Cuál es el paso previo, inusual, que analiza Fiscalía antes de avanzar en la causa del Acueducto Gran Tulum

En el Ministerio Público no descartan llevar adelante una acción clave en el marco de la denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. Se trata de una medida inusual, que prevé el Código Procesal Penal de San Juan, y que implica informar a las posibles personas involucradas, y que eventualmente pueden ser imputadas, que se está llevando adelante una investigación. Así, dichos protagonistas, se pueden presentar con un abogado defensor, o designar uno Defensor Oficial, con el fin de llevar adelante un “control judicial anterior a la formalización de la investigación penal preparatoria”. Fuentes oficiales indicaron que ese paso está en estudio y que, de realizare, ocurrirá en el corto plazo. Es que, según trascendió, la UFI Delitos Especiales tiene tiempo hasta los primeros días de noviembre para tomar una decisión final sobre la causa. Esto es, solicitarle a un juez que se abra la instancia formal de Investigación Penal Preparatoria (IPP), lo que implicaría imputarles la comisión de un delito a una o más personas, desestimar la denuncia o archivar el expediente.

La posibilidad de comunicar a los presuntos implicados que están siendo investigados comenzó a trascender en el Ministerio Público Fiscal, luego de que el abogado Nasser Uzair, se presentará ante la UFI Delitos Especiales, como representante de los expresidentes de OSSE: Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol. Incluso, dicha acción derivó en un reclamo formal por parte del profesional ante la jueza de Garantías, Mónica Lucero, en la que solicitó acceder al expediente y que se realicen medida de prueba, pedido que fue rechazo por la justicia, bajo el pretexto de que tanto Ruiz como Sirerol, por el momento, no son parte del expediente y por eso, no pueden acceder al mismo.

Tenés que leer: "Caso Acueducto Gran Tulum: la jueza avaló la prórroga de 90 días pedida por los fiscales para seguir con la investigación"

Eso no es lo único, la medida inusual prevista en el Código Procesal Penal de la provincia, tomó fuerza luego de que en los primeros días de este mes, los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, realizaran una serie de allanamientos a las oficinas de la empresa Krah, la principal proveedora de caños para el acueducto, de la que se presume, que no cumplen con los requisitos para ese proyecto y que, incluso, se pagó un sobreprecio. Además, fuentes calificadas confirmaron que entre los allanamientos que se hicieron a principio de mes, también se secuestró documentación del presentante legal de la empresa, quien haría una presentación en estos días a través de su abogado.

Incluso, entre los materiales secuestrados a la empresa, además de documentación, fiscalía se llevó computadoras, las que espera poder peritarlas con la presencia de algún representante de la empresa, por lo que deberán ser notificados de ese procedimiento.   

Además, te puede interesar: "Acueducto: a los extitulares de OSSE les negaron la recusación y les aclararon que en esta etapa no pueden pedir otras medidas"

La opción de comunicar la causa a los presuntos implicados, sin que estén imputados formalmente, es uno de los pasos que establece la ley que rige al sistema acusatorio. Dicha norma, en su artículo 338, establece las pautas para la “Investigación previa a la formalización” e indica que “cuando el posible autor del hecho delictivo se encuentre individualizado, el representante del Ministerio Público Fiscal debe comunicarle la existencia de la investigación y hacerle saber los derechos que este Código le otorga, entre ellos el de designar abogado particular, o en su defecto, un defensor público a los fines del control judicial anterior a la formalización de la investigación penal preparatoria, para aquellos casos en que sea necesaria la realización de una medida de prueba de carácter irreproducible”.

Así, de ser notificados, las personas involucradas “pueden pedir al fiscal información sobre los hechos que son objeto de la investigación, así como sobre las diligencias practicadas y las pendientes de ejecución”. Ruiz y Sirerol intentaron realizar esa acción a través de su abogado, Uzair, lo que fue rechazado por la jueza porque, básicamente, hasta ese momento no fueron notificados de que estaban siendo investigados y tampoco eran víctimas o querellantes.

Un dato no menor es que, si fiscalía notifica a alguien que es parte de una investigación, la persona puede pedir información, y si el Ministerio Público se la niega, se la puede solicitar a un juez, quien deberá indicar si corresponde o “establecer el plazo en el que el representante del Ministerio Público Fiscal debe formalizar la investigación penal preparatoria”.

Cabe recordar que la UFI Delitos Especiales lleva adelante una investigación desde diciembre pasado, cuando el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la megaobra, luego de que el medio Tiempo de San Juan realizara una serie de publicaciones. Así, los fiscales recabaron información durante los primeros 90 días hábiles siguientes y le solicitaron a la jueza Mónica Lucero, ampliar dicho plazo por 90 días más.

Fuentes consultadas indicaron que, con la extensión de la investigación preliminar, el Ministerio Público tiene tiempo hasta los primeros días de noviembre para definir si formaliza la causa o si desestima la denuncia o la archiva.

Entre los delitos indicados por Arancibia, que podrían surgir de la investigación, figuran “negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros”.