INVESTIGACIÓN

La Justicia procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibió salir del país

La medida también alcanzó al contador Mariano Cosentino, señalado como partícipe necesario del delito, y a la empresa Varianza S.A., con embargos de $700 millones y $500 millones, respectivamente.

La Justicia procesó sin prisión preventiva al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibió salir del país. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de una investigación sobre un pago de US$ 200.000 que recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado.

Además, el magistrado dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Espert. La medida también alcanzó al contador Mariano Cosentino, señalado como partícipe necesario del delito, y a la empresa Varianza S.A., con embargos de $700 millones y $500 millones, respectivamente.

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La investigación se centra en el origen de los US$ 200.000 que Espert recibió en 2019. Según la hipótesis de la acusación, el dinero habría sido justificado mediante un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado.

La acusación sostiene que ese contrato habría sido utilizado para encubrir el ingreso de fondos de origen ilícito. Entre los posibles destinos del dinero se mencionan la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Machado, empresario argentino detenido en Estados Unidos, tuvo vínculos con Espert desde 2019. Según la publicación, también habría financiado actividades vinculadas con la campaña presidencial del economista, entre ellas traslados en un avión privado, la presentación de un libro y la provisión de un vehículo blindado.

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La decisión se conoció luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara planteos de la defensa de Espert contra distintas medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez.

Entre otros puntos, la defensa cuestionó la realización de medidas posteriores a la declaración indagatoria, la incorporación de testimonios, los informes patrimoniales y los peritajes sobre dispositivos electrónicos.