Tras un pedido de Fiscalía de Estado, un juez le advierte a UTA que aumentará la multa a $5 millones diarios por cada paro que haga

En medio del conflicto en el transporte público de pasajeros en octubre, Fiscalía de Estado acudió a la Justicia a través de un amparo con una cautelar para frenar los paros que venía realizado la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en su disputa salarial con la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), la cámara que nuclea a los empresarios. En ese entonces, el juez Héctor Rollán, del Primero Civil, le hizo lugar a la cautelar y le ordenó a ambas entidades el cese de las medidas de fuerza, además de remarcar que, en el caso de incumplimiento, se le impondría una multa a la asociación sindical de 1 millón de pesos por día.

Como la UTA ha resaltado una nueva deuda salarial por parte del sector empresario, no ha descartado medidas de fuerza. Ante ese escenario, Fiscalía de Estado informó de la situación, que el gremio no cumplió la cautelar y pidió un aumento de la multa. Así, el juez Rollán les recordó a todas las partes que la cautelar dictada en su momento “sigue totalmente vigente”. En ese marco, resaltó que “en caso de incumplimiento y de reincidir en la medida de fuerza, la multa decretada se incrementará automáticamente a la suma de 5 millones de pesos diarios”, destacaron fuentes calificadas.

Lee también: UTA vuelve a encender la alarma en San Juan por una deuda salarial de los empresarios y no descarta nuevas medidas de fuerza

No fue lo único, ya que el magistrado dispuso una audiencia de conciliación para el 24 de noviembre, a las 9, a la que fueron convocados los representantes de UTA, ATAP y de Fiscalía de Estado, a cargo de Sebastián Dávila. La audiencia está dentro del marco de la acción de amparo presentada por el organismo que defiende el patrimonio y los intereses de la provincia.

La UTA había endurecido su postura tras el incumplimiento de los empresarios al pago de diferencias salariales, lo que llevó a que hubiese tres días de paros, del 7 al 9 de octubre. En medio de la renovación de autoridades, el gremio había ignorado el freno de medidas de fuerza dispuesto por la Subsecretaría de Trabajo.

No obstante, encaró la negociación con los representantes de ATAP en el organismo laboral y, el 8 de octubre, Fiscalía de Estado presentó el amparo con la cautelar en la Justicia. De todas formas, la intransigencia del sindicato era tal, que incumplió la orden judicial, dado que notificado a las 13 de ese día y levantó el paro a las 18, cuando siguieron las tratativas con el sector empresarial en la Subsecretaría de Trabajo, y, finalmente, hubo un acuerdo.

En su momento, el juez Rollán había sostenido en la cautelar que el derecho de huelga debe armonizarse con otros derechos constitucionales, entre ellos, la libre circulación, el trabajo, la educación y el acceso a la salud.

En ese sentido, sostuvo que la interrupción total del transporte público afecta especialmente a quienes dependen de ese servicio para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud. Así, había destacado que los usuarios del transporte público no pueden quedar como “rehenes” de un conflicto laboral o contractual.

Además, había resaltado la situación de los sectores de menores recursos, que no cuentan con alternativas económicas para movilizarse. Inclusive, había indicado que no se había garantizado un servicio mínimo ni se había informado con suficiente anticipación a los usuarios sobre la medida de fuerza.

Ahora, la UTA habla de una nueva deuda salarial que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto. Desde el gremio se declararon en estado de alerta y no han descartado medidas de fuerza. De ahí el planteo de Fiscalía de Estado ante el juez Rollán y la advertencia del magistrado del incremento de la multa diaria y la convocatoria a la audiencia de conciliación.