El Gobierno Nacional se reunirá con el Fondo Monetario en marzo del año próximo

El Ministerio de Economía y el Staff del Fondo Monetario Internacional consideran poner el foco en las metas de fin de año. Se exigirá un mínimo de acumulación de reservas, un techo de déficit primario y un tope a la emisión monetaria.

El intercambio técnico entre las partes será retomado en 2023, una vez que finalice el receso invernal de Estados Unidos. La agenda entre el Gobierno y el organismo con sede en Washington prevé que la próxima revisión trimestral tenga lugar en marzo, de manera tal que a fines de ese mes las dos partes se analizarán las métricas del cuarto trimestre.

Antes de llegar a esa etapa de revisión, el equipo económico deberá asegurarse de alcanzar los objetivos previstos para la última instancia de 2022, nueve meses después de la puesta en marcha del Extended Fund Facility (EFF) que firmó el Poder Ejecutivo en marzo para devolverle al Fondo Monetario el crédito Stand By rubricado en 2018.

En el equipo económico son optimistas sobre poder alcanzar dentro de menos de diez días las metas de reservas, déficit y emisión monetaria, aunque también están en la mira, en un escalón menor de relevancia para el desarrollo del programa con el Fondo, el stock de pagos atrasados (deuda flotante), piso de recaudación tributaria e intervención del Banco Central en el mercado de dólar futuro.

Habrá otras discusiones que tendrán lugar desde 2023 entre el staff técnico y los funcionarios del Gobierno involucrados en la negociación con el FMI. Una de ellas estará ligada a un tema que puso sobre la agenda el ministro de Economía Sergio Massa en la última reunión con la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva, en Indonesia en ocasión de la cumbre del G20.

En un documento, Massa aseguró que “la guerra en Ucrania provocó cambios importantes en la escena económica mundial, lo que generó una incidencia negativa de USD 4.940 millones en la balanza comercial atribuido a un shock generalizado en los precios internacionales del sector agropecuario (soja 9,4%, trigo 33,7% y maíz 17,8%) y en los precios de los combustibles (gas boliviano 114%, GNL 233% y Gasoil 85%)”, menciona.

En paralelo, el Ministerio de Economía cree que hubo un impacto fiscal como consecuencia de la guerra. Al calcular cómo hubiese terminado la cuenta de subsidios en caso de que no hubiese existido el incremento de precios por el conflicto bélico, Economía concluyó que le representó $587.000 millones adicionales.