Un policía quedó con prisión preventiva y otros cuatro fueron imputados por la golpiza y fractura a un joven

La Justicia dio un nuevo paso en la causa que investiga la presunta golpiza sufrida por Bryan Alexander Pastén dentro de la Comisaría 31ª de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio. Este viernes, el juez Alberto Caballero formalizó la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los cinco policías detenidos por el hecho y resolvió distintas medidas según el grado de responsabilidad atribuido a cada uno.

La decisión judicial hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso que Hernán Ochoa continúe detenido con prisión preventiva durante 15 días. En tanto, los otros cuatro efectivos quedaron imputados, pero continuarán el proceso en libertad bajo estrictas medidas de coerción.

Durante la audiencia, Fiscalía, representada por Iván Grassi junto a las ayudantes fiscales Gimena Cornejo y Agustina Plateo, sostuvo que Ochoa habría sido quien ocasionó las lesiones más graves a la víctima, entre ellas la fractura de una pierna. Además, argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado podría influir sobre otros policías que deberán prestar declaración como testigos.

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La defensa de los cinco uniformados, encabezada por la abogada María Filomena Noriega, no cuestionó la formalización de la investigación ni el plazo solicitado por la Fiscalía, aunque sí rechazó la prisión preventiva para Ochoa y pidió que recuperara la libertad bajo otras medidas.

En cuanto a las imputaciones, Hernán Ochoa fue acusado por los delitos de apremios ilegales y lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, al ser señalado como el presunto autor material de la agresión que provocó la fractura sufrida por Pastén.

Por su parte, el cabo José Gabriel Páez y el agente Miguel Alejandro Saldaña fueron imputados por vejaciones y apremios ilegales, debido a su presunta participación en los maltratos posteriores a la lesión. En tanto, los agentes Lucas Ortiz y Fabián Atencio fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que la investigación sostiene que presenciaron los hechos y no intervinieron para impedir la agresión.

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Aunque no permanecerán detenidos, Páez, Saldaña, Ortiz y Atencio deberán cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia mientras avance la investigación. Entre ellas figuran la obligación de presentarse mensualmente en la comisaría más cercana a sus domicilios, la prohibición de salir de la provincia o del país sin autorización judicial y la prohibición de realizar cualquier acción que pueda entorpecer la causa.

Además, el juez ordenó que los cuatro policías no puedan mantener contacto entre sí, acercarse a la Comisaría 31ª ni tener contacto con la víctima. También dispuso que ninguno continúe prestando servicios en esa dependencia policial y que sean destinados a otras comisarías mientras dure el proceso.

La Fiscalía solicitó un plazo de un año para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria, pedido que fue acompañado por la querella, representada por los abogados Cristian Ferré y Adrián Berni. La defensa tampoco presentó objeciones a ese plazo ni a las medidas de coerción establecidas.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la madre de Bryan Alexander Pastén, quien aseguró que su hijo fue brutalmente golpeado dentro de la dependencia policial el pasado 18 de julio. A partir de ahora, la investigación continuará con la incorporación de testimonios, pericias y demás pruebas para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los efectivos involucrados.