REVÉS PARA TAPIA
La Justicia anuló el fallo sobre la causa de la mansión de Pilar y volvió a trabarse la investigación contra dirigentes de la AFA
La disputa judicial por la denominada “mansión de Pilar” sumó este viernes un nuevo capítulo y volvió a frenar el avance de una de las investigaciones más sensibles que rodean a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había dejado la causa en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y ordenó que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que defina nuevamente qué fuero deberá continuar con la investigación.
La resolución fue tomada por la Sala I del máximo tribunal penal federal, que dejó sin efecto la decisión previa de la Cámara Federal de San Martín. Mientras no exista una definición firme sobre la competencia, el expediente continuará bajo la órbita de González Charvay, aunque el conflicto deberá resolverse otra vez en el fuero Penal Económico.
La discusión enfrenta desde hace meses al juzgado federal de Campana con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, encabezado por Marcelo Aguinsky. El eje de la pelea judicial pasa por determinar si la causa debe investigarse como un expediente ligado a bienes ubicados en Pilar o si, por el contrario, corresponde analizarla dentro de una estructura más amplia de presunto lavado de activos y administración fraudulenta vinculada a la AFA.
Los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo votaron a favor de hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Ambos sostuvieron que, de acuerdo con las normas procesales y la ley orgánica judicial, debía intervenir la Cámara Penal Económica para resolver el conflicto de competencia entre ambos juzgados.
En disidencia quedó Mariano Borinsky, quien consideró inadmisible el recurso de casación al entender que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. Además, advirtió que anular la resolución y reenviar nuevamente el expediente podría profundizar las demoras en una investigación ya atravesada por fuertes discusiones procesales. Según sostuvo, priorizar formalidades judiciales por encima de la continuidad del trámite atentaba contra los principios de celeridad y economía procesal.
La causa se inició el 1 de diciembre de 2025 tras una denuncia presentada por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se apuntó a un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos de alta gama, caballos árabes y otros bienes millonarios vinculados a dirigentes de la AFA.
El principal foco de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Pablo Toviggino, uno de los dirigentes más cercanos al presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Según consta en el expediente, la propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de 1,8 millones de dólares. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real del inmueble podría alcanzar los 17 millones de dólares.
La investigación busca determinar si la compra se realizó a través de una supuesta estructura de testaferros vinculados al dirigente deportivo. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, quien figura formalmente como titular del inmueble junto a su madre, Ana Lucía Conte. También se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación relacionada con Real Central SRL, la firma bajo la cual aparece registrada la propiedad.
Otro de los elementos bajo análisis judicial es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. A ello se suma que entre las visitas frecuentes registradas en la mansión aparece Máximo Toviggino.
La disputa por la competencia comenzó cuando González Charvay reclamó quedarse con la investigación al considerar que las propiedades investigadas se encuentran en Pilar y, por lo tanto, debían ser analizadas por la Justicia federal de Campana. Aguinsky rechazó esa postura y sostuvo que el expediente excede la cuestión inmobiliaria y apunta a una presunta estructura financiera irregular ligada a la conducción de la AFA.
En paralelo, la Cámara Penal Económico también tiene bajo análisis otra causa de alto impacto vinculada a las autoridades de la AFA. En ese expediente fueron procesados Toviggino, Tapia y otros dirigentes por la presunta retención indebida de aportes e impuestos por unos 19.300 millones de pesos. Además, el tribunal ratificó la prohibición de salida del país para ambos dirigentes y rechazó un pedido para cerrar la investigación.