Además de la investigación penal, abrieron un sumario a los policías denunciados por la presunta golpiza en 9 de Julio

En paralelo a la investigación que lleva adelante la Justicia, el Gobierno puso en marcha un sumario administrativo para determinar si existió un accionar irregular por parte de efectivos de la Comisaría 31ª, luego de la denuncia presentada por un detenido que aseguró haber sido golpeado dentro de la dependencia policial.

La novedad fue confirmada a 0264 Noticias por el director de Control de Gestión de Seguridad, Damián Villavicencio, quien informó que el expediente interno ya comenzó a tramitarse para establecer las responsabilidades de los uniformados que intervinieron en el procedimiento.

"Ahora iniciamos un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los efectivos policiales que intervinieron en ese procedimiento. La denuncia en la UFI la realizó la madre y hoy se presentaron acá, en la Subsecretaría, a realizar la queja administrativa también", explicó el funcionario.

La medida se da mientras la UFI Delitos Especiales desarrolla una investigación penal para esclarecer la denuncia realizada por Braian Alexander Pastén, de 29 años, quien aseguró haber sido víctima de una golpiza el pasado 18 de julio cuando permanecía alojado en la Comisaría 31ª, ubicada en Las Chacritas, departamento 9 de Julio.

Según el relato del denunciante, la agresión le provocó una triple fractura en el peroné de una de sus piernas. Tras recuperar la libertad, Pastén permanece en su vivienda con un yeso y en proceso de recuperación.

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Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la causa judicial se encuentra en una etapa preliminar. En ese marco, los investigadores buscan reunir pruebas para establecer si los hechos denunciados ocurrieron tal como fueron relatados y, de ser así, identificar a los eventuales responsables.

Para ello, la Fiscalía analiza testimonios, documentación interna de la fuerza y registros de las cámaras de seguridad de la dependencia policial. Con esos elementos determinará si corresponde avanzar con una imputación o, por el contrario, desestimar la denuncia por falta de pruebas.

Ahora, además de esa pesquisa judicial, los efectivos involucrados también deberán responder a la investigación administrativa iniciada por la Subsecretaría de Seguridad, un procedimiento que se desarrollará de manera independiente y que buscará establecer si hubo incumplimientos o faltas en el accionar policial.