Reacción
“Torpe”, “malintencionado” y “negligente”, las duras definiciones de tres jueces contra un abogado que les metió un Jury
La empresa Carpas Argentinas había iniciado una causa civil contra la firma Puccinellia por 91 millones de pesos debido a la rescisión del contrato de alquiler de módulos y estructuras habitacionales. En ese tipo de procesos, es clave la notificación de la demanda para que aquel que recibe el reclamo pueda contestar, hacer su descargo y ofrecer pruebas. La primera de las compañías informó un domicilio para que se le enviara el escrito a la demandada y el oficial notificador, al no ser atendido por nadie, lo dejó en la ventanilla de la garita de un barrio privado, debajo de una piedra. Pese a ello, Puccinellia no respondió y la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, dio por decaído su derecho a intervenir en el caso, lo que implica que, en el juicio, sólo estarán presentes los hechos que exponga Carpas Argentinas. Así, tiene amplias chances de ganar el caso.
Nicolás Fiorentino, abogado de Puccinellia, planteó la nulidad de dicha decisión e, incluso, la apeló, pero los camaristas civiles Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez la confirmaron. Fue así que el representante legal de la empresa denunció a los tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, con el fin de lograr sus destituciones.
Así, se dio inicio al proceso en el que se debe definir si hay causales de remoción y, en esa instancia primaria, los magistrados hicieron sus descargos, los cuales contienen duros cuestionamientos contra Fiorentino. 0264 Noticias accedió a los informes que presentaron los jueces a través de fuentes calificadas.
El camarista Rodríguez resaltó que el abogado, “tras perder la oportunidad de defenderse, en perjuicio de sus clientes, por su propia torpeza y negligencia reiterada, optó por denunciar infundadamente a los jueces que intervinieron en la causa, distrayendo la atención de su cliente para aventar un juicio de mala praxis”. En otras palabras, puede interpretarse que el juez da a entender que, como Fiorentino iba a perder el juicio por estricta responsabilidad de él mismo, embistió contra los magistrados para culpar a otros y quedar bien ante su defendido.
Por su parte, su colega Pérez cuestionó que el abogado hablara de “complicidad, connivencia y corrupción judicial” cuando se dictaron las sentencias, “sin ningún fundamento legal, sólo por resultar perdidoso en un incidente, resulta un exceso malintencionado de parte del denunciante”.
A su vez, la jueza Tettamanti destacó que la movida de Fiorentino “responde a intenciones aviesas y argumentos infundados”, que su comportamiento se encuentra “apartado de la ética” y está “lejos de perseguir un sentido de justicia”. Inclusive, remarcó que las expresiones del abogado “resultan ofensivas y desproporcionadas, absolutamente impropias de un profesional del derecho”.
Por eso, la titular del Contencioso Administrativo le solicitó al Jurado que envíe las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados para que analice la posibilidad de una sanción.
El caso salió a la luz porque Fiorentino le inició un juicio político al ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, a través de un planteo en la Cámara de Diputados. El programa Demasiada información, de 0264 Radio (107.3 por FM y por el canal de YouTube de 0264 Noticias) reveló la presentación y el propio abogado había explicado que esa denuncia la hizo porque el cortista, como presidente del Jurado de Enjuiciamiento en la causa contra los tres jueces, no se inhibió de intervenir por razones de amistad con el camarista Rodríguez.
Así, trascendió el Jury contra los magistrados, el cual tuvo su origen en la demanda de Carpas Argentinas contra Puccinellia y el conflicto por la notificación. Además de sostener que ningún directivo de esta última empresa recibió la comunicación de la demanda, Fiorentino esgrimió un planteo de nulidad. Indicó que la notificación era inválida porque Puccinellia tiene su sede social en Mendoza y su domicilio fiscal en Capital, San Juan. No a donde llegó el escrito, al barrio privado Altos de Meglioli, en Rawson.
No obstante, Tettamanti, la jueza que intervino en primera instancia, rechazó 5 de diciembre de 2025 el pedido de nulidad de Fiorentino porque señaló que la dirección de Rawson era el domicilio pactado y acordado por el apoderado de Puccinellia en el contrato de locación que se había firmado con Carpas Argentinas.
El abogado apeló y el incidente recayó en la Sala III de la Cámara Civil. Los jueces Pérez y Rodríguez confirmaron el pasado 31 de marzo la decisión de primera instancia, lo que desencadenó el pedido de destitución del abogado ante el Jury de Enjuiciamiento.
En líneas generales, Fiorentino sostuvo que es “rotundamente falso” que Puccinellia haya fijado como “domicilio contractual” el Barrio Altos de Meglioli, por lo que habrían inventado un hecho inexistente. También cuestionó que los jueces hayan avalado que el oficial notificara la demanda colocando los escritos en la ventana de una garita bajo una piedra. Además, indicó que hubo una complicidad entre los magistrados para beneficiar a Carpas Argentinas y perjudicar a su cliente, Puccinellia.
En su informe ante el Jurado de Enjuiciamiento, Tettamanti ratificó que, en el contrato de alquiler, en la cláusula primera, se estableció el Barrio Altos de Meglioli como domicilio contractual por el propio Fiorentino, lo que fue ratificado en un acuerdo de partes en 2024. Incluso, fue la dirección en la que Puccinellia recibió cartas documento previas a la demanda por la rescisión del contrato, sin que hubiera ningún tipo de conflicto.
A su vez, el camarista Pérez indicó en su descargo que, en un juicio paralelo por cobro de honorarios tramitado en el Juzgado de Paz de Rivadavia, Puccinellia fue notificada exactamente de la misma manera que en la demanda de Carpas Argentinas y en la misma dirección de Rawson. En ese caso, la empresa contestó demanda y no hubo planteo de nulidad ni denuncias.
Por su parte, el camarista Rodríguez también hizo hincapié en que el contrato de locación entre las empresas, en su cláusula segunda, confirma el domicilio del Barrio Altos de Meglioli, en el que serán “validas todas las notificaciones”.
Los tres magistrados hicieron hincapié en que Fiorentino los denunció en sede penal por prevaricato, pero que tal planteo fue desestimado por el fiscal del caso y, tras un pedido de revisión, por el fiscal Coordinador de la UFI Delitos Especiales.
Tettamanti cuestionó al abogado sobre su accionar en la demanda civil al señalar que el reclamo de hizo de la garantía de defensa en juicio, tras quedar afuera por no contestar demanda, “no ampara la negligencia del litigante, quien debe responder por las omisiones en que incurra cuando el perjuicio invocado es el resultado de su propia conducta discrecional”.
Pérez remarcó que “las partes poseen los remedios procesales impugnatorios cuando no comparten o consideran errados, arbitrarios o contrarios a la ley, pero no se puede caer en la utilización antojadiza” del Jurado de Enjuiciamiento “para mancillar la labor judicial de los magistrados, imputándoles delitos que no se encuentran tipificados en esta causa”.