La Corte Suprema analizará el DNU de Milei recién en febrero

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó someter a análisis la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei para la desregulación económica. Sin embargo, la alta instancia judicial señaló que llevará a cabo esta revisión a su regreso de la feria judicial de verano, programada para el próximo mes de febrero.

Esta determinación responde a la solicitud presentada por el Gobierno de La Rioja, que este viernes instó a la Corte a declarar la "inconstitucionalidad manifiesta" del mencionado DNU. En su petición, La Rioja solicita además que se emita una medida cautelar que suspenda de inmediato la aplicación del decreto y que la Corte asuma la "competencia originaria" para tratar el asunto.

La presentación fue realizada a través de una "acción declarativa de certeza" impulsada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y respaldada legalmente por los prominentes abogados Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra, este último exministro de la Corte.

En la mencionada acción, se busca la declaración de "nulidad absoluta e insanable" del DNU 70/2023, argumentando que es "manifiestamente contrario a la Constitución". Se solicita, asimismo, una medida cautelar que suspenda de inmediato sus efectos y se pide a la Corte que instruya al Poder Ejecutivo a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta que se resuelva definitivamente la causa.

La competencia originaria de la Corte se justifica en el carácter federal del litigio, al ser parte una provincia que demanda al Gobierno nacional. Los abogados argumentan que la naturaleza del DNU tiene el potencial de socavar los fundamentos del Estado, y en ese contexto, la competencia originaria se vuelve esencial para abordar la cuestión con prontitud y eficacia.

El DNU, según la argumentación presentada, "tiene malignidad para hacer crujir los fundamentos del Estado". Por lo tanto, se espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desempeñe un papel clave en la resolución de este controvertido asunto, que marca un hito al ser el primer desafío directo contra el decreto de desregulación económica impulsado por el gobierno de Javier Milei.