Tras los alegatos en un juicio de trata laboral, un abogado salpicó a un exgobernador

En su alegato del jueves pasado, el fiscal federal Francisco Maldonado pidió que sean condenados a 8 años de prisión los cuadrilleros Jaime Baldivieso y Roberto Rodríguez, mientras que solicitó 10 años para Roberto Rodríguez, todos como responsables del delito de trata laboral al captar y someter a condiciones deplorables a numerosos trabajadores golondrinas del Norte del país. Los defensores darán sus alegatos el 9 de mayo, pero, uno de ellos, Oscar Adárvez, prendió el ventilador y salpicó al exgobernador de Tucumán, Juan Manzur. “Supuestamente, sería el verdadero dueño de la propiedad”, dijo el abogado en referencia al lugar en el que los hermanos Rodríguez albergaron a los empleados para la cosecha de aceitunas. De hecho, dijo que sus defendidos habían empezado a facturarle sus servicios, en un principio, al hoy senador tucumano.

Es conocida la participación de Manzur en el rubro olivícola. De acuerdo a informes periodísticos, como de la Revista Noticias y Clarín, el tucumano contaba en 2021 con una porción del paquete accionario de Tío Yamil, una empresa de productos olivícolas, como aceite de oliva. A su vez, la compañía Agro Aceitunera SA se había quedado con el 95 por ciento de las acciones de Tío Yamil y de ahí surgía el mayor volumen de su patrimonio en la declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción, la que tuvo que presentar cuando asumió como jefe de Gabinete del expresidente Alberto Fernández.

El vínculo con San Juan se da también a través de su esposa, Sandra Mattar, oriunda de esta provincia. Además, según los informes periodísticos, había declarado un local en alquiler en estas tierras y siempre ha circulado que es dueño de fincas de olivos, como San Juan de los Olivos, a través de un contador local.

Los trabajadores golondrinas fueron hallados en una plantación de olivos en Campogrande del Acequión, en Sarmiento. El abogado Adárvez aseguró que Roberto y Domingo Rodríguez “son perejiles” en la causa, dado que “son tan pobres como las víctimas”. Ahora, ¿Manzur es el propietario de la finca? El propio profesional aclaró que “no hemos podido acreditarlo hasta el momento. Todo hace sospechar que es el verdadero dueño, pero sin poder afirmarlo. Es una mera sospecha que nace del origen del vínculo”.

El defensor y el propio Domingo Rodríguez explicó que él y su hermano empezaron facturándole sus servicios a Manzur, aunque indicó que no recordaba por cuánto tiempo hicieron la facturación y que los que se encargaban de esa tarea era un ingeniero y un administrador.

Entonces, además del interrogante de si el exgobernador es o fue dueño del inmueble, ¿la explotación de los trabajadores se produjo bajo su supuesta titularidad de la finca? Si llegase a ser así, ¿estaba al tanto de la maniobra o se benefició económicamente de ello? Dudas que, inclusive, no entran en este juicio, ya que lo que se está definiendo es la responsabilidad o no de los hermanos Rodríguez y Baldivieso como protagonistas del delito de trata laboral.

De hecho, el fiscal Maldonado le había pedido el año pasado al juez Leopoldo Rago Gallo que se investigue a dos directivos de la empresa agrícola Ramfer (¿el ingeniero y el administrador que mencionó Domingo Rodríguez?) para establecer si dieron las órdenes de contratar a empleados golondrinas bajo tal sistema de explotación y si sacaron rédito de esa situación. No trascendieron sus nombres para no entorpecer la investigación, habían indicado las fuentes, dado que, al tratarse de sociedades anónimas, aclararon que es difícil ubicar a los responsables.

Incluso, tanto Adárvez como Rodríguez manifestaron que, primero, “se le empezó a facturar a Manzur, después pasó a ser Fideicomiso (el nombre de la empresa) y, luego, Ramfer. Así las cosas, ¿es una estrategia del abogado para embarrar la cancha?

Acusación fiscal

Por lo pronto, el fiscal acusó a los hermanos Rodríguez de captar y albergar personas con fines de explotación laboral, agravado porque se dio una situación de engaño y se aprovechó la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, sumado a que las víctimas fueron más de tres y se consumó la explotación. Todo ello da una escala que va de 8 a 12 años de prisión, por lo que Maldonado pidió el mínimo de ese margen para Roberto Rodríguez y 10 años para su hermano Domingo, debido “a su rol preponderante” en la maniobra.

El caso salió a la luz el 11 de marzo de 2021, tras una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Federal, con sede en Buenos Aires, lo que desencadenó, al día siguiente, un operativo de personal de Renatre y de Policía Federal en un terreno de Colonia Fiscal Sur, a 5 km de la Ruta Nacional 40, en Sarmiento.

El lugar lo usaban los hermanos Rodríguez y las autoridades descubrieron asentamientos precarios, al punto que calificaron las condiciones de higiene como “totalmente inhumanas”. Maldonado apuntó contra los imputados de captar 44 trabajadores de Salta y Jujuy para traerlos a la cosecha de aceitunas, los que fueron engañados, ya que se les había prometido la cobertura del viaje, la alimentación, el hospedaje y una paga acorde. Sin embargo, pasó todo lo contrario y las víctimas terminaron pagando sus alimentos y materiales de trabajo.

Si bien los trabajadores no estuvieron encerrados, su libertad se vio restringida por su situación de vulnerabilidad, sumado a que estaban fuera de sus respectivas provincias.

El representante del Ministerio Público también solicitó un castigo de 8 años para el cuadrillero Baldivieso por los mismos delitos y agravantes que los hermanos Rodríguez. Baldivieso cuenta con el patrocinio del defensor Oficial Esteban Chervín y el defensor público coadyuvante Sergio Herrero.

Los abogados de los tres acusados alegarán el 9 de mayo y el juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Criminal Federal, será el encargado de dar el veredicto.