Justicia Federal
El juicio contra el reconocido abogado penalista, De la Fuente, arrancará el mes que viene o más tardar en junio
Tras casi dos años de espera, el reconocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, se sentará en el banquillo de los acusados. Fuentes oficiales confirmaron que en el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) trabajan para que el juicio se inicie el mes que viene o, a más tardar, en junio. Incluso indicaron que las autoridades judiciales se encuentran decepcionando las pruebas que serán utilizadas en el debate, las que deben ser depuradas. De la Fuente está acusado de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Junto a él, también está detenido el colombiano John Sebastian Quevedo, quien, en principio, figuraba como “socio” en el estudio de modelaje “Belle Argentina”. Según la acusación, unas 21 mujeres realizaron transmisiones en vivo (streaming) de contenido erótico y actos sexuales con usuarios de otros países.
El avance para el desarrollo del juicio fue confirmado por fuentes judiciales, luego de que en febrero pasado el juez Leopoldo Rago Gallo cerrara la instrucción y elevara el expediente para que se realice el debate. Con ese paso cumplido, el TOCF quedó habilitado para fijar una fecha, lo que ocurrirá en los próximos días. En esa línea, las fuentes aseguraron que será el mes que viene o, a más tardar, en los primeros días de junio. Un dato no menor es que De la Fuente lleva casi dos años detenido y según indica la ley, una persona no puede estar con prisión preventiva más de dos años “sin que se haya dictado sentencia”. La norma también establece que puede existir una prórroga de la detención por un año más, pero desde el TOCF explicaron que buscarán no recurrir a esa facultad, ya que hay intenciones de que el juicio comience en abril o en los primeros días de mayo. Por otro lado, se supo que no será un tribunal quien realice el juicio ya que el debate será unipersonal y el juez federal Daniel Doffo será el magistrado a cargo.
La causa que lo tiene en la mira al abogado penalista Gustavo de la Fuente es la que comenzó en 2024 cuando Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo que incluyó allanamientos, secuestro de materiales y detenciones. La causa fue impulsada por el fiscal federal Francisco Maldonado que, tras seis meses de investigación, le solicitó al juez federal Leopoldo Rago Gallo realizar el operativo, el que se terminó concretando en los primeros días de julio. Luego la causa fue tramitada por el fiscal Fernando Alcaraz, quien hizo el requerimiento de elevación a juicio.
De la Fuente, reconocido abogado penalista de la provincia, fue detenido por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Es que en los allanamientos encontraron contratos firmados por las mujeres en los que se establecía que la “empresa” no podía quedarse con más del 50 por ciento de lo que se pagaba por la difusión de los videos o streamings, es decir, la transmisión en vivo con interacción de los clientes que pagan, por ejemplo, una suscripción. Los investigadores sospechan que las mujeres no tenían conocimiento de cuánto se cobraba, dado que “los socios” manejaban todo. Además, entienden que pudo haber existido un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, ya que las mujeres víctimas serían de condiciones humildes.
Además del abogado penalista, fue detenido el colombiano John Sebastián Quevedo y también Wuillider Rodríguez Martínez, quien había quedado procesado como partícipe secundario en la maniobra, pero, según las fuentes, finalmente habría sido sobreseído ya que no fue parte del requerimiento de elevación a juicio fiscal.
La imputación contra el abogado y el colombiano se basa en el artículo 145 bis del Código Penal, el que castiga con prisión de 4 a 8 años al que “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación”. La figura se agrava de 5 a 10 años cuando “mediante una situación de vulnerabilidad”, hubiese tres o más víctimas y en el delito participaran tres o más personas. Y se endurece aún más “cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas”, con penas que van de 8 a 12 años de cárcel.