Se agrava el conflicto en el Consejo de Martilleros: la Justicia suspendió una asamblea y no descartó que exista una “gravedad institucional” de la mano del presidente

El conflicto interno en el Consejo Profesional de Martilleros y Corredores de San Juan, por presuntas irregularidades de su presidente, Héctor Daniel Molina, sumó un nuevo capítulo. Ante una inminente asamblea, prevista para este viernes, con el objetivo del recambio de autoridades, el grupo de martilleros que expuso ante la Justicia que existe mal manejo de la institución, como la falta de balances contables de los últimos 10 años, logró que la jueza que interviene en el proceso ordene “la inmediata suspensión” de la asamblea y que se mantenga “el statu quo institucional hasta tanto se garantice la regularidad formal y contable” del Consejo. Eso no fue lo único, ya que la misma jueza advirtió que la documentación aportada por el presidente en la causa “contiene reconocimientos explícitos de suma gravedad institucional”, lo que se encuentra en materia de análisis. Además, los afiliados que buscan que Molina rinda cuentas volvieron a solicitar que la entidad sea intervenida por la Justicia, lo que será resuelto por la Cámara Civil. Bajo ese escenario, este viernes no habrá asamblea y, por ende, tampoco el recambio de autoridades. Se pudo conocer que la Junta Electoral de la entidad reconoció una sola lista en competencia, con David Ángel Espejo a la cabeza y Héctor Daniel Molina como primer vocal titular.

0264Noticias pudo acceder a la resolución judicial que dispuso un freno en la asamblea y el recambio de autoridades del Consejo Profesional de Martilleros y Corredores. La misma fue emitida este miércoles y comunicada a la entidad este jueves. Las fechas no son menores, dado que para este viernes por la mañana, el Consejo había previsto un primer llamado a las 9:30 y un segundo llamado a las 10, con el objetivo de “la elección de dos asambleístas para que junto con el presidente y autoridades del Directorio firmen el acta de la asamblea”, se haga la “lectura de la asamblea anterior”, “memoria, cuentas y recursos” para luego realizar la elección de las nuevas autoridades para cumplir funciones por un nuevo período. Según trascendió, el martes la Junta Electoral comunicó que existe una sola lista (Unión) oficializada y aprobada para participar en las elecciones de autoridades. Así, la definición judicial fue comunicada con celeridad y circuló por los grupos de WhatsApp de los afiliados, en la que se dispuso el freno de la asamblea y los comicios.

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Sobre las presuntas irregularidades de Molina, las mismas fueron advertidas por la jueza Amanda Díaz, del 11º Civil, al punto que en la resolución notificada este jueves se indicó que “la propia contestación de oficio presentada por Héctor Daniel Molina contiene reconocimientos explícitos de suma gravedad institucional”. Fuentes del caso indicaron que esa apreciación de la magistrada hace referencia a que, al parecer, el presidente del Consejo de Martilleros y Corredores reconoció que no hizo balances contables de la institución por al menos unos seis años y que, además, habría afirmado que la matrícula que pagan los martilleros para la habilitación anual de la profesión, que para este 2026 fue de 750.000 pesos, se liquida a su cuenta personal bancaria. De hecho, esa situación fue denunciada por un grupo de matriculados, los que aseguraron que depositaron el canon profesional en la cuenta bancaria personal de Molina. De ser así, el presidente habrá recibido este año unos 30 millones de pesos, monto proveniente de los 40 martilleros que tiene el Consejo.

Además, al suspender la asamblea, la jueza indicó que “permitir la celebración convocada para el 13 de noviembre configura un peligro en la demora concreto e irreparable”. También sostuvo que celebrar el acto “alteraría el estado de hecho y de derecho existente, frustrando la utilidad de la sentencia definitiva”. Un punto no menor es que aclaró que el freno “no compromete funciones esenciales del ente ni el ejercicio de la profesión de los matriculados”.

Cabe recordar que la denuncia contra Molina fue presentada por Gustavo Federico Sommo, Eduardo Barbano, María Clara Carrizo, Mariela Cruz, Gustavo Mauricio Turell y Juan Pablo Arabel Trucco, todos con la representación legal de Roberto Pelegrina. La demanda se interpuso en agosto y no fue hasta principios de octubre que la jueza emitió una resolución preliminar en la que pidió, ante la falta de respuesta del presidente Molina, que se secuestre la documentación de la sede central del Consejo. Además, la magistrada había dictado una medida de no innovar, la que tuvo como resultado frenar la lista de profesionales habilitados dentro del Consejo. Según se pudo conocer, lo hizo porque consideró que se había producido un “cumplimiento parcial y extemporáneo de la medida judicial dispuesta anteriormente (diligencia preliminar) por parte del Sr. Molina, lo que demuestra una conducta reticente frente a las órdenes de la autoridad, y ante el peligro que implica tal actitud frente al resto de los matriculados al momento de hacer valer sus derechos profesionales”.