Expropiaciones: fiscalía pidió 15 años de prisión para Graffigna, 10 para Alday y penas de entre 3 y 9 para el resto

El megajuicio por el escándalo de las expropiaciones cumplió una etapa clave antes de que se produzca la sentencia. El Ministerio Público Fiscal, órgano acusador, representado por Daniel Galvani, junto a Liliana Marinero, expuso la pretensión de penas para cada uno de los 12 imputados . En el caso de Santiago Graffigna , quien está apuntado como jefe de la asociación ilícita dedicada a estar al Estado con los juicios de expropiación, pidió 15 años de prisión efectiva, esto es, que de tras las rejas una vez que el fallo quede confirmado. Además, para su colega Horacio Alday, solicitó 10 años de prisión, para entender que fue “participe principal” del fraude, mientras que para el exjuez Civil Carlos Macchi, 8 años . Para el resto de los imputados, hubo solicitudes que fueron de los 3 a los 9 años de prisión, todos con cumplimiento efectivo, por lo que existirá una sentencia en esa sintonía, quedarán tras las rejas. Los castigos para los imputados no fue lo único que expuso fiscalía, ya que también advirtió el perjuicio que se habría ocasionado contra las arcas de la provincia si se hubieran pagado todos los juicios tramitados por Graffigna. En ese marco, dijo que la cifra alcanza por poco a los 15 millones de dólares, entre montos por expropiación más los honorarios a liquidar para el abogado.

Las pretensiones de las penas fueron ventiladas en el cierre de los alegatos de fiscalía, punto clave en el juicio. Con ese paso cumplido, ahora será el turno de Fiscalía de Estado, órgano querellante que representa los intereses de la provincia en el juicio. Dicha exposición estará en manos del abogado Rubén Pontoriero, profesional contratado por el Estado para el juicio de las expropiaciones. Luego será el turno de cada uno de las defensas de los imputados, que, con sus alegatos, intentarán rebatir las acusaciones del ministerio público fiscal y la querella.   

Frente al tribunal de juicio, integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, Galvani fue duro al sostener que “del análisis de todos los procesos fraudulentos puestos en crisis en este debate, se obtiene un patrón de conducta que se replica en forma casi idénticos en las expropiaciones. Procesos simulados, plagados de artimañas y conductas complacientes, conniventes, dolosas, con el único objetivo, por parte del jefe de esta asociación, Santiago Graffigna, de tener el control y la formulación discrecional de los mismos” . Así, dijo que “el jefe de esta asociación ilícita, junto con sus socios, Horacio Alday; el extinto Norberto Baistrocchi, por parte de Fiscalía de Estado; de los jueces Rosalba Marún de Sobelvio (fallecida) y Carlos Macchi; de Néstor Adán Ruiz, técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos, quien sirvió como nexo; de los peritos de parte, Bustos y Quiroga; del perito Mélvin y de los miembros del Tribunal de Tasaciones Fernández, Cravero, Moreno y Olivera; y el entonces Fiscal de Estado, Mario Diaz, todos ellos integrantes de esta asociación ilícita, con conductas preordenadas en cuanto a favorecer deliberadamente al jefe de esta asociación. El objetivo era obtener sentencias condenatorias con costos indemnizatorios montos irrazonables”.

En ese marco detalló los montos, algunos pagados y otros no, por el cual la provincia fue estafada en cada una de las causas. Así, Galvani dijo que “por ejemplo, en una de la causa Margarita Esquivel, el monto en dólares asciende a los 717.686,49, con honorarios regulares a septiembre del 2008 por 293.984 pesos, aproximadamente, 92.157 dólares” . Además, “en Luna, el capital en dólares fue 545.003,78 y un total de honorarios de 70.649 dólares, aproximadamente” , mientras que “en el expediente Luna Ricardo Benito, el perjuicio es de 269.651 dólares con una estimación de honorarios de 53.930, 36 dólares” . Eso no es lo único, ya que sostuvo que “en la causa Luna Manuel, el monto a pagar por la expropiación es de 828.023 dólares y una regulación de honorarios de 155.778 dólares” . A ellos se le suma, en otra causa “un perjuicio de 3.403.989 dólares y un total de honorarios de 649.463 dólares” , junto a la causa “Ruiz Guillermo, con un valor de 6.442.679 dólares, más una estimación de honorarios del 20 por ciento, por lo que llegarían a 1.288.535 dólares”. Para el expediente “Suraty, el perjuicio en dólares son 372.549 dólares y una estimación de honorarios de 74.509 dólares”.

Según dijo el fiscal, las cifras son “escandalosas” ya que la suma total alcanza casi los 15 millones de dólares. Para tener una referencia del impacto en las arcas del estado, la cifra sería poco más de 15 mil millones de pesos a la cotización de ayer, mientras que, a modo comparativo, todo el plan de pavimentación municipal que lanzó Orrego prevé un desembolso de unos 12.500 millones de pesos.

Sobre las penas, Galvani pidió que “ Santiago Graffigna sea condenado a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo , por ser autor material responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa, en 9 hechos; y por tentativa de fraude en 6 hechos. Además, por el ser el jefe de una asociación ilícita y cometer fraude por ocultamiento y sustracción de prueba”.

En el caso de Horacio Alday, “que se lo condene a 10 años de prisión efectiva por ser partícipe principal en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa; y por defraudación por ocultamiento o sustracción de medios o elementos de pruebas, más encubrimiento por recepción dolosa agravada por el ánimo de lucro”. Así, dijo que Ana María Mélvin recibir un castigo “9 años de cumplimiento efectivo por ser autor material responsable de los delitos de participación principal en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En una sintonía similar, solicitó que el exjuez Civil Carlos Macchi “sea condenado a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa. Además, integrante del delito de asociación ilícita”. Para el exfiscal de Estado, Mario Díaz “que sea condenado a la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo , por ser autor material responsable del delito de participación principal en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en función del delito de estafa. Además, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita”.

Luego detalló la participación del resto de los imputados y sus pretensiones de pena, como el caso de “ Néstor Adán Ruiz, que fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de estafa y defraudación por ocultamiento de medios de prueba e integrante. . de una asociación ilícita, mientras que, para José Díaz Moreno, que sea condenado a 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo , por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En el caso de Víctor Bustos , fiscalía solicitó una pena de 6 años de prisión efectiva por ser responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, además, integrante del delito de asociación ilícita y, para los miembros del Tribunal de Tasaciones, Eduardo Nicolás Olivera, Adolfo Cravero y Julio Cesar Fernández , un castigo de “3 años de prisión efectiva por ser autor material responsable de los delitos de tentativa de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público e integrante de una asociación ilícita”. Por último, que Juan Pablo Quiroga Ramoino , sea castigado a 5 años de prisión efectiva por ser material responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y, además, integrante del delito de asociación ilícita”.

Por la cantidad de imputados y los alegatos de cada una de las partes, la sentencia por el megajuicio de las expropiaciones se espera para los primeros meses del año que viene.