Justicia Federal

Un Tribunal superior confirmó dos condenas por trata de personas: una por explotación laboral y otra de tipo sexual

En uno de los casos, dos capataces captaban trabajadores golondrinas del Norte del país para cumplir tareas en San Juan en condiciones “infrahumanas”. En el otro, un gitano obligó a una joven a casarse, la que fue víctima de abusos y maltratos.
Dos casos. Los hermanos Domingo y Roberto Rodríguez fueron condenados a 8 años de prisión. En otra causa, Roberto Mitar recibió una pena de 9 años. Ambas sentencias fueron confirmadas por un tribunal superior.
Dos casos. Los hermanos Domingo y Roberto Rodríguez fueron condenados a 8 años de prisión. En otra causa, Roberto Mitar recibió una pena de 9 años. Ambas sentencias fueron confirmadas por un tribunal superior.
miércoles 01 de abril de 2026

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó dos sentencias que había dictado el juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, por el delito de trata de personas. En una de ellas, había condenado con 8 años de prisión a los hermanos Roberto y Domingo Rodríguez por la explotación laboral que llevaron a cabo de un grupo de trabajadores golondrinas durante la cosecha de aceitunas en Sarmiento. En la otra causa, había castigado con 9 años de cárcel al gitano Roberto Mitar por someter y explotar sexual y laboralmente a una joven a la que se la obligó a que se casara con él y que, luego, fue víctima de maltratos y abusos.

Definición. El juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, dictó las dos sentencias condenatorias.

 

La primera confirmación de Casación fue sobre los hermanos Rodríguez, cuyo fallo tiene fecha del pasado 26 de febrero. La decisión fue por mayoría, con los votos de Diego Barroetaveña y  Juan Carlos Gemingnani, de la Sala III, quienes rechazaron la apelación de la defensa. El juez Carlos Mahiques optó por la disidencia, dado que, en líneas generales, consideró que no se habían probado los elementos que caracterizan al delito de trata, sino que se había dado una situación de precariedad laboral.

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La segunda resolución del máximo tribunal en materia penal en el ámbito federal salió a la luz el pasado 19 de marzo y la ratificación del castigo contra el gitano Mitar fue por unanimidad, con los votos de Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Cargajo, de la Sala I.

 

Bajo condiciones infrahumanas

De acuerdo al expediente, Domingo y Roberto Rodríguez armaron una sociedad llamada Berogas del Norte SRL que se dedicaba a la explotación laboral. Así, reclutaban a trabajadores del Norte del país con promesas falsas de salarios dignos, pasajes de ida y regreso sin costo y alojamiento. El objetivo era el trabajo de la cosecha de aceitunas en las fincas llamadas Fideicomiso y RAMFER, en Sarmiento, lo que se produjo en 2020 y 2021 respectivamente.

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Según los informes de los organismos que intervinieron en el caso, como el RENATRE y el Comité de Trata, por ambos emprendimientos pasaron entre 120 y 177 personas que fueron sometidas a situaciones de trabajo deplorables.

Cuando llegaban al lugar, los trabajadores eran alojados en condiciones infrahumanas y hacinadas, en galpones y colectivos en desuso, sin agua potable. Tenían que utilizar letrinas precarias, las que estaban rodeadas de basura y hasta animales muertos en descomposición. Además, les descontaban de sus sueldos los gastos de traslado y comida.

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Los hermanos Rodríguez fueron condenados como coautores. Domingo dirigía la logística, llevaba adelante las falsas propuestas laborales, coordinaba las tareas diario y el alojamiento. Por su parte, Roberto se hacía cargo de la parte contable, como la registración y los pagos, además de que intervenía en la captación de los trabajadores.

 

Tradición reñida con la ley

Según las sentencias, el gitano Mitar incurrió en el delito de trata de personas al explotar sexual y laboralmente a una joven de dicha comunidad que presentaba un retraso madurativo y una incapacidad del 80 por ciento. La víctima fue captada en San Luis y “vendida” por su tía a la familia Mitar en San Juan por 50 mil pesos, en una práctica tradicional y cultural conocida como dote. De esa manera, se produjo un “casamiento” forzado.

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En la convivencia que la pareja llevó adelante, de enero a marzo de 2023, la joven sufrió malos tratos físicos, abuso sexual y fue reducida a la servidumbre doméstica. No fue lo único, ya que Mitar le retuvo el DNI y la obligó a sacar un implante anticonceptivo, por lo que se vulneró su libertad reproductiva.