Hizo una presentación policial
Tras la audiencia en la Justicia, concejal orreguista denunció al intendente de Angaco por amenazas
Andrés Olivera es concejal de Angaco, cargo al que llegó de la mano de un armado orreguista en el departamento. Fue el único edil que votó en contra del acuerdo de conciliación y reparación impulsado por el intendente José Castro, con el que busca zafar del juicio en el que está procesado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de sus deberes como intendente y abuso de autoridad. Como concejal y vecino del departamento, participó de la audiencia en la que la Justicia definió que el 20 de marzo emitirá un dictamen sobre si el acuerdo conciliatorio y el aporte de 5 millones de pesos son válidos para que Castro no vaya a juicio. Al finalizar cruzó unas palabras con el jefe comunal y, según su parecer, fue amenazado con la frase “cuídate”, por lo que decidió denunciar ese hecho en la Policía, con una exposición radicada en la Comisaría 20, de su departamento. Olivera sostiene que se sintió intimidado y la radicó la denuncia para “resguardar mi integridad física y emocional y también la de mi familia”.
El intendente de Angaco atraviesa una compleja situación judicial. Es que, además del juicio en su contra por los hechos ocurridos a fines de 2019, cuando fue denunciado por quienes eran concejales por presuntamente haber utilizado maquinaria y personal municipal en un terreno privado de Chimbas, el jefe comunal enfrentará un segundo expediente que se tramita en la UFI Delitos Especiales.
Según confirmó el abogado de Castro, Marcelo Fernández Valdez, y también lo confirmaron fuentes oficiales, el fiscal Francisco Nicolía solicitó una audiencia de formalización contra el intendente y los tres concejales que dieron el OK para el convenio de conciliación: Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. La decisión fiscal no es menor, ya que, con el pedido de formalización, el Ministerio Público entiende que hay elementos suficientes para imputarle delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y, hasta, encubrimiento agravado. La audiencia quedó programada para el miércoles 11 a las 16.
Fuentes calificadas entienden que el convenio que promovió Castro y que tuvo el apoyo de los tres concejales es ilegal y que va en contra de lo que establece la Constitución Provincial sobre las atribuciones de un Concejo Deliberante y un intendente, y también choca legalmente con lo que indica la Carta Orgánica municipal, que, para Angaco, está regida por la ley 430 – P. Por ejemplo, la sesión en la que el Concejo aprobó el acuerdo para que Castro zafe del juicio fue extraordinaria, ya que el cuerpo deliberativo todavía no inició su período de sesiones ordinarias. Dichas sesiones extraordinarias, según la ley, tienen un fin específico y se pueden realizar siempre y cuando exista “un asunto de interés público y urgente”. Según explicaron, en dicho acuerdo el único interesado es Castro y fue urgente solo para su necesidad, ya que el tribunal había fijado fecha de juicio para el 23 de febrero y la sesión se dio cuatro días antes.
Sobre la denuncia por amenazas, Olivera indicó que se sintió intimidado por el intendente cuando este le expresó, al finalizar la audiencia, “cuídate”. Sobre ese punto, el edil sostuvo a este medio: “¿De qué me tengo que cuidar yo?”, al tiempo que dijo que la expresión de Castro fue “en tono amenazante”. También sostuvo que “hubiese preferido que me diga ‘felicitaciones concejal por estar acá defendiendo los intereses del departamento’, como corresponde”.
Según pudo confirmar 0264Noticias, la denuncia se presentó en la Comisaría 20 y está dirigida contra “Castro Galdenao, José”, y se aclara que el hecho se produjo “en la Sala 1 del subsuelo del Palacio de Tribunales, en Capital”.
El cronograma judicial contra Castro tendrá su primer día el próximo miércoles, cuando se deberá presentar ante un juez a solicitud del fiscal Nicolía. Lo mismo deberán hacer los tres ediles que lo apoyaron: De los Ríos, Paredes y López. Luego tendrá otra audiencia el viernes 20, cuando el tribunal de juicio resolverá un pedido de suspensión y si el acuerdo presentado por el intendente de Angaco, con el que busca homologar una conciliación y reparación integral por 5 millones de pesos, es válido.
Sobre la denuncia policial, esta debe recaer en la UFI Genérica, bajo la coordinación de los fiscales Daniela Pringles e Ignacio Achem, quienes deberán determinar si corresponde formalizar una investigación o archivar la denuncia.