Pata civil de la megacausa
Graffigna busca zafar de una demanda millonaria por una expropiación irregular que pagó el Estado
El abogado Santiago Graffigna no solo fue condenado como el jefe de una asociación ilícita que infló el valor de los terrenos que expropiaba el Estado con el fin de quedarse con millonarias sumas de las arcas públicas, sino que, también, enfrenta una serie de demandas en las que la provincia busca recuperar el dinero. En ese contexto, busca zafar de una de ellas al solicitar, tal cual lo confirmó el propio abogado, lo que se denomina caducidad de instancia, que es el cierre de una causa cuando, en un plazo de seis meses, no hay ningún movimiento que impulse su desarrollo. No obstante, en Fiscalía de Estado señalaron que cuentan y expondrán los argumentos para responder y contrarrestar el planteo de Graffigna. Así, será la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, la que deberá resolver el tema.
La demanda que está peleando Graffigna es la llamada “Luna, Benito Ricardo”, que se trató de una expropiación en Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento. En esa causa, la provincia abonó un total de 1.011.194,31 pesos en 2009. Fiscalía de Estado sostuvo que se trató de un proceso irregular, pagado indebidamente, lo que fue confirmado por el Tribunal de Juicio de la megacausa en el proceso penal. En el ámbito civil, si hubiese un fallo a favor del demandante, la suma alcanzaría entre los 7 millones y 10 millones de pesos por la actualización por interés de tasa activa del Banco Nación, indicaron fuentes consultadas.
Graffigna no fue el único demandado, ya que el organismo que defiende el patrimonio de la provincia, que en agosto de 2016 conducía Guillermo De Sanctis (hoy cortista), también había apuntado contra el actual camarista civil Roberto Pagés. Su inclusión se debió a que la expropiación del terreno iglesiano se tramitó cuando era juez de primera instancia del Cuarto Civil.
Sin embargo, el magistrado fue desligado de la demanda tras la confirmación de la Corte de Justicia, luego de que la jueza Tettamanti y tres camaristas civiles (Juan Jesús Romero, María Josefina Nacif y Sergio Rodríguez) sostuvieran que los magistrados no pueden ser demandados por el contenido de sus sentencias, salvo que sean denunciados y destituidos.
De hecho, Pagés no fue incluido en la megacausa penal de expropiaciones, a diferencia de lo que pasó con el exjuez civil Carlos Macchi (condenado) y la exjueza Rosalba Marún, quien fue procesada, pero falleció antes del juicio. De todas formas, el Tribunal de Juicio ordenó que se lo investigue al camarista por su accionar en dicha expropiación.
Por su parte, Graffigna señaló que llegaron a un acuerdo con Fiscalía de Estado para suspender los plazos de la tramitación de la causa por 20 días, que es el máximo que permite el Código Procesal Civil. Vencido ese período, puede renovarse ese parate. De acuerdo al expediente, tal suspensión se estableció el 29 de agosto de 2023 y, luego, no hubo extensión del plazo.
Frente a ese escenario, el abogado presentó el incidente de perención o caducidad de instancia, dado que sostuvo que, desde septiembre de 2023, no hubo movimientos en el expediente. El Código Procesal determina que, si la inacción se prolonga más allá de los seis meses (en primera instancia), el proceso se cierra, culmina.
¿El derecho a reclamar una indemnización o compensación queda archivado? Técnicamente, no. El propio Graffigna indicó que el Estado puede iniciar nuevamente la demanda, aunque aclaró que, si eso llegase a suceder luego de que se declarase la perención de instancia, la causa ya está prescripta. En ese marco, la acción judicial fue presentada hace 10 años, sobrepasando todos los plazos de prescripción.
No obstante, en Fiscalía de Estado, al mando de Sebastián Dávila, aseguraron que darán pelea y que esgrimirán fundamentos para rechazar el planteo de caducidad de instancia, los cuales, hasta el momento, no han trascendido. Una vez que la jueza Tettamanti analice los argumentos de ambas partes, deberá resolver el tema.
Todo gira, como se señaló, en la causa “Luna, Ricardo Benito”. Según se había expuesto en la demanda, Graffigna había presentado a Luna como el dueño del terreno de Iglesia, por lo que consiguió que el inmueble se tasara en su valor total. De acuerdo a Fiscalía de Estado, Luna sólo era titular de “derechos y acciones” sobre el lugar, lo que hubiese reducido un 30 por ciento el precio de la valuación. Para simular el título de dominio, se señala que el abogado presentó de urgencia una demanda de posesión veinteañal de urgencia.
Además, la demanda sostuvo que Graffigna, en connivencia con el abogado estatal Norberto Baistrocchi (fallecido antes del inicio de la megacausa), paralizaron por más de seis años el proceso de expropiación. Frente a esa inacción, el abogado pudo hacer el planteo de prescripción adquisitiva (posesión veinteañal) y contestar la demanda de expropiación apenas unos días después de su presentación. Lo que indicó Fiscalía de Estado era que tenía acceso a la causa gracias a la complicidad de Baistrocchi, quien fue cesanteado de dicho organismo.
El caso bajo demanda también es conocido porque el entonces juez de primera instancia Pagés avaló el llamado Plenario Luna, en el que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia (TTP) cambió drásticamente su forma de valuación al tasar terrenos rurales como urbanos. Así, se pasó de pagar por hectárea a metro cuadrado. También se sembró la sospecha sobre su presunta afirmación de que Ricardo Luna era el titular del dominio del inmueble cuando la documentación indicaba que solo poseía derechos y acciones.