Una jueza suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años en la provincia de Buenos Aires

La jueza Marta Pascual, magistrada a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.

Así lo informaron fuentes judiciales al medio La Nación. La jueza Pascual tomó la decisión al resolver una “acción de hábeas corpus” presentada por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo “en favor de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.

“Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia. No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley, con motivo de ampliar el universo de adolescentes punibles (mediante la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años), la exclusión de los delitos que no resultaban punibles (sancionados con penas menores de dos años) y la aplicación plena de la escala penal prevista en código de fondo, aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad. Este aumento, si bien será progresivo y, por lo tanto, llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas", explicó la magistrada en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

La ley 27.801, aprobado pro el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. Hoy, el Gobierno nacional reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.

El Ministerio de Justicia es el órgano designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. A su vez, la normativa estableció mecanismos para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la “coordinación con las provincias”.

“Resulta evidente que el estado de situación actual de los dispositivos de privación de la libertad provincial -entre ellos, el que tiene asiento en este departamento- no permite al día de la fecha recibir una mayor cantidad de adolescentes, con la complejidad que además puede implicar la incorporación de sujetos de otras franjas de edad y diferente etapa de desarrollo, al menos sin afectar sus derechos fundamentales y agravar su estado de vulnerabilidad que generalmente se constata al momento de su ingreso al sistema”, explicó la jueza Pascual al hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

Según su página web, la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote José María Di Paola —el “padre Pepe”—, agrupa a los centros barriales “que dan respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades”.