Derecho a la salud de un menor
La Justicia Federal obligó a la ex IOSFA a entregarle a un niño un medicamento costoso, aunque sigue la pelea judicial
Tiene 12 años y carga con un duro diagnóstico: déficit de hormona de crecimiento. El tratamiento implica el suministro de forma diaria y continua de un medicamento de alto costo, que ronda los 2 millones de pesos. A través de su padre, miembro de Gendarmería Nacional, el menor es afiliado del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad (IOSFA), el que arrastra una millonaria deuda y corte de prestaciones en todo el país. En ese escenario, la entidad suspendió la entrega del remedio, pero, luego de que el papá del chico presentara un amparo con una cautelar en la Justicia Federal, consiguió que se reanudara el suministro desde junio del año pasado.
Sin embargo, asoma como una pelea judicial extensa, dado que, de acuerdo al expediente, la entrega del medicamento se dio hasta enero, lo que fue expuesto por el afiliado en las últimas semanas. A su vez, los representantes legales de IOSFA han arremetido en la causa, ya que han solicitado que se cierre el juicio debido a que han sostenido que el demandante no ha impulsado el proceso con acciones judiciales y se le han vencido los plazos, lo que se conoce como “caducidad de instancia”.
El papá del niño, a través de su abogado, han rechazado el planteo y la definición está en manos del Juzgado Federal N°1 de San Juan, que subroga Leopoldo Rago Gallo, en la Secretaría Civil N°1, a cargo de Ezequiel Recio.
La situación de la obra social es sumamente delicada, además de la crisis económica que está atravesando. Sucede que el Gobierno nacional del presidente libertario Javier Milei dispuso un desdoblamiento de IOSFA. Desde el 1 de abril, entró a funcionar la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) para la familia militar y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg) para el personal de Gendarmería y Prefectura Naval. En ese cambio, se produjo una migración de los afiliados de la exentidad hacia las nuevas.
Marcelo Pereyra Cuevas, suboficial retirado de la Armada y quien viene actuando de vocero de los afiliados, resaltó que “estamos peor porque IOSFA está en disolución y OSFA no existe, es un fantasma. Hubo mucho anuncio, pero poco contenido. No existen las prestaciones en San Juan. Lo único que tenemos, hasta el momento, es que se han habilitado las prestaciones de farmacia”.
Pereyra Cuevas también destacó que son alrededor de 7.000 afiliados en San Juan. Uno de ellos, un gendarme, fue el que acudió a la Justicia Federal para que se le reanude el suministro del medicamento a su hijo. Los nombres de ambos se resguardan debido a la presencia de un menor de edad que, encima, enfrenta una enfermedad.
El amparo se presentó en julio del año pasado, en el que el padre del niño, de 11 años en esa fecha, también planteó una cautelar para que el entonces IOSFA reanude la “provisión inmediata e integral” del 100 por ciento del medicamento Norditropin Flexpro. La última entrega había sido en abril de 2025.
De acuerdo a las fuentes, el afiliado había cumplido con el envío de toda la documentación y había realizado todo el trámite administrativo, pero la obra social suspendió el envío. Hubo una continua serie de reclamos, pero la respuesta del personal era que el remedio estaba en “etapa de presupuesto”. Fue así que el padre acudió a la Justicia y tuvo el visto bueno en la cautelar por parte del juez Rago Gallo.
IOSFA apelo la resolución, a través de un abogado designado por la Procuración del Tesoro de la Nación como asistente del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional. Como la obra social integra el sector público nacional, la defensa técnica es coordinada por el órgano de asesoramiento jurídico.
IOSFA es una obra social estatal con características de ente autárquico, creada en 2013, bajo la fiscalización del Ministerio de Defensa, conducido en la actualidad por el teniente General Carlos Presti. Según informaron medios nacionales, arrastra una deuda de 212 millones de pesos, una cifra que se incrementó durante la gestión libertaria.
El abogado de IOSFA sostuvo que no hubo una “negativa rotunda o arbitraria” en la provisión del remedio, sino un proceso administrativo que estaba en trámite, con demoras propias de los sistemas de auditorías y presupuesto.
Incluso, utilizó un clásico argumento, además de otros puntos: que la obra social debe manejarse con los criterios de equidad y sustentabilidad, por lo que brindar la cobertura total de una medicación de alto costo, sin la evaluación financiera previa, pone en riesgo su capacidad para brindar el resteo de las prestaciones a los afiliados.
Sin embargo, la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza ratificó el 6 de marzo el fallo de primera instancia al remarcar el derecho a la salud como uno de los que está en los primeros órdenes, el cual tiene jerarquía constitucional y es contemplado en tratados internacionales. También los jueces hicieron hincapié en el interés superior del niño, que se trata de un chico en plena etapa de crecimiento y al que el Estado y las obras sociales deben velar por su desarrollo y bienestar.
Además, resaltaron que la falta del medicamento le puede producir al niño un “deterioro irreversible” y el fundamento del “alto costo” del medicamento no justifica la suspensión de su entrega si no hay pruebas concretas del desequilibrio financiero de la obra social.
De todas formas, IOSFA no se dio por vencido, sino que hizo un planteo para tratar de cerrar el proceso legal. Planteó la caducidad de instancia, al sostener que el demandante no movió el expediente y que se le vencieron los plazos que indica la ley y, por lo tanto, el juicio debe concluir. Según las fuentes, el afiliado resaltó que, en realidad, estaban a la espera de la resolución de la Cámara de Mendoza sobre la apelación de la cautelar y que no haya habido ningún planteo en esa etapa no quiere decir que haya existido un desinterés.
Además, denunció un hecho nuevo, dado que la obra social volvió a demorar la entrega de la medicación, dado que el último suministro se produjo en enero. En ese punto, indicó que el “modus operandi” de IOSFA es esperar al reclamo judicial para realizar una provisión parcial o aislada del remedio. En ese marco, dar por concluido el caso, a través de la declaración de la caducidad de instancia, sería dejar al menor desprotegido. Ese es el punto que seguirá en la disputa.