Fiscalía solicitó 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para el excomisario Padilla: la semana que viene, el fallo

Este viernes, se desarrolló una jornada clave en el juicio que tiene como uno de los acusados al excomisario de la Policía de San Juan, Gustavo Padilla. Es que, según fuentes judiciales, se desarrolló la audiencia con el alegato de parte de la Fiscalía, que en este caso está representada por la doctora Silvina Gerarduzzi. En ese sentido, la solicitud contra Padilla fue de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, pues es acusado del delito de 'peculado' y otras maniobras fraudulentas.

A su vez, la fiscal decidió cambiar la imputación al ex sargento ayudante, Néstor Gómez, pasando de peculado a encubrimiento, pidiendo una condena de un año de prisión en suspenso. Mientras que, para el exoficial principal Ulises Chirino, solicitó la absolución al considerar que no tuvo intervención como los otros dos sujetos en el delito.

Mientras que, la defensa de los expolicías, encarnada en el abogado Gustavo Sánchez, alegó la absolución de los tres por considerar que no está comprobado el accionar delictivo.

De esta manera, la próxima semana se espera el fallo del juez, Víctor Muñoz Carpino, sabiendo que aunque Padilla y Gómez sean encontrados culpables, evitarán la cárcel.

El origgen de esta causa contra Padilla se da en 2019, en una serie de sospechas sobre la utilización y apropiación de un auto Chevrolet Corsa que habían sido secuestrados por la Justicia y permanecían en el depósito policial. Según la acusación, Padilla habría intervenido en operaciones irregulares para adquirir uno de esos vehículos que se encontraba bajo su custodia.

El caso adquiere mayor relevancia porque Padilla ya había sido condenado en 2021 por un episodio similar. En aquella oportunidad, la Justicia lo encontró responsable de utilizar para fines personales una camioneta Toyota Hillux que también había sido incautada en un procedimiento y que debía permanecer bajo custodia oficial. Por eso fue, recibió una pena de seis meses de prisión condicional (sin cárcel) por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes como funcionario público.