Los policías acusados de balear por la espalda a un joven irán a juicio oral

Este jueves se llevó adelante la audiencia de control de acusación contra los policías Bernal Fabián, cabo, y Meza Alejandro, cabo primero, ambos señalados por su presunta participación en un violento procedimiento ocurrido en Chimbas, donde un joven de 20 años terminó con 16 impactos de perdigones de goma en su cuerpo. De esta manera, la causa irá a juicio oral y público.

La audiencia estuvo presidida por el juez Rodolfo Javier Figuerola. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal Nicolás Schiattino, mientras que la defensa de los efectivos estuvo a cargo de María Rosa Sánchez y Gustavo Sánchez.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo de 2025, alrededor de la 1:15, en inmediaciones de Ruta 40 y Benavidez, en Chimbas. Según la acusación fiscal, Gustavo Agustín López Morales circulaba en motocicleta cuando fue interceptado por personal de la Motorizada N.º 1.

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De acuerdo con la investigación, los efectivos habrían perseguido al joven y efectuado disparos con postas de goma mientras se desplazaba en su moto. El ataque provocó que López Morales recibiera un total de 16 impactos de perdigones: 14 en la espalda y otros 2 en el brazo derecho.

La gravedad de las lesiones quedó registrada desde el momento de la asistencia médica. Personal del servicio de emergencias 107 que acudió al domicilio del joven constató las heridas provocadas por los perdigones.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó la acusación y detalló las penas que pretende para cada uno de los efectivos. Para Bernal, la Fiscalía solicitará 3 años de prisión condicional y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos de abuso de armas agravado, lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que en el caso de Meza, pedirá 2 años de prisión condicional y la correspondiente inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, antes de avanzar con el control de acusación, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia. Los abogados señalaron que habían requerido distintas medidas y elementos al Ministerio Público Fiscal y que, según su planteo, todavía no habían obtenido respuestas. De esta manera, pidieron un plazo de diez días para analizar las pruebas solicitadas.

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Ante este planteo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los elementos requeridos ya habían sido entregados a la defensa. Además, explicó que en audiencias anteriores se había extendido el plazo correspondiente para la realización de medidas y para la investigación penal preparatoria. Respecto de una pericia de parte solicitada por la defensa, la Fiscalía aclaró que su realización y presentación corresponde a los propios defensores y no al Ministerio Público Fiscal.

Luego de escuchar a las partes, el juez Figuerola rechazó el pedido de la defensa para suspender la audiencia y resolvió avanzar con el control de acusación.