Fiscalía va por penas de 11 años para un gitano y 14 para sus padres por someter a una menor a servidumbre sexual y laboral

Con tan solo 13 años, fue obligada a casarse con su primo de 21 años bajo la tradición de la comunidad gitana, en la que la familia del “marido” pagó 825 mil pesos en 2022 bajo el concepto de “dote”. La convivencia del matrimonio se dio en Santa Fe, con los padres del joven, en la que la adolescente fue “reducida a servidumbre sexual y laboral”, según la postura de Fiscalía. La pareja se instaló en San Juan para vivir con los parientes de la chica, pero sus suegros llegaron para buscarla y llevarla a la fuerza a la provincia santafesina. La “captación violenta” se frustró por personas que vieron la situación y alertaron a la Policía, cuyo personal rescató a la víctima y detuvo a los implicados.

Así, hoy a las 9, en el Tribunal Oral Criminal Federal comenzará el juicio contra el esposo y los suegros de la adolescente por el delito de trata de personas. El fiscal Fernando Alcaraz pedirá que se condene al marido a 11 años de cárcel y que se castigue con 14 años a sus padres, tal cual había adelantado en la audiencia de control de la acusación.

El caso será juzgado por los jueces Daniel Doffo, quien presidirá el juicio, Hugo Echegaray y la puntana Carolina Pereyra. Se trata del tercer caso de trata de personas en el que están involucrados integrantes de la comunidad gitana. En 2021, la jueza Eliana Rattá había condenado a 10 años de cárcel a Miguel Ángel Aramayo por captar y llevar adelante un matrimonio forzado con una menor de 14 años, la que fue sometida a maltrato físico y verbal, además de ser víctima de abusos sexuales.

En esa causa, el fiscal que llevó adelante la acusación fue Francisco Maldonado. La sentencia fue apelada y la Cámara Federal de Casación Penal la confirmó. Incluso, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos integrantes dejaron firme la sentencia en octubre de 2025.

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El otro caso fue contra Roberto Mitar, quien fue castigado por el juez Daniel Doffo con 9 años de cárcel por someter y explotar sexual y laboralmente a una joven a la que se la obligó a que se casara con él y que, luego, fue víctima de maltratos y abusos.

La acusación estuvo en manos del fiscal Alcaraz y el fallo también fue apelado, aunque la Cámara Federal de Casación Penal también la ratificó el pasado 19 de marzo.

El nuevo caso tuvo su génesis entre marzo y abril de 2022, cuando se produjo el casamiento de la adolescente de 13 años con su primo de 21, cuyas identidades no han trascendido aún dado que en la Justicia resguardan la identidad, sobre todo, de la víctima. El matrimonio se concretó en Neuquén y los padres del joven le pagaron 825 mil pesos a la familia de la menor.

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Luego de ello, el marido y sus suegros llevaron a la chica a la zona de Cañada Leiva, en la ciudad de Santa Fe, en donde fue sometida a lo que se denomina una situación de servidumbre doméstica, laboral y sexual. En ese marco, la adolescente fue obligada realizar tareas del hogar y venta ambulante, incluso, mientras transitó un embarazo.

En diciembre de 2024, la adolescente regresó con su pareja a San Juan y su hijo de 8 meses para vivir con su familia. Sin embargo, en abril del año pasado, sus suegros viajaron desde Santa Fe para buscarla. ¿El objetivo? Captarla y trasladarla, contra su voluntad, hacia Cañada Leiva, en donde residía con su marido y los padres de este.

En el viaje, en una estación de servicio de Caucete, la joven intentó escapar con su hijo, pero fue alcanzada por su suegra, quien la obligó a subir a la camioneta Ford Ranger en la que la trasladaban. La situación fue vista por testigos, los que alertaron a la Policía, cuyo personal paró la camioneta en el paraje Caputo, en la zona de Cuesta de las Vacas. Ahí, detuvieron al esposo y a los suegros. Los tres se encuentran detenidos, aunque los hombres están alojados en el Penal de Chimbas y la mujer se encuentra bajo detención domiciliaria.

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Luego de casi un año de investigación, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Alcaraz, trabajó en colaboración con la fiscal Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Explotación y Trata de Personas (PROTEX), durante casi un año de investigación para llevar adelante la acusación contra los tres imputados por trata de personas.

El marido y los suegros de la menor están en la mira por la explotación de la adolescente a través de una unión de hecho forzada, en la que padeció violencia física y explotación sexual y laboral. Fiscalía también hará hincapié en la segunda captura para un nuevo sometimiento, luego de que la adolescente había logrado resguardarse con su núcleo familiar.