El oficialismo en Diputados formalizó el pedido de juicio político a la Corte

El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados formalizó a última hora de ayer el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la presentación de un proyecto que aguarda se le asigne un número de expediente.

Con la firma de Eduardo Valdés y acompañado por más de una docena de legisladores del Frente de Todos, el oficialismo solicitó además que se cite a los cuatro jueces del máximo tribunal. De ser citados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, no están obligados a asistir.

Además, se requiere la presentación de Silvio Robles, vocero del juez Rosatti y de Marcelo D’Alessandro (ex ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño). El kirchnerismo intenta demostrar, a partir de supuestos chats obtenidos en una operación de espionaje ilegal, que hay connivencia política entre la Corte y el gobierno porteño.

Además, el documento pide que se convoque a los gobernadores que suscribieron, junto al presidente Alberto Fernández, el pedido de enjuiciamiento a la Corte. También la presentación de procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros.

El proyecto pide también que sean citados “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.

En total son 48 testigos

Entre los fundamentos, la iniciativa sostiene que “el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”.

Finalmente, el proyecto afirma que “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.

El proyecto, que ingresó esta mañana al Parlamento, podría ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 23 de enero al 28 de febrero, según el Decreto 17/2023.