Exconcejal de Angaco denunció al intendente por sus dichos en los medios y le reclama $80 millones por daños y perjuicios

El exconcejal de Angaco, José Risueño, denunció al actual intendente José Castro. Lo hizo en la Justicia penal por el presunto delito de calumnias e injurias y, como agregado, en el escrito incorporó una “acción civil” por daños y perjuicios, donde el exedil le reclama al jefe comunal que le pague 80 millones de pesos por daño moral. Risueño denuncia que Castro le produjo un perjuicio luego de que, en declaraciones a diferentes medios, indicara que, a mediados de 2016, él realizó “maniobras de corrupción, manejo irregular de fondos y conductas deshonrosas”, cuando se desempeñaba como miembro de la Tesorería municipal, cargo para el cual asegura pidió licencia para asumir en el Concejo Deliberante. Un punto no menor es que Risueño es uno de los ediles que a fines de 2019 denunció a Castro por, presuntamente, haber utilizado maquinaria y personal municipal en un predio de Chimbas. Por esta última causa, al jefe comunal se le fijó fecha de juicio, proceso que quedó suspendido porque se generó otra causa que se tramita en el sistema acusatorio y donde también están involucrados tres concejales actuales de Angaco.

Risueño y Castro fueron socios políticos, pero la relación entre ambos se rompió. El primero, siendo concejal, se distanció de los lineamientos y objetivos del jefe comunal, mientras que el segundo ha indicado que lo expulsó del espacio político que integraban. Si bien no fue ese el motivo, dicha relación tuvo su punto más álgido a fines de 2019, cuando Risueño, junto con los concejales Mario Pacheco, Valeria Garay y Alberto Fernández, denunció a Castro por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública. Previo a la denuncia penal, Risueño fue quien realizó una exposición policial al conocer y detectar que personal y maquinaria municipal se encontraban haciendo tareas de nivelación en un terreno privado de Chimbas, donde también se encontraba Castro, quien en su momento era intendente.

Sobre la denuncia y la causa penal en su contra, que está camino a juicio pero que se encuentra suspendida, el intendente viene sosteniendo que es producto de una “persecución política” y que así lo va a demostrar llegado el momento. Dichas declaraciones las ha vertido en diferentes medios de comunicación, en los cuales, según Risueño, Castro ha manifestado que el exedil ha realizado maniobras de corrupción y manejos irregulares de fondos cuando era empleado municipal y se desempeñaba en la Tesorería. Según Risueño, el intendente ha realizado esas duras acusaciones en entrevistas realizadas en Radio del Sur, Canal 5 Telesol, el sitio digital de Canal 13, Radio Santa Lucía y Diario Urbano. En esa línea, ha aportado las notas correspondientes y los extractos donde Castro lo habría acusado de cometer esos delitos.

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Por esos dichos, Risueño ha sostenido que Castro tiene la clara intención de “desacreditar mi honor, reputación y consideración social”, situación que se ve agravada por el cargo de intendente que ocupa Castro. En esa línea, indica que, con sus declaraciones, le ha provocado “un daño de extraordinaria gravedad, afectando no solo el honor subjetivo, sino también la reputación social, credibilidad pública, dignidad personal e imagen comunitaria”.

Por eso, no solo le ha realizado una querella penal sino, también, una demanda civil por 80 millones de pesos. Es que “el daño ocasionado excede ampliamente la mera mortificación espiritual pasajera, configurando una lesión profunda a derechos personalísimos, constitucional y convencionalmente protegidos”.

Fuentes del caso indicaron que la inclusión de la demanda civil en la causa penal radica en la intención de que ambos procesos se traten en conjunto en la instancia penal. Así, de ser encontrado culpable, un juez puede determinar, en la misma resolución, la cancelación del reclamo civil. A modo de ejemplo, expresaron que eso no ocurrió en la causa que inició el exjefe de Policía, Luis Martínez, contra el “Policía tiktoker”, Gabriel Riveros Alday, quien resultó condenado a pagar la irrisoria suma de 20.000 pesos por las injurias realizadas.

Risueño sostiene que Castro debe ser declarado culpable del delito de injurias pero, además, que le de pagar 80 millones de pesos a modo de “reparación integral del daño al honor” dado que se debe ponderar la “la gravedad objetiva de las imputaciones, la jerarquía institucional del emisor, la amplitud de la difusión, el impacto comunitario, la persistencia temporal del daño, la falsedad consciente de las expresiones y la afectación espiritual, social y reputacional ocasionada”.

También se hizo referencia a “la negativa a retractarse” dado que Risueño, previo a la denuncia, le envió una carta documento a Castro para darle la posibilidad de que exprese lo contrario. Las fuentes indicaron que el jefe comunal respondió la misiva después de realizada la denuncia y que en la misma niega todo lo expresado.