Lo imputaron por el robo de $13 millones de una Unión Vecinal, quedó en libertad pero continuará bajo investigación

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Abel Manzano, presidente de la Unión Vecinal de Villa Elisa, en Villa Aberastain, Pocito, quien quedó imputado en una causa por el presunto robo de $13 millones dentro de la institución.

El caso tuvo un giro llamativo, ya que fue el propio Manzano quien en un primer momento denunció el hecho. Sin embargo, con el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal comenzó a detectar inconsistencias en su relato y terminó colocándolo en el centro de la causa, de esta manera, Manzano quedó imputado provisoriamente por los presuntos delitos de hurto en concurso real con falsa denuncia.

Durante la audiencia, el fiscal Leonardo Villalba solicitó un plazo de 8 meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP) para profundizar la pesquisa. En ese período, se prevé la toma de testimonios a otros integrantes de la comisión y la recolección de pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, dado que la unión vecinal no cuenta con sistema de vigilancia propio.

Uno de los puntos que generó dudas en la investigación fue el informe pericial sobre la caja fuerte. Según se indicó, no presentaba signos de haber sido violentada, lo que contradice la versión inicial del supuesto robo. A esto se suman testimonios que señalan que Manzano habría ingresado a la sede en horarios poco habituales.

Lee también: Denunció el robo, quedó en la mira y ahora será investigado por el faltante de $13 millones en una unión vecinal de Pocito

Pese a la imputación, Manzano llegó en libertad a la audiencia y continuará en esa condición, aunque con medidas cautelares. La jueza dispuso la prohibición de acercamiento a la Unión Vecinal de Villa Elisa y a los miembros de la comisión directiva, además de la obligación de presentarse una vez al mes en la Comisaría Séptima. También se le prohibió salir de la provincia sin autorización judicial y mantener contacto con las personas vinculadas a la causa.

En cuanto a la querella, quedó en manos de la Comisión Revisora de Cuentas de la institución, representada por el abogado Idemia. Esto se definió luego de advertirse denuncias cruzadas entre Manzano y otras autoridades, como la tesorera y la secretaria, lo que impedía que estas últimas asumieran ese rol.

El monto en cuestión asciende a $13 millones, compuestos por dinero en pesos y dólares. Durante los próximos meses, la Justicia intentará determinar qué ocurrió con esos fondos y si existió una maniobra interna detrás del faltante.