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Con nuevo miembro, el Jury pidió el expediente que originó la causa contra una jueza de Paz e informes sobre una denuncia y si tiene un sumario
El Jurado de Enjuiciamiento se reunió el pasado viernes y avanzó en la tramitación de la causa contra la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá. En primer lugar, se aceptó la inhibición de uno de sus integrantes y juró su reemplazante, el abogado Horacio Vargas. En segundo término, el Jurado solicitó el expediente que desencadenó el conflicto y el planteo de destitución de la abogada Natalia Aveledo contra la magistrada, el cual está radicado en el tribunal caucetero.
Además, el organismo solicitó informes sobre el estado de la denuncia penal que le entabló la misma profesional a Salvá y si la Corte de Justicia le abrió un sumario por una anterior causa, en la que había zafado de otro pedido de remoción, indicaron fuentes calificadas.
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Aveledo le había revelado a 0264 Noticias que denunció a la jueza ante el Jury por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y diversas irregularidades. Según la abogada, Salvá tomó diversas medidas erróneas en la causa en la que ella representa a una mujer que enviudó y que vive en Caucete, junto a los cuatro hijos que tuvo fruto de su matrimonio con su marido fallecido.
El conflicto se desató ante la aparición, tras la muerte del hombre, de una hija extramatrimonial. En ese marco, se hizo la presentación de la menor, a través de un abogado, para formar parte de la división de bienes. El tema es que se planteó que todo se hiciese en la actualidad, no a futuro, una vez que fallezca la mujer fallezca, explicó Aveledo, quien cuestionó que la magistrada avalara tal situación.
La abogada contó que la causa avanzó al punto que Salva fijó honorarios muy elevados para el profesional que representa a la hija extramatrimonial, con lo que habría forzado la venta de un inmueble. No es lo único, ya que Aveledo destacó que el 25 de junio del año pasado, recibió a las 12.20 horas, un llamado de parte de la jueza, quien pretendía acordar unos honorarios más altos, en otra causa donde ambos tuvieron intervención. Por eso, la profesional realizó también una denuncia en la UFI Delitos Especiales.
Luego de que la abogada ratificara su acusación ante el Jury, sus miembros comenzaron con la tramitación del procedimiento. Así fue que el abogado Juan Manuel Juárez planteó su inhibición del Jurado, debido a que participó de un proceso judicial en el que su rival era la propia Salvá, cuando todavía no era jueza, explicaron las fuentes.
La ley 663 E, en su artículo 43, con base en el 41 inciso e, establece que un integrante debe apartarse si, en “actuaciones judiciales (…) hubiere actuado profesionalmente a favor o en contra de alguna de las partes involucradas” en el Jury. Salvá es jueza de Paz de Caucete desde el 13 de diciembre de 2017.
El Jurado le aceptó la excusación a Juárez, por lo que el viernes asumió su suplente, Horacio Vargas, quien, junto a Sofía Lloveras, representan a los abogados. La presidencia está en poder del cortista Marcelo Lima, mientras que los restantes integrantes son los diputados Leopoldo Soler y Marcela Quiroga.
Además, el Jury pidió el expediente sobre la división de bienes para analizarlo y contrapesarlo con la denuncia de Aveledo y el descargo que haga en su momento la magistrada, si así lo desea, explicaron las fuentes. Con esos elementos, propios de una fase previa, los miembros del organismo deben decidir si admiten o rechazan la denuncia.
Previo a esa instancia clave, el Jurado tiene que notificar al fiscal de Estado, Sebastián Dávila, para que decida si interviene o no como un eventual acusador especial si considera que hay un “perjuicio patrimonial público estatal y exista un directo interés fiscal de naturaleza patrimonial afectado”.
Por otro lado, se comunicó a la Defensoría General que envíe el listado de defensores Oficiales para que el Jury haga un sorteo con el fin de definir quién actuará como representante legal, en el caso de que se abra el procedimiento y haya acusación.
No fue lo único, ya que los integrantes del Jurado también solicitaron una serie de informes. Uno de ellos tiene que ver sobre la denuncia de Aveledo en la UFI Delitos Especiales. Al tratarse de una investigación penal, el fiscal del caso solo puede informar que la causa está en trámite o, en todo caso, que el planteo fue desestimado, si es que eso sucedió.
El otro informe está dirigido a la Corte y tiene vinculación con otra denuncia de destitución que se le formuló a Salva, de la cual zafó tras una decisión por mayoría de otra integración del Jurado de Enjuiciamiento, en diciembre de 2024. Luego de que la magistrada multara a presuntos cazadores furtivos, su fallo fue anulado por la Cámara de Paz debido a “anormalidades y omisiones” durante el proceso, como “la supresión de la realización de la audiencia oral y pública” que habría afectado la garantía del derecho de defensa en juicio.
Tras la nulidad de dicha sentencia, otra magistrada les dictó falta de mérito a los implicados como cazadores furtivos y, uno de ellos, planteó la remoción de la jueza por presunto mal desempeño, desconocimiento del derecho y la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. La movida no prosperó, pero el Jury decidió enviar las actuaciones a la Sala de Superintendencia de la Corte para que decidiese si encaraba la apertura o no de un sumario.
Justamente, esa información es la que quieren tener los integrantes del Jurado. Si se abrió o no una investigación administrativa contra la magistrada. En el caso de que se haya disparado el sumario, si se le formularon cargos o si hubo sanción. O, por el contrario, todo se archivó.