La Corte dio un último revés al EPRE por la reincorporación de una empleada despedida ilegalmente

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) recibió un último revés judicial por una causa emblemática, la de Norma Navarro de Eguía. La entidad provincial había sido condenada a desembolsar una cifra millonaria, que puede superar los 16 millones de pesos, por la cantidad de años que la mujer no fue reincorporada a su puesto de trabajo, luego de que la propia Justicia indicara que fue despedida ilegalmente. Para intentar revertir el castigo, el EPRE había jugado una última carta provincial, la de solicitarle a la Corte que permita que el expediente sea analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese planteo ahora fue rechazado por lo que, según confirmaron fuentes calificadas, el EPRE deberá hacer el desembolso.

Sobre la discusión, a la entidad provincial le quedaría un paso más fuera de la provincia, escenario que especialistas indican que es muy difícil. Se trata de llegar directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de lo que se denomina un recurso de queja para que el máximo tribunal del país tome el caso a pesar de que cuenta con la negativa local. Si eso ocurre, la Corte Suprema puede frenar la aplicación de la sentencia, pero hasta que eso ocurra el EPRE debe cumplir con el fallo local.

El caso de Norma Navarro de Eguía es emblemático para la provincia. La mujer fue despedida irregularmente en 1998 por quien en su momento era el presidente, Jorge Rivera Prudencio. Tras ser cesanteada, la trabajadora le hizo un juicio a la entidad, reclamo que ganó tras una sentencia que dictó la Corte de Justicia local por orden de la Corte Suprema. Así, la abogada tuvo que ser reincorporada en su puesto de trabajo en junio de 2018, pero su ingreso no se dio hasta octubre de 2021, justo después de que Rivera Prudencio fuera apartado de su cargo por el entonces gobernador Sergio Uñac, luego de que el funcionario provocara y agrediera a un periodista. Así, por los tres años que estuvo esperando para regresar a su puesto de trabajo, la empleada demandó al EPRE por los sueldos que no cobró.

Ese reclamo llegó a la Corte, tribunal que, integrado por Adriana García Nieto, Juan José Victoria y el camarista Juan Jesús Romero como subrogante, dictó una sentencia con fallo dividido. Sobre esa resolución, el EPRE planteó un Recurso Extraordinario Federal (REF), el cual ahora fue denegado.

Para resolverlo así, los jueces Victoria y Romero entendieron que “no figura en la propuesta argumental (del EPRE) una crítica concreta y razonada”, por lo que “no se cumplen los requisitos que indica la Corte Suprema” para que el planteo sea aceptado. De esa manera hubo mayoría, ya que la presidenta de la Corte, García Nieto, entendió que se le debe dar lugar al EPRE, postura que ya había expresado en el reclamo previo, donde indicó que no correspondía liquidarle a la mujer los salarios impagos desde que tuvo que ser reincorporada hasta que efectivamente lo fue.

Por su parte, y para intentar revertir la situación, el EPRE había expresado que el fallo anterior por el que fueron condenados, violaba “el derecho al debido proceso, defensa en juicio y propiedad”. Que era “arbitrario, nulo, ilegítimo e ilegal” y cuestionó que “se haya desestimado la pretendida revocación del daño moratorio, cuando dicho rubro no fue pedido en el escrito de demanda, tampoco en la presentación que dio inicio al incidente de ejecución de sentencia ni al apelar el pronunciamiento que rechazó tal incidente”.

La causa de Navarro de Eguía fue impulsada por sus abogados Federico Jesús Molinero y su hijo Federico Mariano Molinero, quienes llevaron el planteo ante la Corte. Según el expediente que se tramitó en el Noveno Juzgado Civil, el período que se reclama, que va de noviembre de 2018 hasta parte de octubre de 2021, equivalía a unos 16.7000.000 pesos, valor que corresponde a una liquidación realizada a fines de 2024, la que ahora deberá ser actualizada.