Tras la demanda
La Justicia negó el pedido de la UNSJ para que SiDUNSJ, ADICUS, UDA y Nación sean citados en el reclamo de padres por los colegios preuniversitarios
Los padres de los alumnos de los colegios preuniversitarios lograron una pequeña victoria en el reclamo que iniciaron contra la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con el objetivo de que sus hijos recuperen horas y clases perdidas por los paros. En una resolución que fue notificada este martes a las partes, el juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó el pedido que hizo la casa de altos estudios, la que había solicitado que los gremios SiDUNSJ, ADICUS, UDA, el Estado Nacional y el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo y la Agencia Territorial San Juan, sean citados como terceros involucrados en el conflicto. La decisión no es menor, ya que el juez despeja el camino del reclamo de los padres y lo define entre dos partes y, además, aclara un punto central que vienen sosteniendo los demandantes: que el objeto del conflicto son “las medidas que la propia UNSJ debe adoptar respecto de la continuidad y recuperación pedagógica en sus institutos preuniversitarios”, mientras que la Universidad pedía “la intervención de los sindicatos en las medidas de fuerza y en las competencias estatales invocadas en materia de financiamiento y de control laboral”.
La notificación judicial llegó en un momento en el que se ha producido un conflicto paralelo al reclamo de los padres y que, al parecer, va a escalar hasta una denuncia penal. El director general de Asuntos Legales de la UNSJ, José Luis Miolano, salió al cruce de los cuestionamientos que públicamente ha realizado ADICUS por su participación en la presentación judicial que hicieron los padres contra la casa de altos estudios, ya que uno de sus hijos asiste a uno de los colegios preuniversitarios. A través de un comunicado, defendió su accionar, aseguró que actuó a título personal y rechazó que sus hijos sean involucrados en una controversia gremial e institucional. Por su parte, desde la Asociación Docentes Investigadores y Creadores de la Universidad de San Juan (ADICUS) plantearon que Miolano “no puede ser juez y parte. Asuntos Legales de la Universidad, que debería defender a la UNSJ, presenta una demanda, no es ético, hay intereses morales en juego”, y consideró que el abogado debería tener “un mínimo sentimiento de pertenencia institucional”. Tras el conflicto, Miolano, en declaraciones a 0264 Radio, que se emite en el 107.3 FM y el canal de YouTube de este medio, confirmó que denunciará al gremio ADICUS por difundir sus datos personales en redes sociales porque la entidad sindical “ha violado la ley de datos personales, ha violado el decreto reglamentario de la ley de datos personales”, afirmó.
Sobre el conflicto entre padres y la UNSJ, la decisión tomada por el juez federal es un revés para la estrategia defensiva de la casa de altos estudios que, al contestar la demanda, había planteado la necesidad de convocar como terceros involucrados a SiDUNSJ, ADICUS, UDA, el Estado Nacional y el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo y la Agencia Territorial San Juan. Es que, según entendió, la cantidad de días sin clases en este 2026, que originó el reclamo de los padres, se debió a las medidas de fuerza que tomaron los gremios contra el Estado Nacional y al incumplimiento de la financiación educativa establecida por ley. Así lo expresó al indicar que “fueron ellas quienes convocaron oportunamente a medidas de fuerza, siendo las entidades sindicales indicadas quienes tienen representación en el ámbito de la UNSJ”. Además, dijo que “en el caso del Gobierno Nacional, según la norma, corresponde al Estado Nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines...”, mientras que la citación del Ministerio de Capital Humano – Secretaría de Trabajo – Agencia Territorial San Juan se fundamenta en que este organismo lleva adelante el control de los trabajadores nacionales. Todo ese planteo fue rechazado.
Para resolver así, el juez dijo que “la citación solicitada se sustenta en la intervención de los sindicatos en las medidas de fuerza y en las competencias estatales invocadas en materia de financiamiento y de control laboral”, pero “esas circunstancias pueden relacionarse con el contexto en el que se desarrolla el conflicto, pero no permiten advertir, en los términos en que fue planteada la demanda, una controversia común que torne necesaria la intervención de los terceros propuestos. La pretensión no se dirige contra ellos ni requiere, para su resolución, decidir sobre la legitimidad de las medidas sindicales, el financiamiento de la Universidad o el ejercicio de las competencias de la autoridad laboral”. En esa línea, remarcó que “la citación pretendida no resulta compatible con el objeto y la naturaleza de este proceso, y podría introducir cuestiones ajenas a la controversia que deben resolverse entre las partes actualmente intervinientes”.
Un punto no menor del conflicto es que se encuentra vigente una medida cautelar, en la que el juez obligó a la UNSJ a presentar un plan de trabajo que asegure, por el momento, el dictado de clases y un mecanismo de recupero de los contenidos perdidos. La casa de altos estudios presentó un plan de trabajo para cada uno de los colegios preuniversitarios: Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”.
Con la publicación y presentación de dicho plan, dio por cumplida la medida cautelar, pero los padres de los alumnos de los colegios preuniversitarios se opusieron a las medidas adoptadas por la UNSJ al indicar que “los planes no cuantifican lo perdido, no recuperan horas para todo el alumnado y presentan como recuperación actividades ordinarias”. Así, solicitaron que no se tenga por cumplida la orden dispuesta en la medida cautelar. Además, denunciaron “hechos nuevos”, como los anuncios de medidas de fuerza de los gremios APUNSJ y ADICUS para los primeros días de este mes. Bajo ese nuevo escenario, los padres han solicitado que se amplíe la medida cautelar y se obligue a la UNSJ a “garantizar, durante toda medida de acción directa que afecte a los institutos, la prestación del servicio educativo en un nivel no inferior al 75% de la prestación normal, por establecimiento y turno, arbitrando los mecanismos que la legislación laboral y administrativa ponen a su alcance como empleadora y asignando el personal, las pautas horarias y las funciones necesarias”. Ese planteo está a la espera de resolución.