La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento por el presunto fraude de $5 millones a Turismo e intimó a Fiscalía a presentar la acusación

Los imputados por la presunta defraudación de $5 millones en combustible al Ministerio de Turismo de San Juan solicitaron el sobreseimiento de la causa al considerar que venció el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) sin que el Ministerio Público Fiscal presentara la acusación. Sin embargo, el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli rechazó el planteo y ordenó a la Fiscalía que presente la pieza acusatoria en un plazo de 24 horas.

La resolución se conoció este jueves, durante una audiencia de excepciones procesales en la que las defensas plantearon la extinción de la acción penal por el vencimiento de los plazos de investigación. Uno de los abogados solicitó que se diera por extinguida la acción, mientras que otro adhirió a ese pedido. Una tercera defensa solicitó la reprogramación de la audiencia debido a la ausencia de sus representados.

Los acusados son Matías López, exempleado del Ministerio de Turismo, y Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián, quienes trabajaban en una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Ignacio de la Roza y Salta. Todos fueron desvinculados de sus respectivos puestos y están imputados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores.

El fiscal Francisco Nicolía rechazó el pedido de las defensas y sostuvo que el vencimiento del plazo de la investigación preparatoria no implica la extinción automática de la acción penal. Para fundamentar su postura, hizo referencia a los artículos 62 y 63 del Código Penal, vinculados con la prescripción de la acción penal, y señaló que se trata de una investigación compleja.

En su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal reconoció que el plazo de la investigación había vencido, pero explicó que durante la jornada se había remitido la pieza acusatoria a la Fiscalía de Estado. Según indicó, el documento contempla 268 hechos, lo que da cuenta de la magnitud del expediente.

Nicolía también mencionó el artículo 353 del Código Procesal Penal provincial, que contempla la intervención del juez ante el vencimiento de los plazos de investigación y la necesidad de intimar al Ministerio Público Fiscal a definir si presenta la acusación o solicita el sobreseimiento. Por esos motivos, pidió que se rechazara el planteo de las defensas y que la causa continuara su trámite.

La Fiscalía de Estado, que interviene como parte querellante, acompañó la postura del fiscal y consideró improcedente el pedido. Su representante sostuvo que las defensas confundían tres cuestiones diferentes: la extinción de la acción penal, la prescripción y el vencimiento de la investigación penal preparatoria.

Además, remarcó que la normativa procesal prevé un mecanismo específico para que el juez intime a la Fiscalía a definir el rumbo de la causa, sin que el vencimiento del plazo determine por sí solo el cierre definitivo del proceso.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli resolvió desestimar la excepción planteada por la defensa respecto de la extinción de la acción penal.

Como segunda medida, intimó al Ministerio Público Fiscal a presentar la acusación en un plazo de 24 horas. El magistrado tuvo en cuenta que la pieza acusatoria ya había sido remitida a la Fiscalía de Estado para que realizara la intervención correspondiente.

De esta manera, el pedido de la defensa no prosperó y la Fiscalía deberá avanzar con la presentación formal de la acusación para continuar con el proceso judicial.

Una causa que comenzó en 2023

La investigación se conoció en septiembre de 2023, luego de una denuncia presentada el 16 de agosto de ese año por presuntas irregularidades detectadas entre el expendio de combustible y la facturación al Ministerio de Turismo. El perjuicio económico inicial fue estimado en $5 millones.

En la audiencia de formalización, los integrantes de la UFI Delitos Especiales expusieron 36 hechos irregulares que involucraban a López, quien se desempeñaba como encargado y chofer de los vehículos de la cartera provincial, y a seis trabajadores de la estación de servicio.

En aquella instancia, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías Gabriel Meglioli dispuso la apertura de la investigación por un plazo de 10 meses. Desde entonces, la causa avanzó hasta la actual discusión judicial sobre los plazos de la investigación y la presentación de la acusación.