ESTE VIERNES
Condenaron a un empleado que estafó a una conocida empresa metalúrgica por más de $85 millones
Este viernes se llevó a cabo una audiencia en contra de Jorge Hugo Dimarco Aballay, ex empleado de la conocida empresa metalúrgica Alumetal, quien quedó en el ojo de la tormenta luego de que una auditoría interna revelara que estafó a la empresa generándole un perjuicio económico millonario, a través de una serie de maniobras fraudulentas que efectuó a lo largo de tres años. Si bien la audiencia comenzó como una formalización del delito, en el transcurso de la misma se reveló que el Ministerio Público Fiscal y la defensa, habían arribado previamente a un acuerdo por juicio abreviado.
De acuerdo al relato del hecho a cargo de los fiscales de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui, Pablo Ferrer y Maximiliano Yanzón, el hecho se conoció el pasado 7 de noviembre cuando otro empleado de la firma que estaba efectuando una venta, descubrió que la operación se llevó a cabo por un monto muy inferior al valor real del producto.
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Ante la duda, consultó los movimientos de ventas anteriores y vio que esa no fue la única operación irregular, sino que hubo varias en donde la maniobra se reiteraba: eran ventas a valores mucho más bajos que los precios reales.
Pablo Ferrer y Maximiliano Yanzón
Es por eso que este empleado informó a las autoridades de la empresa, la cual ordenó una auditoría interna donde detectaron que este tipo de maniobras irregulares se remontaba a mediados de 2023 y fueron alrededor de un centenar de ventas con las mismas características.
Esta revisión reveló que uno de los cajeros había sido responsable. Uno de ellos había fallecido recientemente, por lo que las miradas apuntaron a Dimarco. Cabe señalar que al ser cajero tiene acceso al catálogo de productos y materiales, por lo cual tenía la potestad de "modificar" el precio de los mismos.
Según Fiscalía, el modus operandi del empleado era cambiar el precio de un determinado producto y en la operación de venta, facturarlo a un monto menor, haciéndolo pasar por un descuento muy inferior a lo que está autorizado por la empresa. Estos descuentos iban desde el 30% al 60% aproximadamente, generando pérdidas importantes para la empresa.
El resultado de la auditoría determinó que el perjuicio económico sufrido por la firma ronda los $85 millones.
Sin embargo, si bien se presume que Dimarco se habría quedado con dinero resultante de la diferencia entre el valor real del producto y el valor por el cual facturó la venta -es decir, el monto de estos descuentos irregulares-, eso está sujeto a investigación y la revisión a las cuentas del empleado infiel y los informes de Mercado Pago para determinar si recibió transferencias vinculadas a este caso en particular.
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Ante la denuncia realizada por la empresa, el empleado resultó detenido el miércoles por la tarde en un barrio privado de Rivadavia y este viernes, compareció ante la jueza de Garantías, Flavia Allende, en lo que se esperaba, fuera una audiencia de formalización en la que sería imputado. De hecho, el fiscal Gallastegui solicitó un plazo de Investigación Penal Preparatoria, al que la defensa, a cargo de Jorge Guillén, se opuso pero solo por meros formalismos.
Después, Fiscalía y defensa revelaron que habían arribado a un acuerdo abreviado, en el cual Di marco aceptaba su responsabilidad en el hecho y una pena de tres años de prisión condicional, es decir, sin cárcel. Esto por el delito de estafas reiteradas a la empresa Alumetal S.A.
Acto seguido, la jueza Allende le realizó el cuestionario de rigor en el cual el imputado admitió su responsabilidad en el hecho, admitió haber defraudado a la empresa y rechazó la posibilidad de un juicio ordinario. Luego de eso, la magistrada homologó el acuerdo y en efecto, condenó a Dimarco a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de estafas reiteradas. Además, el empleado infiel no podrá acercarse a más de 500 metros de la empresa (ubicada en calle Falucho, a metros de Las Heras, en Capital). Por último, ordenó su inmediata liberación.
Ahora, resta definir si la empresa iniciará una demanda en el ámbito civil para tratar de recuperar la suma defraudada.