EN MENDOZA
Bodegueros le pidieron a un ministro estrella de Milei que sigan tres certificados clave
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo una reunión con referentes del sector vitivinícola en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en la ciudad de Mendoza, para explicar las nuevas disposiciones de flexibilización que regirán en el organismo. Gustavo Samper, vicepresidente de la COVIAR, estuvo presente en el encuentro y lo calificó como fructífero. Señaló que dirigentes le plantearon al funcionario el mantenimiento de tres certificados que la nueva reglamentación había eliminado o colocado como voluntaria en su presentación. Se trata del CIU (Certificado de Ingreso de Uvas), el control de azúcar y la declaración jurada de la finalización de la cosecha, los cuales son importantes para la recolección de datos y el armado de estadísticas.
La autoridad comentó a 0264 Noticias que la reunión arrancó a las 14 y se extendió hasta las 16 horas con un intercambio de diálogo al que calificó de “ameno”. Señaló que participaron cámaras de las diferentes etapas del proceso productivo como agricultores, trasladistas, bodegas, fraccionadores, exportadores, entre otros. Hubo un total de más de 30 asistentes, todos ellos autoridades relacionadas con la vitivinicultura.
En el caso de San Juan, concurrieron varias instituciones como la Cámara del Mosto, la Cámara de Bodegueros, el Consejo de Enólogos, la Cámara Vitícola, etc. “Fue altamente participativa y constructiva. El consenso general fue muy alto, con la participación de la industria en un 99%”, expresó.
“Fue una muy buena reunión y positiva con mucho de este intercambio. Muy buena la predisposición también del ministro y sus colaboradores en escuchar y analizar. Creo que realmente había una cantidad de regulaciones que no tenían sentido”, continuó.
Sin embargo, comentó que desde el sector le plantearon continuar con algunos controles que pretendían eliminarse o que se establecían de manera voluntaria, por su importancia para la obtención de datos y la elaboración de estadísticas sobre el rubro. Uno de ellos es el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), el cual es un documento digital que registra el ingreso de uva a las bodegas y permite la trazabilidad y la genuinidad del producto. Otro tiene que ver con el control del tenor de azúcar que ayuda a mantener ciertos estándares técnicos de calidad. El tercero es el certificado final de bodega, que es una declaración jurada de la finalización de la cosecha. Su objetivo es determinar qué se elaboró y qué se tiene en la bodega, incluyendo la cantidad y porcentaje de vino blanco, vino tinto, y mosto. Estos pedidos fueron anotados por el funcionario nacional y serán analizados por los equipos de la cartera que dirige Sturzenegger.
Sin embargo, Samper afirmó que el 99% de la industria estuvo totalmente de acuerdo con la desregulación y que el 1% restante solo planteó que "habría que revisarlo y analizarlo nuevamente". Por su parte, planteó la necesidad de bajar la presión fiscal para darle mayor competitividad a la industria vitivinícola, en el marco del reciente acuerdo anunciado con Estados Unidos que la vitivinicultura sanjuanina ve como una oportunidad para potencia su mercado con el país del norte. “Argentina tiene una presión fiscal del 62% sobre una botella de vino, frente al 32% de Chile”, remarcó.
Desregulación del INV
El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con el objetivo de eliminar la intervención en los procesos productivos y reducir la burocracia en el sector. La medida fue oficializada mediante la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Según la resolución, el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción -como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte- para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados. Su función principal será garantizar que los vinos sean aptos para el consumo y que no estén adulterados.
Asimismo, los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen, añada y varietal, pasarán a ser optativos y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, según las necesidades comerciales de cada empresa.
El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.