Uniones vecinales proveedoras de agua potable pelean por no aumentar el valor del servicio

Este jueves, el EPRE (Ente Provincial de Regulación Eléctrica), respondió a través de una resolución a la Federación de Uniones Vecinales de Agua Potable (FUVAP) ante el pedido de una alternativa que les permita atenuar el impacto de las tarifas de los consumos de electrobombas subterráneas y de equipos ubicados en las plantas potabilizadoras.

En la presentación formal, los presidentes vecinales indicaron la imposibilidad de trasladar los costos de la energía a los usuarios a los que ofrecen el servicio de agua potable ya que sería un costo mucho mayor.

La respuesta del ente fue negativa: informaron que en la actualidad el componente con competencia del Organismo Provincial representa alrededor del 20% del total factura. La comunicación destaca que en el periodo que va desde enero de 2016 a junio / julio 2019, que el componente vinculado al precio de la energía y potencia en el mercado eléctrico mayorista y transporte en redes de extra alta tensión nacionales y de alta tensión regionales, ha experimentado una variación del 2128%.

A raíz de eso, 0264 Noticias se comunicó con el presidente de la Federación de Uniones Vecinales de Agua Potable (FUVAP), Sergio Zavala, a 0264 Noticias. Indicó que, a pesar de la respuesta negativa del EPRE, este lunes presentarán un pronto despacho para poder conseguir que el aumento no afecte a los usuarios.

"Nosotros como Federación estuvimos participando en las audiencias públicas, en esta última extraordinaria, y expusimos y nos opusimos al aumento entendiendo que nos iba a llevar a un tarifazo más", señaló.

"Nostros en el mes de junio solicitamos a través de un anteproyecto a la Cámara de Diputados, por 24 meses, un subsidio del 50% de la factura entendiendo que nosotros somos electrointensivos, es decir, nuestras máquinas no se apagan nunca y no ahorramos energía por ese lado. Al no tener ninguna respuesta, hicimos la presentación ante el EPRE con un criterio de que intervenga ante Energía San Juan para que el 50% de la factura, lo difiera a seis meses para poder tener un poco de oxígeno y en ese tiempo buscar otras alternativas y enderezar el rumbo de las instituciones, pero nos dijeron que teníamos que pagar. Nosotros nunca nos opusimos a pagar, queríamos que se difiera el pago", expresó.

Además, Zavala también indicó que hablaron con Defensoría del Pueblo quien le pidió al EPRE que intervenga pero, en la resolución que después sacaron, indicaron que esta medida sería ilegítima y que no estaba a su alcance.

Es por eso que, el próximo lunes después de las elecciones, la Federación tiene preparado un pronto despacho que será presentado en la Cámara de Diputados para lograr esos costos no se transfieran a la factura del usuario. "Si no, nos vemos en la obligación de hacerlo porque nosotros tenemos que seguir funcionando, así que esperamos tener una respuesta favorable".