Conducta bajo la lupa
Fiscalía, a punto de enviar a la Corte el caso del juez Montilla para que evalúe si le cabe una sanción por tratar de favorecer a un detenido
Luego de pedir el sobreseimiento del juez Roberto Montilla, el fiscal coordinador de la Unidad Delitos Especial, Iván Grassi, había adelantado que enviará a la Corte de Justicia el caso en el que el magistrado trató de favorecer las condiciones de un detenido amigo suyo. El plazo para hacerlo venció ayer, por lo que fuentes judiciales aseguraron que el representante del Ministerio Público mandará las actuaciones esta semana. Si bien la conducta de Montilla no constituyó un delito, la movida de Grassi apunta a que el máximo tribunal determine si incurrió en una violación a sus “deberes éticos” o irregularidad de tipo administrativa.
En ese marco, Grassi había señalado que el accionar del juez de Garantías había sido “sumamente extraña” e “inusual”. La causa recaerá en la Sala III de la Corte, la de Superintendencia, que maneja lo administrativo y el ámbito disciplinario, que deberá definir si abre un sumario y si dicho proceso concluye en si le llegase a corresponder una sanción. La ley Orgánica del Poder Judicial establece que los castigos a los magistrados llegan hasta 30 días de suspensión sin goce de haberes.
La situación de Montilla convulsionó al ámbito judicial. Luego de quedar ternado en el concurso lanzado por el Consejo de la Magistratura, fue designado el 27 de febrero por la Cámara de Diputados y el 12 de marzo asumió formalmente como juez. El 6 de abril, menos de un mes después, se vio envuelto en la polémica.
Ese día, concurrió a la Comisaría 4, de Capital, en tres ocasiones, debido a que había sido detenido un amigo suyo, al que consideraba como un tío, identificado como José Benito Martín, de 84 años, quien estaba bajo investigación por una estafa, de la cual, luego, fue sobreseído tras haber reparado íntegramente la deuda, de acuerdo al expediente.
El tema es que, según las actuaciones de Fiscalía, Montilla trató de mejorar las condiciones de detención de su amigo, dado que les “sugirió insistentemente” a los policías que se lo trasladara un hogar de adultos mayores debido a su delicada situación de salud. De acuerdo a los testimonios, invocó que era el “único juez de Garantías de turno” en la provincia.
El detenido estaba bajo la órbita del juez de Flagrancia de turno y fue la fiscal de Unidad, Paula Carena, la que presentó un informe sobre la actuación de Montilla. Eso desencadenó la investigación contra el magistrado, quien el 27 de abril enfrentó la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria. En esa instancia, el fiscal Grassi le imputó los delitos de tentativa de usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Montilla, ofuscado, denunció a Grassi por haberlo injuriado y por tráfico de influencias por las filtraciones de una serie de videos que confirmaron su presencia en la Comisaría 4. El planteo fue desestimado con duras críticas al magistrado.
Luego, el juez puso otra denuncia en la Justicia Federal en la que le apuntó al personal policial por la supuesta viralización de los registros. Fiscalía Federal se declaró incompetente de intervenir en dicha causa, por lo que ingresó en el ámbito provincial y culminó como se preveía: bajo archivo.
Tras la investigación contra Montilla, el representante del Ministerio Público le pidió al juez Pablo León su sobreseimiento. En su planteo, Grassi sostuvo que Montilla, al final, “no ejerció ningún acto funcional propio de la función o cargo del juez de Flagrancia, limitándose a sugerir insistentemente el traslado del detenido o interceder para favorecer por su situación de salud”.
Incluso, destacó que el propio magistrado “no ejerció actos propios de su investidura, toda vez, que no ordenó, no dispuso, no mandó ni decretó medida alguna sobre el detenido”. Además, remarcó que la presencia y las llamadas que efectuó Montilla a personal de la Comisaría “resultó de carácter o interés puramente personal”.
De esa forma, el fiscal consideró que no se configuraron ninguno de los dos delitos que le había imputado en un principio. No obstante, sí había adelantado que, una vez que estuviera firme la desvinculación, enviaría “copia de todo lo actuado y de éste dictamen a la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia a los fines de que evalúe” la conducta de Montilla.
Una conducta que Grassi había calificado como “sumamente extraña, inusual”, que no es “la esperada en el ejercicio de la función de un magistrado”. De había, había indicado que podía “afectar o violar los deberes éticos de los magistrados, plasmados en el Código de Ética de éste Poder Judicial”. Incluso, había señalado que su accionar “podría ser éticamente reprochable, por haberse inmiscuido en temas ajenos a su competencia”.
El fiscal enviará esta semana las actuaciones a la Corte, la que deberá decidir que se abra o no un sumario.