A 50 años del golpe
La investigación y los megajuicios por delitos de Lesa Humanidad, sus protagonistas y los condenados
El 21 de agosto de 2003, por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner, el Congreso sancionó la ley 25.779 que declaró la nulidad insanable de las normas conocidas como Punto Final y Obediencia Debida, que habían sido aprobadas en 1986 y 1987 respectivamente, las que habían puesto un freno a las denuncias por delitos de lesa humanidad. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un respaldo clave al declarar la inconstitucional de dichas normativas a través del histórico “fallo Simón”.
De esa forma, el camino quedó despejado para la investigación y juzgamiento de los represores en todo el país y, en San Juan, las causas se tramitaron en el Juzgado Federal N°2. A partir de 2006, juez Leopoldo Rago Gallo y su equipo instruyeron las denuncias y los expedientes, los que dieron forma a los tres megajuicios que se llevaron adelante en la provincia.
El primero comenzó el 7 de noviembre de 2011 y finalizó el 4 de julio de 2013, con la condena de los jueces mendocinos Héctor Cortes y Alejandro Piña y su colega puntano Raúl Fourcade, del Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan. Los magistrados castigaron con prisión perpetua a Jorge Antonio Olivera (el jefe de Inteligencia del RIM 22), Horacio Julio Nieto (jefe de la Policía Federal) y Osvaldo Benito Martel, mientras que a Gustavo Ramón De Marchi, Juan Francisco del Torchio y Daniel Rolando Gómez le aplicaron penas de 25 años de cárcel. A su vez, Alejandro Víctor Manuel Lazo recibió una condena de 10 años de prisión.
El proceso acumuló las causas denominadas “Bustos”, “Erize” (por la ciudadana franco argentina Marie Anne Erize), “Camus” y “Amín de Carbajal”. Entre los delitos señalados, el más emblemático fue el homicidio agravado contra Erize, Daniel Russo y Juan Carlos Cámpora, además de que los imputados llevaron adelante privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, violación de domicilio y asociación ilícita.
El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17 de mayo de 2022. El primer megajuicio se focalizó en la Sección de Inteligencia (S2) del RIM 22. Sentó las bases del plan sistemático de represión ilegal y visibilizó a los “Ojos de vidrio”, los oficiales de Inteligencia que dirigían los interrogatorios bajo tortura. Se confirmó judicialmente los secuestros realizados por los grupos de tareas (la patota).
El segundo megajuicio tuvo su inicio el 31 de marzo de 2017 y culminó el 4 de octubre de 2018. Tras la acusación del fiscal General Francisco Maldonado, los jueces porteños Sergio Paduczak, Guillermo Friele y Gabriel Nardiello condenaron a prisión perpetua a Olivera, Martel, Gómez, Del Torchio, Eduardo Daniel Cardozo, Juan Carlos Coronel (exjefe de la Policía de San Juan), Rubén Arturo Ortega, José Hilarión Rodríguez, Juan Carlos Torres y Eduardo Daniel Vic.
Además, el Tribunal castigó con 18 años de prisión a Juan Carlos Méndez Casariego y con 6 a Juan Alberto Aballay. Luego de las apelaciones de los abogados defensores, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas, salvo la de Aballay, quien fue absuelto.
El proceso nucleó las causas denominadas “Nívoli”, “Mazzitelli”, “Ripoll” y “Cevinelli”. Además de los oficiales del Ejército, el juicio reveló el papel central que tuvo personal de la Policía local, que no solo brindó apoyo, sino que hubo miembros que participaron de los grupos de tareas.
Por último, el tercer megajuicio empezó el 25 de junio de 2019 y terminó el 6 de julio de 2023. En ese proceso, el fiscal fue el mendocino Dante Vega, quien llevó adelante las acusaciones. El TOCF, integrado por los mendocinos Alberto Carelli y María Paula Marisi y su colega puntana Gretel Diamante, condenó a prisión perpetua a Olivera, Gómez, Cardozo, Del Torchio, Coronel, Miguel Ángel Nicolás Megías y al exfiscal federal Juan Carlos Yannello.
Además, castigó con 12 años de cárcel a Eusebio Jurczyzyn, con 10 a Marcelo Edgardo López, con 9 a Felipe Pedro Molina, con años 8 años y 6 meses a Andrés Walter Alderete, con 7 años a Rubén José Mondaca y a Araldo Alfredo Medina, con 6 años y 6 meses a Eduardo Ernesto Traverso, con 5 a Jorge Manuel Laiseca y con 4 a Juan Carlos Turón.
Tras las apelaciones, la Cámara Federal de Casación Penal, con voto dividido, anuló la condena a perpetua contra Yannello como coautor funcional de los delitos de homicidios y torturas y recalificó su conducta como autor del delito de omisión de promover la persecución penal. Así, los camaristas dispusieron que el expediente baje al TOCF para la imposición de una nueva pena, la que será sensiblemente menor.
Además, la Cámara absolvió de forma total a Alderete y Laiseca, y de manera parcial a Jurczyzyn en siete hechos, dado que confirmó su sentencia por otros casos. Por eso, el Tribunal sanjuanino deberá dictar una nueva condena.
En el último gran juicio, no solo la mira estuvo puesta en los oficiales militares y los policías, sino, también, en falsos enfrentamientos con militantes para justificar homicidios. Además, se juzgó la pata judicial, a través de la participación del exfiscal Yannello, una historia que merece un párrafo aparte.