Difícil escenario
Tras la suspensión, perfila que el juicio contra el intendente de Angaco por malversación se podrá retomar en 2027, año electoral
La decisión que tomaron los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) es clara: “suspender el trámite procesal… hasta que se decida mediante sentencia firme” el legajo penal que se inició en el sistema acusatorio contra el intendente de Angaco, José Castro, y los concejales. Esto implica que el juicio que estaba previsto iniciarse en febrero contra el jefe comunal, por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad cometidos contra el municipio, quedó en un stand by. ¿Hasta cuándo? Hasta que exista una resolución definitiva en la causa que inició el Ministerio Público Fiscal, cuando denunció a Castro y los tres concejales por negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario. Hasta el momento, esa investigación no está iniciada, por un planteo que hicieron la defensa de Castro y los ediles, por lo que no hay una fecha estimada de inicio, si ocurre. Así, distintas fuentes consultadas estimaron que el juicio contra Castro por los hechos denunciados en 2019 tendrá inicio recién en 2027, con un condicionante, se trata de un año electoral donde el jefe comunal puede ir por un segundo mandato.
Entre las fuentes consultadas hay quienes sostienen que la resolución del tribunal de juicio, que suspendió el debate, benefició a Castro porque le otorgó tiempo y lo dejó bajo una incertidumbre que hasta una semana antes del 23 de febrero no tenía: si irá o no a juicio. A su vez, hay otros que ven una complicación al tener en cuenta que, si bien la discusión judicial fue postergada, la resolución puede recaer en los inicios o mediados de 2027. El año que viene habrá elecciones generales en San Juan, donde la ciudadanía elegirá autoridades, desde concejales, pasando por intendentes, diputados y gobernador. Además, en el ámbito político ya comenzó a circular la posibilidad de que el oficialismo decidiría adelantar los comicios; incluso, se habla de mayo. En esa línea, si bien Castro no tendrá una definición judicial en el corto plazo, lo que sería favorable, podría recaer en pleno armado político electoral para 2027 o, también, cerca de las elecciones.
Castro fue intendente de Angaco en el período 2011-2019, estuvo ausente cuatro años, cuando la comuna quedó en manos de Carlos Maza, y luego regresó al ganar las elecciones de 2023. Así, atraviesa un primer período en el sillón angaquero con la posibilidad de repetir en el cargo en 2027.
Pero se encuentra atravesando una denuncia en la que está procesado y a la espera de juicio. Para que esa causa avance, debe resolverse la denuncia en el sistema acusatorio. La fiscal Silvina Gerarduzzi denunció a Castro y los concejales por el convenio que firmaron y que fue presentado en el juicio a modo de reparación integral del daño. El intendente ofreció pagar 5 millones de pesos para que sean destinados a una entidad benéfica de Angaco en un acuerdo que firmó con el Concejo Deliberante, cuerpo deliberativo que, con otra integración, lo denunció a fines de 2019 por haber, presuntamente, utilizado maquinaria y personal municipal en un predio de Chimbas.
Con la firma del acuerdo, Gerarduzzi pidió que sean investigados por negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario, ya que entendió que tanto Castro como los ediles se arrogaron facultades judiciales al intentar resolver un tema penal con un acuerdo. El fiscal que tomó el caso pidió abrir la investigación por 6 meses, pero la defensa de Castro y los concejales se opuso al entender que no es una causa penal y, si hay cuestionamientos al acuerdo, debería analizarse en el fuero contencioso administrativo.
El juez, hasta el momento, no abrió la investigación y habilitó que otro juez, de impugnación, resuelva si la denuncia de Gerarduzzi debe tramitarse en el sistema acusatorio. Si se define que sí, recién en ese momento se abrirá una investigación penal preparatoria por 6 meses. Fuentes judiciales indicaron que esa definición se podrá conocer en un plazo de entre 30 a 40 días, esto es, fines de abril o mayo.
Luego, de llevarse adelante la investigación, el fiscal Francisco Nicolía tendrá 6 meses para presentar un control de acusación contra Castro y los concejales o archivar la causa. Si avanza, solicitará un juicio que, una vez que se resuelva podrá ser revisado por un tribunal de impugnación, para luego, eventualmente, recaer en la Corte de Justicia a través de algún planteo. Cuando todo eso ocurra, recién en ese momento la causa quedará con “sentencia firme” lo que habilitaría al juicio a comenzar. Fuentes judiciales estimaron que con los plazos y las presentaciones que se pudieran hacer, el juicio quedaría habilitado recién en 2027.
Además, eso no es lo único: estimando que el debate se retome el año que viene, y si hay sentencia, la decisión, con seguridad, será apelable ante la Corte de Justicia, ya sea por la defensa de Castro como por fiscalía. Cuando exista decisión de la Corte, recién ese fallo quedará firme, situación que podría demandar, por lo menos, todo el año que viene, dijeron especialistas.
En el ámbito político, una causa penal en la que esté involucrado un intendente y, ahora, concejales no es buena para el sector al que pertenezcan, más si existe la posibilidad de que recaiga sobre ellos una condena. La causa en el sistema acusatorio puede ser rechazada o descartada si el fiscal del caso entiende que no hay elementos suficientes para realizar una formalización. También puede realizarse un juicio, con una eventual condena que puede involucrar la inhabilitación para ocupar cargos públicos.