2025-12-02

Conflicto en el Este

Los ediles suspendidos irán a la Justicia para que los restituyan y también le apuntarán al titular del Concejo

Así lo aseguró uno de los ediles, Emanuel Castro, quien resaltó que la decisión del Legislativo municipal fue “ilegal”.

Luego de que fueran suspendidos por 30 días y sin goce de haberes por el Concejo Deliberante de Caucete, el edil Emanuel Castro, opositor a la gestión de la intendenta Romina Rosas, aseguró que, junto a su colega Ramiro Fernández, acudirá a la Justicia para que los restituyan en sus puestos. Remarcó que la decisión del Legislativo municipal fue “ilegal” y contraria a las normas y a la Carta Orgánica departamental.

No fue lo único, ya que también destacó que iniciarán acciones legales contra el presidente del Concejo, José Luis Giménez, por haber implementado y llevado a cabo la sanción y “excederse en sus facultades” al “impedir que votáramos”.

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El conflicto estalló el pasado jueves, cuando el Legislativo suspendió a Castro y Fernández, del bloque Cambia San Juan, con los votos de los oficialistas Giménez, Luis Roca y la bloquista Marina Poblete. Los concejales Franco Buffagni y Pedro Gómez, del sector de la dirigente peronista Sonia Carina Recabarren, enfrentada con la jefa comunal, se inclinaron por la negativa. Según señaló el opositor, el titular del Concejo no contabilizó su voto ni el de Fernández.

El tema, explicó Castro, es que la Carta Orgánica establece que se necesitan los dos tercios del cuerpo deliberativo para tomar una medida como la suspensión, es decir, cinco de los siete ediles, los que estaban presentes en su totalidad. Por eso, resaltó que la decisión es arbitraria, ya que tan sólo se llegó a la cifra de tres, sumado a que indicó que no los dejaron votar.

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La medida impulsada por el oficialismo departamental se basó en la denuncia que pesa contra Castro y Fernández, quienes fueron acusados por la secretaria de su propio bloque de que la presionaban y le exigían que debía depositarles el 50 por ciento de su sueldo. La causa la está investigando el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Delitos Especiales.

Bajo ese contexto, se llevó adelante la sesión del pasado jueves, que estuvo cargada de tensión, gritos y acusaciones, la que culminó con la suspensión de los dos ediles orreguistas.

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Castro señaló que entre hoy o mañana estarán presentando una acción de amparo con una cautelar. Este último planteo apunta a una rápida restitución en sus puestos, si es que la Justicia así lo determina. El amparo tiene como objetivo la declaración de inconstitucionalidad de la resolución del Concejo, es decir, es la definición de la cuestión de fondo.

El concejal opositor reiteró que el trasfondo de la medida del Legislativo obedece a que el oficialismo tiene que renovar sus autoridades y no cuenta con los números para imponer a uno de los suyos. Sucede que Buffagni y Gómez han acompañado a los dos ediles de Cambia San Juan en muchas de las votaciones y de las más sensibles. Así, las votaciones han salido cuatro a tres en contra del espacio de la intendenta.

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De esa manera, el oficialismo puede sufrir un duro revés en la definición de los máximos representantes del Concejo. La Carta Orgánica establece que el presidente del Concejo debe ser del mismo palo político de la jefa comunal. En el orreguismo departamental entienden que tanto Buffagni como Gómez encuadran en esa figura, ya que, si bien fueron con Recabarren en una lista distinta a la de Rosas, formaron parte del mismo frente electoral que condujo el PJ, al punto que compartieron diputado departamental.

El oficialismo municipal ya venía barajando la idea de la suspensión de Castro y Fernández frente a la denuncia que cargan por presunta extorsión, ya que el Concejo puede tomar ese tipo de norma disciplinaria, aunque no haya una resolución de la Justicia y siempre y cuando les diesen los números.

No obstante, el sector de Rosas encaró la medida sancionatoria, la que estará bajo la lupa de la Justicia. Además de los conflictos políticos, el Concejo Deliberante ya atravesó por una experiencia en la que tuvo que intervenir la Justicia.

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Fue al inicio de la segunda gestión de la intendenta, cuando renunció la peronista Adriana Ginestar, que había entrado por la lista de Recabarren, para asumir como fiscal en el Poder Judicial. El oficialismo departamental impulsó y dispuso que asumiera Miriam Ábrego bajo el argumento de que se respetase la paridad de género en la composición del Concejo. Lo cierto es que Ábrego está alineada con Rosas y era un voto a su favor.

Sin embargo, Pedro Gómez presentó un amparo y una cautelar porque señaló que tanto el Código Electoral como la Carta Orgánica indican que el reemplazante debe ser el que sigue en la lista, que era él. El juez Luis Arancibia, del Tercero Civil, le hizo lugar a la cautelar y al amparo, por lo que terminó asumiendo el dirigente aliado a Recabarren, que vota junto a Buffagni, en sintonía con Cambia San Juan.

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