Un policía quedó en la mira por vender información de procedimientos a los barras de San Martín: los mensajes que lo comprometen

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Diego Ulises Ruarte, policía de la provincia de San Juan, acusado de vender información de procedimientos a integrantes de la barra de San Martín. El proceso fue presidido por la jueza Flavia Allende, con la participación de los fiscales Daniela Pringles, Ana Paula Amarfil y Rodrigo Herrera, y los defensores Néstor Olivera y Marcelo Sández.

A Ruarte le imputan el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionario público en perjuicio de la administración pública. Tras analizar los elementos aportados por Fiscalía, la jueza Allende dispuso ocho meses de Investigación Penal Preparatoria y tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Durante la audiencia se reveló que Ruarte, quien prestaba servicios en la UFI Delitos contra la Propiedad, luego en la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), áreas que trabajan junto con brigadas policiales y poseen acceso a datos sensibles, de esta manera habría brindado información sensible que permitió a los barras adelantarse a los allanamientos y, en algunos casos, escapar. Uno de los principales beneficiarios habría sido Franco “Chorico” González, señalado como líder de la Banda del Pueblo Viejo. González fue detenido el 11 de noviembre en el barrio Costa Canal, junto a su hermano Jonathan, en el marco de la investigación por los violentos enfrentamientos entre facciones.

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Los fiscales explicaron que Ruarte filtraba denuncias, pedidos de captura, órdenes de allanamiento y cualquier acción prevista por Fiscalía. Esa información le permitió a Chorico evadir operativos y ocultarse durante semanas. Las entregas se pactaban con palabras clave y en lugares previamente acordados.

En la audiencia se conocieron mensajes extraídos del celular de González, que fue recuperado luego de que intentara descartarlo al huir de un procedimiento. Allí se registraron conversaciones entre el 9 de agosto y el 19 de septiembre de 2025, pleno avance de la investigación. Entre los chats mencionados se escucharon frases como: “Para Diego, quiero saber qué onda, a quién pija denunciaron esos giles” y “Mirá cumpa, yo a él le pagué y quedé bien. Pidieron 200 y se los pasé”. También se exhibieron otros mensajes en los que Ruarte pedía entradas o favores.

Fiscalía argumentó que su accionar obstaculizó la investigación y justificó así el pedido de prisión preventiva, solicitando así un plazo de 8 meses de IPP y 3 meses de preventiva en el Servicio Penitenciario.

Otro punto cuestionado fue el domicilio aportado por el agente: declaró vivir en el Loteo Parque Norte, en Chimbas, pero al intentar allanar el lugar se constató que se trataba de una vivienda deshabitada aún en construcción.

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La defensa, por su parte, negó la existencia de pruebas que acrediten que Ruarte tenía acceso a la información filtrada y aseguró que los mensajes no demuestran que el policía suministrara datos a González. No se opusieron al plazo de IPP, pero rechazaron la prisión preventiva, argumentando que Ruarte posee arraigo familiar: su esposa cursa un embarazo de siete meses y medio. Solicitaron medidas de coerción alternativas, como la obligación de presentarse en una comisaría, no entorpecer la investigación y la prohibición de salir de la provincia. Ruarte se abstuvo de declarar.

Finalmente, la jueza Allende ordenó la prisión preventiva por tres meses y dictó ocho meses de IPP.

Con la formalización de Ruarte, ya son nueve los involucrados en la causa. Los ocho restantes están ligados a la Banda del Pueblo Viejo. Entre ellos, los hermanos Franco y Jonathan González, quienes ya fueron condenados en juicio abreviado: Franco recibió ocho meses de prisión efectiva, su sexta condena, mientras que Jonathan aceptó seis meses de prisión efectiva debido a una condena previa en suspenso del 2021. Ambos fueron imputados por amenazas simples (cuatro hechos), daños (tres hechos), tentativa de violación de domicilio y lesiones leves.

La lista se completa con: Marcelo Gerardo González Pereyra, alias “El Puchi”, fue arrestado el 24 de septiembre durante una serie de 13 allanamientos simultáneos en Concepción, en el marco de la misma investigación. González Pereyra fue imputado por amenazas agravadas por el uso de armas, violación de domicilio, daño y lesiones, aunque recuperó la libertad al no contar con antecedentes penales. También se encuentra Agustín Agüero, él recuperó su libertad, pero deberá someterse al proceso, presentarse una vez por mes en una comisaría y no molestar ni acercarse a menos de 200 metros a las personas que los denunciaron.

Además, fueron imputados Fernando Moya, trabajador municipal y prestamista, y Franco Maurin Vargas, también prestamista. Moya, beneficiado con la probation por falta de antecedentes condenatorios. Mientras que a Maurin Vargas le dictaron prisión domiciliaria con tobillera electrónica durante doce meses.

Otros involucrados, pero ya condenados, son: Iván Andrés Dávila Yafar, a él en un principio se le dictó tres meses de prisión preventiva, después en acuerdo de juicio abreviado Yafar fue condenado a una pena efectiva, ya que contaba con antecedentes penales. Ya tenía una pena de 2 años condicional y ahora aceptó 1 año de prisión efectiva. Las penas se acumularon y quedó una única de 3 años efectiva. En tanto, Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez, recibió una pena de 6 meses.
 
Ahora, con la imputación de Ruarte y la decisión judicial, se amplía el entramado de responsabilidades en torno a la filtración de información a la barra brava del Pueblo Viejo. Esto se da tras el conflicto entre LBPV y La Nueva Generación que se extiende desde hace varios meses, con enfrentamientos a golpes y tiros que incluso dejaron un herido de bala.