Contrataque
El intendente de Angaco redobló la apuesta en la causa millonaria que le inició un exconcejal: ante el juez lo denunció por injurias y calumnias
El exconcejal de Angaco, José Risueño, denunció al intendente José Castro por injurias y calumnias y, además, lo demandó por 80 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados. Ahora, frente al juez y en una audiencia que se realizó el miércoles por la tarde, fue el jefe comunal angaquero quien denunció al exedil por el mismo delito, injurias y calumnias, al momento de rechazar la acusación en su contra. Castro está convencido de que la víctima es él por las declaraciones que ha vertido Risueño en distintos medios, en las que, al parecer, asegura que Castro ha cometido un fraude millonario al municipio. Por la nueva denuncia, el exconcejal deberá emitir su descargo, en una presentación que puede formular hasta las dos primeras horas del martes, indicaron las fuentes. Con la respuesta, el juez de Garantías Roberto Montilla deberá definir qué pruebas serán usadas en la causa, qué testigos van a declarar y, eventualmente, definir quién tiene razón.
La causa entre Risueño y Castro, y ahora entre Castro y Risueño, comenzó en junio pasado cuando el primero radicó la denuncia en el sistema acusatorio. Se trata de una “querella criminal” de instancia privada, por lo que no interviene el Ministerio Público Fiscal. Quien impulsa la causa es el denunciante y el imputado se defiende, mientras que el juez controla el proceso y emite una sentencia. Hasta el momento han existido pocos casos así en el sistema acusatorio. El más reciente fue el que inició el exjefe de Policía, Luis Walter Martínez, que le ganó un juicio por injurias y calumnias al policía Tiktoker, Gabriel Riveros Alday. La particularidad de la causa Risueño-Castro es que, según coinciden las partes, es la primera en la que se ha incluido una demanda civil millonaria.
El exconcejal sostiene que el intendente le produjo un daño en las declaraciones que vertió en distintos medios, en los que, al parecer, lo acusó de “maniobras de corrupción, manejo irregular de fondos y conductas deshonrosas”. Así, le reclamó que le pague 80 millones de pesos por daño moral.
En la audiencia que se produjo el miércoles, el intendente José Castro, a través de su abogado, Marcelo Fernández, negó los hechos al punto de que indicó que no existe delito por las declaraciones que el jefe comunal manifestó contra Risueño. Sostuvo que el exedil ha interpretado algo que dijo Castro en los medios a través de las notas periodísticas, donde, al parecer, lo acusó de maniobras de corrupción y manejos irregulares de fondos cuando Risueño era empleado municipal y se desempeñaba en la Tesorería. No fue lo único, ya que negó la demanda civil millonaria porque el exconcejal no cumplió con un punto clave: no demostró de qué manera llegó al monto de los 80 millones de pesos, ya que no aportó pericias ni informes.
Pero fue más allá al redoblar la apuesta y contraatacar al denunciar a Risueño por injurias y calumnias. Según Castro, al parecer, este último sí dio declaraciones en los medios en las que habría afirmado que el intendente defraudó al municipio en millones de pesos con la compra de combustible. En su momento, en la anterior gestión, en 2018, el entonces concejal denunció al intendente por la presunta comisión de ese delito, denuncia que hizo en la Justicia, y según Risueño, no tiene noticias de que haya avanzado. Para Castro, no existe causa penal por esa presunta denuncia, por lo que el exedil ha cometido el delito de injurias y calumnias.
Sobre la nueva denuncia, Risueño se debe defender, tarea que concretará junto a su abogado Marcelo Arancibia. Según se supo, ambos letrados coincidieron en que esa posibilidad para ejercer la defensa debe ocurrir, por lo que el juez Montilla dio un plazo que finaliza el martes a las dos primeras horas. Luego la causa deberá continuar.
La relación entre Castro y Risueño no siempre fue mala. Supieron ser socios políticos hasta que hubo un quiebre en los últimos años de la primera gestión del intendente en Angaco. El exedil fue uno de los que denunció que el jefe comunal utilizó maquinaria y personal municipal para realizar tareas en un predio privado de Chimbas, causa que está a la espera de juicio, suspendida hasta que exista “sentencia firme” en la causa en la que Castro y tres concejales están en la mira por abuso de autoridad, encubrimiento y ejercicio incompatible con la función pública.