SENTENCIA

Megacausa de expropiaciones: condenaron a Santiago Graffigna a 7 años y 8 meses de prisión y a otros 9 imputados por fraude al Estado

Luego de 15 años de investigación y juicio, el tribunal dio a conocer las condenas por el millonario fraude contra la administración pública.
Fotos: 0264Noticias
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Por Redacción 0264Noticias
viernes 04 de julio de 2025

Este viernes se conoció el veredicto en la denominada megacausa de expropiaciones, uno de los procesos judiciales más complejos de los últimos años en San Juan. La investigación, que se extendió por más de una década, puso bajo la lupa el accionar de una presunta asociación ilícita integrada por abogados, exjueces, exfuncionarios y peritos, acusados de inflar los valores de terrenos expropiados por el Estado provincial, generando así un perjuicio millonario para las arcas públicas. En ese marco, finalmente pasadas las 13 horas se conoció la sentencia del tribunal colegiado compuesto por María Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón.

Abogados defensores

La audiencia de lectura de sentencia se desarrolló en el Concejo Deliberante de la Capital. El principal condenado fue el abogado Santiago Graffigna, a quien los jueces consideraron jefe de la organización. Fue encontrado culpable por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tentativa de estafa y asociación ilícita en calidad de jefe. Recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva, de los cuales ya cumplió tres años en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

De sweater azul Santiago Graffigna

Además de Graffigna, el tribunal dictó otras nueve condenas de prisión efectiva. Carlos Macchi fue sentenciado a 6 años y 2 meses por fraude y estafa en dos hechos, y como miembro de la asociación ilícita. Mario Díaz recibió 6 años por fraude, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ana María Melvin fue condenada a 4 años por siete hechos de fraude, además de incumplimiento de deberes y su participación en la asociación ilícita.

 
 
 
 
 
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José Moreno recibió 3 años de prisión por fraude, estafa y el mismo incumplimiento. Néstor Adán Ruiz fue sentenciado a 4 años y 6 meses por cinco hechos de estafa y como miembro de la organización. Juan Pablo Quiroga recibió 3 años por tres hechos de fraude y Víctor Hugo Bustos, 3 años y 6 meses por su participación en tres estafas. Horacio Alday fue condenado a 6 años por coautoría en siete hechos de fraude.

Nueve de los trece imputados en la megacausa de expropiaciones

En cuanto al resto de los imputados, Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueron absueltos. Mientras que Fernando Videla no recibió condena en esta instancia, ya que será evaluado por una junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio.

De izquierda a derecha: el tribunal colegiado compuesto por Martín Heredia Zaldo, María Rosso de Balanza, y Matías Parrón.

La causa investigó durante años un esquema de corrupción estructural en el que se manipulaban las tasaciones oficiales para beneficiar a particulares en las operaciones de expropiación de terrenos. Según la investigación, se inflaban los precios para cobrar cifras muy por encima del valor real, perjudicando al Estado y beneficiando a un grupo reducido con conexiones en el Poder Judicial y en áreas administrativas clave.

Si bien las penas dictadas son de cumplimiento efectivo, los condenados no irán presos por el momento, ya que la sentencia no está firme. Deberán presentarse del 1 al 10 de cada mes en la comisaría más cercana a su domicilio, tienen prohibida la salida del país y deberán entregar todos sus documentos de viaje hasta que se resuelva su situación procesal definitiva.

La megacausa de expropiaciones investigó el pago irregular y millonario por terrenos expropiados en zonas clave como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y Canal Benavídez. La denuncia original fue realizada por el Gobierno de San Juan en 2010, durante la gestión de José Luis Gioja, luego de un sumario administrativo que detectó pagos excesivos que no podían ser justificados. La presentación judicial fue radicada el 28 de octubre de ese año ante la Fiscalía de Instrucción N.º 1, a través de la Secretaría General de la Gobernación, dando inicio a uno de los expedientes más resonantes en materia de corrupción institucional en la provincia.

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