calidad de autor.

Como Moya llegaba a la audiencia sin antecedentes, su defensa pidió arribar a un acuerdo y, en consecuencia, aplicarle una suspensión de juicio a prueba (probation). Eso quiere decir que Moya evita la cárcel y deberá cumplir trabajos no remunerados en una municipalidad, en un horario a convenir por el plazo de un año. A su vez, deberá pagarle a las tres víctimas una reparación simbólica por 600 mil pesos ($200.000 para cada una), en dos cuotas de $300.000.

Por último, se le impuso la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con los damnificados o a sus domicilios. La defensa, a cargo del abogado Jorge Olivera Legleu, no puso reparos en este caso en particular.

En el caso de Maurín, sí contaba con antecedentes: una causa por un robo arrebato en el año 2020, por el cual tuvo que responder ante Flagrancia. Con este prontuario, Fiscalía solicitó un año de Investigación Penal Preparatoria. Además, pidió una prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial por tres meses.

Sin embargo, la defensa señaló que la pareja de Maurín está embarazada, en un período de gestación avanzado y él es el único sostén de su familia, por lo que pidió que en caso de que su defendido reciba la prisión preventiva, la misma sea en modalidad domiciliaria.

Lee también: El caos de San Martín: barras dispuestos a parar una final por el descenso, un presidente que entra a la cancha a discutir con la Policía y un equipo sin reacción

Finalmente, la jueza Allende resolvió hacer lugar al acuerdo entre defensa y fiscalía, aplicándole la probation a Moya y concedió la prisión domiciliaria a Maurín, con la portación de una tobillera electrónica, por un plazo de doce meses para investigar.